La propuesta Gil: pide paz

Él asegura que fue ofendido y difamado.  Ahora propone un acuerdo para terminar con la demanda que él mismo inicio. 

Así, el senador panista Roberto Gil quiere poner fin a su litigio por daño moral con la abogada Talía Vázquez Alatorre.

La última audiencia para este caso, que surgió después de que se vinculara al legislador con una mafia de funcionarios ligados a casinos con permisos irregulares, fue el pasado 21 de marzo.

Roberto Gil no se presentó, pero mandó unos representantes que, frente a la juez Martha Alicia Cuevas Nava, hicieron una propuesta de convenio para terminar de una vez por todas con el proceso de la denuncia.

“La juez preguntó que si traían una propuesta, los abogados que él envió, sin facultades, dijeron que sí llevaban una propuesta y yo le dije a la juez pues escuchemos.

“La propuesta del senador, que se me hace increíble, es que yo salga en la televisión que es mentira lo que dije, que yo diga que no vi lo que sí vi, y que él a cambio sale diciendo que él no dijo nada”.

“Bueno, pues de verdad que increíble, porque sí dijo y dijo cosas terribles. Y ahora resulta que no, que él no dijo nada, él simplemente citó a otras personas”.

Con la legislación vigente en el Distrito Federal, la carga de la prueba tendría que presentarla el legislador. Sin embargo, optó por una estrategia de defensa distinta.

La verdad es que, si cada vez que se habla mal de un servidor público, se estuvieran entablando demandas, no darían abasto los juzgados en todo el país.

“Gil Zuarth tiene que probar que yo miento, y tiene que probar lo que él dice. Las dos cargas de la prueba las tiene que probar.: que no recibió el dinero, que yo soy asesina y que tengo casinos y todo lo que dijo”.

Esta denuncia marcará un precedente. Se verá qué tan productivo es que un ciudadano denuncie a un legislador. Podría ser objeto de estudio incluso, sobre si en realidad existe igualdad procesal y las verdaderas oportunidades de defensa jurídica ante un servidor público.

Solo periodistas pueden denunciar

El argumento de Talía Vázquez siempre ha sido que la denuncia que hizo en enero  sobre que Roberto Gil recibió dinero de su exmarido, Juan Iván Peña Neder, para gestionar la apertura de un casino ilegal en Querétaro, se sustenta en la libertad de expresión.

La entrega del dinero –800 mil dólares– fue en el que entonces era su departamento. Ella vio al senador llevarse los paquetes de billetes en una mochila y por eso no se retractará de lo que denunció.

Sin embargo, en la defensa del legislador, a cargo del exdirigente nacional del PAN, Germán Martínez, se asegura que ella no puede aludir al derecho a la información de todos los ciudadanos pues no tiene ninguna actividad periodística.

La intención de la defensa en el escrito presentado ante el juzgado civil con el número de expediente C68/0026/2013/TSJDF es exigir que presente las pruebas de que el senador recibió el dinero. 

Si esas pruebas no se presentan, lo que hizo la abogada fue una difamación y provocó daño moral en el senador Roberto Gil. 

Básicamente con esos argumentos se defiende al senador panista. Sin embargo, Vázquez Alatorre asegura que todo lo que ha dicho está basado en la zquez Alatorreo, Tal por llamarl y Tlaxlaca,riodistasza de 35 mil pesos, fue acusado por el Oficial Mayor del Estado por llamarllibertad de expresión y el derecho de la sociedad a estar informada.

“La señora Talía Vázquez, tanto en su escrito de contestación a la demanda, como en su respectiva reconvención, hace valer excepciones y defensas propias de la labor periodística. Asimismo, cita jurisprudencia y precedentes en caminados a proteger la actividad periodística, esto es la de mantener informada a la ciudadanía.

“Al respecto, cabe precisar que la señora Talía no es una informadora, periodista, reportera, o similar y tampoco realiza labor de este tipo. Por el contrario, tal como ella lo ha mencionado en innumerables ocasiones, es una abogada, que en ejercicio de su profesión ha representado a empresas permisionarias, operadoras o vinculadas a la industria del juego de azar. Contrario a lo que pudiese afirmar, ella no realizó una denuncia, investigación o relatoría periodística sobre mi desempeño como servidor público”.

En el documento presentado el 25 de marzo de este año se establece que, de ninguna forma, la abogada puede recurrir a la protección de los artículos 6 y 7 de la Constitución. Para demostrarlo, citan un extracto del amparo directo 6/2009 resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación el 7 de octubre del 2009.

La defensa insiste nuevamente en que la abogada tiene que probar sus dichos porque no los dijo en calidad de periodista.

“En el caso que aquí se analiza, la señora Talía Vázquez Alatorre no es una periodista, ni una reportera, ni actuó en tal condición o similar, por lo que sus afirmaciones en ningún modo se encuentran bajo la cobertura constitucional de derecho a la información, como ya lo ha resuelto nuestro máximo tribunal.

“El estándar de imparcialidad es el antídoto constitucional para evitar la malicia afectiva en el ejercicio de las libertades informativas, de modo que resultan exigibles mínimas condiciones de veracidad en cuanto a los hechos en materia de difusión o expresión”.

Sin embargo, en su respuesta a la reconvención que se hizo a su demanda original, el 4 de febrero del 2013 y con expediente 26/2013, Roberto Gil no aplica los mismos criterios. 

Con respecto al daño moral que alega Talía Vázquez Alatorre que se le provocó al llamarla “asesina”, “casinera” y “miembro del crimen organizado”, la defensa asegura que el legislador solo retomó lo que es público.

“La acción es improcedente puesto que la que reconviene alega que se han realizado afirmaciones falsas respecto de su persona. Lo anterior es equívoco en cuanto que en todo momento se ha dejado en claro que el suscrito se limitó a reproducir hechos y opiniones emitidos por terceros, los cuales son públicos y en cuya formación o intercambio ha participado la demandada”.

Además, en el momento en que responden que no puede haber una sanción económica contra Gil porque no se logró demostrar un daño psicológico o patrimonial, con lo dicho por el legislador en pleno uso de su libertad de expresión.

“En primer lugar la demanda no es capaz de demostrar que se le haya causado sufrimiento psicológico o angustia, a raíz del libre ejercicio de la libertad de expresión del suscrito.

“En segundo lugar, porque en el orden jurídico nacional no se contempla la reparación del daño moral, en materia civil, sino como accesoria a la del daño patrimonial, y en el caso específico, la que reconviene, no logró demostrar un daño patrimonial causado por efecto directo de las opiniones expresadas por el suscrito, en pleno ejercicio de su libertad de expresión”.

En diferentes ocasiones el senador Roberto Gil, a través de su defensa, alude a la libertad de expresión e insiste que simplemente citó documentos públicos por lo que no se les puede atribuir su autoría.

Distintos raseros

Para Talía Vázquez Alatorre, el senador no está midiendo con el mismo rasero.

Pero eso no importa. Ella está dispuesta a llegar hasta donde sea necesario en este asunto. 

Se ha dado a la tarea de pedir información en todas las dependencias de gobierno que pudieran tener algún tipo de relación con la carrera política de Roberto Gil. 

Podría acudir a los organismos internacionales si es necesario. Y es que ella asegura que al senador le falta lo que a ella le sobra.

“Le falta valor civil al senador Roberto Gil Zuarth, para decirlo suavecito. Como puedo creer que yo, que soy una señora, que yo sí me sostenga y el senador no. Yo no voy a aceptar un arreglo semejante, como el que propone”.

Tarde, diputados empiezan a trabajar

La definición de lo que será su trabajo se da casi tres meses después de que decidieron convertirse en un órgano especial de la Cámara de Diputados.

La Comisión Especial para Indagar el Funcionamiento de las Instancias del Gobierno Federal relacionadas con el Otorgamiento de Permisos para Juegos y Sorteos  acordó ayer lo que será su trabajo durante los próximos meses.

Presidida por el diputado Ricardo Mejía, de Movimiento Ciudadano, esta comisión buscará reunirse con la titular de la Dirección de Juegos y Sorteos, Marcela González Salas.

Además pedirán a la Secretaría de Gobernación el estatus de todos los permisos para realizar un balance del sector en los últimos sexenios, que fue cuando se dio el boom de este tipo de negocios en México.

Buscarán reunirse también con representantes de la PGR para saber qué ha pasado con las investigaciones y denuncias que se han realizado.

De acuerdo a Mejía también se dará seguimiento al estatus legal que tienen en el nivel municipal todos los casinos instalados en México.

Aseguro que no se trata de condenar al sector, sino de corregir lo que se hizo mal y que haya un funcionamiento ordenado y legal de todos estos centros de apuestas.

Esta comisión se formó luego de que se denunciara una red de corrupción en la Secretaría de Gobernación con funcionarios principalmente del circulo cercano al expresidente Felipe Calderón.

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