La presión wixárika

El territorio indígena del norte de Jalisco se encuentra paralizado. Desde hace meses que las autoridades debieron haber restituido las tierras a las comunidades wixáritari, de acuerdo al mandato judicial. Pero esto no ha sido posible por la insuficiencia presupuestaria del gobierno federal y la falta de cumplimiento de atención por parte del estado.

Ante este panorama, los indígenas wixáritari de la comunidad de San Sebastián Teponahuaxtlán decidieron retener a funcionarios del estado en vista del cumplimiento de un plazo acordado con el gobierno del estado para hacer frente a sus demandas de restitución de la tierra a finales de mayo, el cual tenía como límite este 5 de junio.

Los retenidos fueron los secretarios de Infraestructura y Obra Pública, Netzahualcóyotl Ornelas, de Educación, Francisco Ayón López, y el de Desarrollo e Integración Social, Daviel Trujillo Cuevas. Así como Lizana García, directora del DIF Jalisco.

La medida de presión surgió ante la demanda de que se presente el gobernador de Jalisco. Sin embargo, autoridades estatales negaron que haya existido retención por parte de los wixáritari y aseguraron que se encontraban en una asamblea comunal bajo los usos y costumbres indígenas.

Mientras tanto, el reparto de tierras y el conflicto agrario en Huajimic no ha podido ser concluido y la disputa territorial por la falta de claridad sobre la delimitación de las comunidades wixáritari del norte sigue en pie.

En esta materia, los legisladores locales, tanto de Nayarit como de Jalisco, prevén que sea el Senado de la República el que se encargue de la disputa por el territorio en el municipio de Mezquitic, pues ambos congresos locales han realizado sus delimitaciones integrando a las comunidades dentro de su delimitación territorial.

Desde el 18 de abril lo había hecho el Congreso Local de Nayarit, mientras que el Legislativo jalisciense lo aprobó hace unas semanas y este 3 de julio se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Jalisco el decreto que hace esta delimitación.

Claudia Olivia Morales Reza, presidenta del consejo de vigilancia de San Andrés Cohamiata, se dijo decepcionada de las reuniones que se han tenido con los legisladores, pues al final no han resuelto el conflicto.

“Veníamos preparados y creíamos que íbamos a regresar ya con una respuesta ante este manifiesto que habíamos hecho. Pero hoy nos regresamos igual”, sentenció Morales Reza luego de la última reunión con los legisladores en el Congreso del Estado de Jalisco.

Disputa territorial

La disputa por el reparto de tierras en San Sebastián Teponahuaxtlán mantiene en paro a la localidad, fuera de cualquier lógica institucional hasta que se resuelva su conflicto. Desde el 30 de abril pasado, los indígenas del norte de Jalisco han paralizado la zona y tomado los pasos por su comunidad como una medida para que las autoridades hicieran caso a sus demandas.

El conflicto se agudizó en las últimas semanas a partir del triunfo judicial de los wixáritari para que se les reestablecieran más de 10 mil hectáreas de terreno, que habían sido usurpadas por ganadero de Huajimic, un poblado municipio de La Yesca, en Nayarit.

Así lo determinó el Tribunal Unitario Agrario número 56, quien se encargaría de hacer vales las sentencias a favor de los wixáritari de San Sebastián Teponahuaxtlán. Pero el 23 de mayo suspendió el proceso ante la petición de la autoridad.

Dicha solicitud se dio a raíz de la insuficiencia presupuestaria, a decir de la Secretaría de Gobernación. Pues la restitución de la tierra a las comunidades indígenas implica una indemnización por parte del gobierno federal a los ganaderos de Huajimic.

Por medio de su petición al tribunal 56, la Segob pidió cuatro semanas de plazo para “completar” el paquete de financiamiento a los posesionarios mestizos, como se les conoce entre los wixáritari. Lo más preocupante de la situación es que estos mismos ganaderos se han tratado de deslindar del proceso a través de formas violentas: intimidación y amedrentamiento de los líderes comunitarios y el grueso de la población indígena de la zona.

Las disputas legales por esta tierra tienen más de una década en proceso.

Por lo cual las comunidades indígenas ahora ejercen presión ante un posible intento por no restablecer las tierras, como lo sentenció favorablemente el Tribunal Unitario Agrario 16 de Guadalajara.

Contra el voto

El cese de las funciones básicas de la comunidad no ha sido el único medio de presión, también se acordó comunalmente la prohibición de los procesos electorales en la zona indígena.

En los 20 meses en que se han ejecutado las restituciones de la tierra originaria, los wixáritari sólo han obtenido la entrega de dos predios, aunque uno de ellos se encuentra en supuesto estado de sitio, con vigilancia armada de parte de los ganaderos que invadieron las tierras.

Fueron recibidos los representantes de la comunidad en la Segob la semana pasada, el 22 de mayo. Pero la información que les fue otorgada no aclaró el grueso de las dudas, pues la comunidad desconoce el porqué de la detención en el proceso de restitución y, al tratarse de montos presupuestales, no se informaron montos a entregar y determinar la insuficiencia.

Por otro lado, las autoridades locales ya se presentaron en la zona indígena. Pero fueron funcionarios de segundo nivel. Que en medio de las miradas de los wixáritari, hicieron presencia para ver cómo se puede dar solución al conflicto desde lo local

Se llegaron a acuerdos para la resolución de la entrega de tierras y posibles rutas de acción en caso de que no se reestablezca el proceso de entrega de los predios, poniéndose como fecha el cinco de junio como límite o se llamaría a que se presente nadie más que el gobernador y los escuche.