[kaltura-widget uiconfid=”38045831″ entryid=”1_06veh5b5″ responsive=”true” hoveringControls=”true” width=”100%” height=”75%” /] Con el nuevo Sistema Anticorrupción de Jalisco, una de las novedades es que los órganos internos de control serían independientes a las dependencias que investigan y ahora sólo rendirían cuentas a la Contraloría.
La importancia de éstos es que son los encargados de velar por el buen funcionamiento de las secretarías y organismos públicos del Gobierno estatal y detectar anomalías y malos manejos
Tras la reforma de julio de 2017 que dio vida al Sistema Anticorrupción, la Constitución de Jalisco señala incluso en su artículo 106 que “la Contraloría del Estado podrá designar y remover a los titulares de los órganos internos de control”, por lo que éstos ya no le deberán su puesto al secretario del ramo respectivo.
Sin embargo, el principal problema es que los órganos estaban acostumbrados a ser subalternos de los propios secretarios y directores a los que debían vigilar e indagar, por lo que pasar a rendirle cuentas a la Contraloría, encabezada por Teresa Brito Serrano, es un proceso aún inacabado.
Además existen señales de que hay resistencia por parte de los funcionarios que operan esos órganos internos disciplinarios para acatar las instrucciones de su nuevo superior, la Contraloría, lo que no es sorpresivo, pues sus actuales nombramientos los obtuvieron aún de cada uno de los secretarios y directores de las instancias en las que están insertos.
Esta problemática se ejemplifica claramente en un caso en particular: la negativa del órgano interno disciplinario de la Secretaría de Desarrollo Rural (Seder) a abrir una investigación contra el titular de la dependencia, Héctor Padilla Gutiérrez, por prácticas monopólicas en el mercado de la tortilla, pese a que es una instrucción de la Contraloría.
Un caso emblemático
El 27 de octubre de 2017, la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) halló responsable al titular de Seder, Padilla Gutiérrez, de haber ejercido en 2016 una práctica monopólica en el mercado de la tortilla y resolvió que la Contraloría estatal debía intervenir e investigar al funcionario desde el ámbito local.
Ese expediente DE-009-2016 llegó a las manos de la Contraloría el 10 de noviembre de 2017, y unos días después, el 23 de noviembre, lo turnó al órgano de control de la Seder, a cargo de Ernesto Alejandro Castellanos Silva, Director Jurídico de la dependencia, para que emprendiera la indagatoria solicitada por Cofece contra el secretario, Padilla Gutiérrez.
La reforma constitucional de 2017 previó en su artículo sexto transitorio que en tanto se designen a nuevos titulares de los órganos de control de las secretarías y organismos estatales, esas tareas las asumirían aquellas áreas que ya las venían desarrollando, en el caso de Seder su instancia disciplinaria es justamente su Dirección Jurídica.
Fue con el oficio 985-DGJ/Q/2017, del 23 de noviembre, que Susana Araceli Ibarra Hernández, directora de Área de Quejas y Denuncias de Contraloría, le expresó lo siguiente al director Jurídico de Seder:
“Atendiendo lo dispuesto por el transitorio Sexto de las reformas y adiciones a diversos numerales de la Constitución Política de Jalisco en ‘Materia de Combate a la corrupción’ (…) le remito original del oficio STCFCE/2017-528 signado por el C. Fidel Gerardo Sierra Aranda, secretario técnico en la Cofece”.
También le turnó “la resolución del expediente para que tenga conocimiento de su contenido pues se desprenden hechos atribuibles al Ing. Héctor Padilla Gutiérrez, en su actuar como titular de esa Seder y en su caso determine si por tales hechos investigados por la autoridad federal contravino alguna Norma Estatal; para que (…) proceda conforme a derecho corresponde”.
Por hacer acuerdos para elevar el precio de la tortilla, Héctor Padilla, titular de la Secretaría de Desarrollo Rural (Seder), debió ser indagado, pero el órgano encargado de hacerlo desoyó la instrucción de la Contraloría para hacerlo
La negativa del órgano
La Dirección Jurídica de la Secretaría de Desarrollo Rural (Seder) que hace las veces de órgano interno de control, no solo desoyó la instrucción de la Contraloría para indagar al secretario por supuestas prácticas monopólicas en el negocio de la tortilla, sino que tardó más de tres meses en emitir una respuesta con la posición institucional que asumiría.
Peor aún, durante el tiempo en que la Dirección Jurídica de Seder omitía confirmar que no abriría la indagatoria solicitada, el titular de la Secretaría, Padilla Gutiérrez, tramitó un juicio de amparo, mismo con el que ahora ese órgano interno de control se escuda para no investigar al funcionario señalado, de acuerdo con documentación a la que tuvo acceso Reporte Indigo.
La respuesta del director jurídico de Seder a la instrucción de Contraloría llegó hasta el 7 de marzo del 2018, en el oficio 09-02-02-031/2018, dirigido a la funcionaria de Contraloría, Ibarra Hernández.
“Referente a esto hago mención que en dicha Resolución la Autoridad Federal Competente es decir la Cofece ordenó lo conducente e impuso la sanción correspondiente conforme a la Ley de la Materia en este caso la Ley Federal de Competencia Económica, tal y como lo establece en sus artículos 1, 2, 10 y 12 fracción X”, señala el documento.
Luego se limita a agregar: “Me permito informarle que con fecha 27 de noviembre del 2017, se presentó ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica (…) demanda de amparo en contra de la resolución emitida por la Cofece, la cual fue admitida el pasado 26 de febrero del año en curso bajo el número de expediente 1496/17, la que a la fecha se encuentra en proceso y en espera de que se dicte Resolución.”
El principal problema de los órganos es que estaban acostumbrados a ser subalternos de los propios secretarios y directores a los que debían vigilar e indagar, por lo que no existía verdadera independencia para realizar su trabajo
En su expediente, la Cofece determinó que el titular de Seder celebró un acuerdo el 11 de febrero de 2016 con industriales de la tortilla para manipular su precio, lo que causó que este se disparara de forma inmediata en Jalisco y le costara a sus familias 52.6 millones de pesos que pagaron en sobrecosto; lo multó con 165 mil 952 pesos.
