La presión conservadora

El entorno de violencia contra las mujeres que vive el estado de Jalisco ha adquirido nuevos niveles de presión. Ahora no sólo se suman los incumplimientos legales y operativos de una fallida Alerta de Violencia contra las Mujeres, sino la presión de grupos conservadores que han encontrado apertura del gobierno para hacer suyo el reclamo de candados a normas federales en materia de justicia.

Así ha sido con el Frente Nacional por la Familia en Jalisco, que emprendió una serie de acciones para que se pongan candados a la Norma oficial Mexicana 046, sobre interrupción legal del embarazo en casos de violación, que permite a las víctimas acceder de forma inmediata a esta medida en casos específicos.

El fin de semana se llevó a cabo una manifestación en la Plaza de la Liberación, frente al Congreso de Jalisco, en donde alrededor de unas 450 personas según las autoridades, expresaron su descontento con la normativa de acceso de justicia en casos de violación.

La muestra del conservadurismo en la agrupación se dio a partir de la instalación de veladoras con el diseño de un feto, al igual que la utilización de cajas de cartón que simulaban ser ataúdes de los productos que han sido parte del proceso de interrupción legal.

Sin embargo, a pesar de las pugnas, el discurso conservador encuentra un fundamento sólido, pues el artículo señalado corresponde a la ley local.

Aunque esta misma disposición fue puesta en la legalidad a partir del periodo del gobernador Emilio González Márquez, emanado del PAN y con tendencias conservadoras.

Esto luego de que en la Ciudad de México fue aprobado el aborto legal para toda mujer que así lo dispusiera, como una medida para evitar que este logro capitalino llegara a Jalisco.

Advierten impunidad

Desde mediados del mes de noviembre, los grupos conservadores han estado pugnando para que dé marcha atrás en la atención de esta normativa. Desde la realización de ruedas de prensa, los miembros del Frente Nacional por la Familia han sacudido la agenda pública en la espera de que se imponga una negativa al proceso contemplado en la NOM, pues aseguran que esta da paso a un abierto ambiente de aborto legal en general.

“Lo delicado es que esta norma omite la presentación de la denuncia y basta una carta de buena fe argumentando violación, lo que favorece la impunidad y se convierte en una forma en la que de facto se permite la práctica del aborto bajo el nombre de interrupción legal del embarazo”, dijo Jaime Cedillo Bolívar, dirigente de este frente en la entidad.

La pugna hizo eco, pues por disposición de la Secretaría de Desarrollo e Integración Social, la Secretaría de Salud se reunió con miembros del Frente Nacional por la Familia para recoger sus inquietudes.

Esta situación podría ser preocupante en caso de que se acceda a las presiones conservadoras, pues el actual titular de salud proviene de los gobiernos panistas, mismos que antaño habían respaldado el tajante rechazo a este tipo de normas que percibían como una apertura general al aborto.

Empero, el titular de salud, Alfonso Petersen Farah, señaló que se están revisando los temas debatidos con el frente en un contexto donde se siguen aplicando los lineamientos de la NOM 046, pues la dependencia a su cargo está obligada a llevar a cabo tales disposiciones como parte del Sistema Nacional de Salud.

No obstante que la resistencia por parte de los médicos a llevar a cabo los mecanismos de interrupción legal, han servido como sustento para que las autoridades se opongan a su instrumentalización general. Así lo hizo el ex titular de la SSJ, Antonio Cruces Mada, a pesar de que en sus últimas semanas se giraron oficios en los que se instaba a todos los médicos a llevar a cabo el proceso, cuando no hubiese objeción de conciencia o en su caso poner a las víctimas a disposición de personal o instalaciones no objetoras.

Mecanismos de defensa

En ese contexto activistas feministas han pugnado en que se lleve a cabo el programa de Interrupción Legal del Embarazo que se creó a la luz de la alerta de violencia y contiene mecanismos de defensa de los derechos humanos de las mujeres ante este panorama. De esa forma lo señaló a finales de noviembre Verónica Marín Martínez, miembro de la Red de los Derechos Sexuales y Reproductivos.

Por su parte las organizaciones conservadoras prevén una operación distinta a la que incluye la NOM 046 en los casos de embarazo por violación, pues alegan que se puede aplicar una llamada “norma rosa” en la que las mujeres desarrollan sus embarazos para luego poner a los hijos a disposición de centros de atención públicos o privados.

“Proponemos acoger a esas niñas, a esas mujeres, aunque sean mujeres adultas, mayores de edad. Por ejemplo, el DIF tiene un centro para adolescentes embarazadas, también Vitac va a ofrecer que se reciba a esas niñas o mujeres adultas durante nueve meses, hasta que ya, si quieren, dar el bebé en adopción…ellas salen sin panza”, reiteró Del Río a los medios locales.

Aunado a esto, también explicó que se debe continuar con la persecución de quienes cometan violaciones, pero en un entorno donde se logren dar por completo los partos y se dé seguro público tanto a la madre como al hijo para evitar problemas económicos.

Sin embargo las presiones continúan, incluso desde la jerarquía católica, donde el fin de semana se sumó la voz del Cardenal emérito de Guadalajara, Juan Sandoval Íñiguez, al decir que el aborto es un crimen peor que los cometidos por los narcotraficantes.

Esto durante la misa que ofreció en el Estadio Azul, de la Ciudad de México, donde se consignó como el prelado tapatío pedía perdón por los pecados cometidos a partir de la despenalización del aborto.

“Hemos pecado con el crimen más cruel y vil que es el del aborto (…) Así como el crimen organizado asesina y descuartiza a sus víctimas, eso es lo que hacemos con los niños en el vientre de sus madres cuando cometemos aborto”, expresó Sandoval Íñiguez.