Los negocios de capos como ‘El Azul’ y de familias ligadas al lavado, como los Sánchez Garza, siguen trabajando sin el menor problema
El boom inmobiliario y los negocios de entretenimiento son parte de esta forma habitual de limpiar las cuentas del narcotráfico
Solo mil 25 casos de lavado de dinero fueron categorizados por entidad de un total de 2 mil 326 que documentó la autoridad federal
En los últimos cinco años Jalisco ha sido tierra fértil para el encubrimiento de operaciones con recursos ilícitos.
Y con el reciente señalamiento de Prodira y Trasteva, empresas vinculadas con Filemón García Ayala, miembro del cártel de Los Zetas, se ponen los focos en el tema del lavado de dinero en estados del centro occidente como Zacatecas y Jalisco.
Y es que como Reporte Indigo ha publicado, el Congreso de Estados Unidos, el Departamento del Tesoro y la DEA tienen en la mira a la entidad por los negocios que prosperan en ella y que sirven para lavar las arcas de grupos criminales.
Está el caso de los hijos del capo sinaloense Juan José Esparragoza Moreno “El Azul” y el de la familia Sánchez Garza.
Éstos quizás sean unos de los 57 casos de blanqueo de fondos reportados en Jalisco por la Procuraduría General de la República (PGR) en un informe al respecto y que ubica a la entidad como quinto lugar en esta práctica.
Y es que aunque autoridades locales se han dado a la tarea de maquillar cifras de seguridad y mostrar que en Jalisco la violencia no es comparable a estados vecinos como Michoacán, el estado sí comparte lugar entre los que más lavan dinero.
Jalisco se coloca solo por debajo de entidades con problemas históricos de narcotráfico.
De 2007 hasta el primer semestre de 2012, la PGR reportó 357 casos en Sinaloa; 120 en Sonora; 99 en Baja California Sur; y en cuarto lugar Tamaulipas con 63.
El informe presentado por la procuraduría no ahonda en los detalles.
Y es que solo mil 25 casos de lavado de dinero fueron categorizados por entidad de un total de 2 mil 326 que documentó la autoridad federal.
Esto a pesar de que por instrucción del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI), en diciembre pasado se obligó a la PGR a transparentar su registro de delitos contra la salud, robo de combustible y lavado de dinero en Jalisco entre 2007 y 2012.
Con las cifras se pone en evidencia la poca actuación de las autoridades en materia de lavado de dinero.
Por eso los negocios de capos como “El Azul” y de familias ligadas al lavado como los Sánchez Garza siguen trabajando sin el menor problema.
Esto a pesar de que en Estados Unidos ya tienen congeladas sus cuentas y/o existen órdenes de aprehensión en contra de dichos personajes.
Una de las razones para que estas empresas prosperen en Jalisco es que el delito de lavado de dinero es de competencia federal y la Procuraduría General de Justicia de Jalisco (PGJE) no puede actuar sin orden federal ni una tipificación en el Código Penal del Estado.
El boom inmobiliario y los negocios de entretenimiento son parte de esta forma habitual de limpiar las cuentas del narcotráfico.
La anuencia de las autoridades municipales como las notarías públicas para la autorización indiscriminada de estos negocios no garantiza que con la aprobación de la Ley Federal “Antilavado” la situación de Jalisco mejore.
El 2 de noviembre pasado Reporte Indigo publicó detalles sobre señalamientos de lavado de dinero que el gobierno estadounidense hizo sobre los dueños del restaurante bar Barbaresco, que tuvo una filial en San Antonio, Texas.
Mauricio y Alejandro Sánchez Garza enfrentan cargos por este delito en Estados Unidos, según reveló la corte distrital de Texas en un documento con fecha del 25 de enero de 2011.
Informes de la DEA dicen que la familia Sánchez Garza tiene un amplio expediente por lavado de dinero.
También a finales de julio de 2012 se publicó en este medio información exclusiva sobre los prestanombres y negocios en la ciudad de un importante capo del Cártel de Sinaloa.
Entre ellos destacan Grupo Cinjab, Grupo Impergoza y todos se vinculan a Juan José Esparragoza Moreno “El Azul”.
En las dos primeras el titular es Cristian Iván Esparragoza Gastelum, hijo de “El Azul”, y participaron en su formación sus hermanos Brenda Guadalupe, Juan Ignacio y Nadia Patricia; en Grupo Impergoza también participó su madre María Guadalupe Gastelum Payan.
Además Reporte Indigo aportó dos apoderados más a lo publicado por el Departamento del Tesoro; Julio César Estrada Gutiérrez y Jorge Enrique Esquerra Esquer, quienes aparecen en las actas constitutivas de estas empresas.
Entre los negocios familiares de “El Azul” que prosperaron en Tlajomulco de Zúñiga están el lujoso desarrollo inmobiliario Provenza Residencial administrado por Grupo Cinjab; y el centro comercial Provenza Center y La Tijera Parque Industrial por Grupo Impergoza.
En octubre pasado el Departamento del Tesoro agregó un negocio más a la lista, el salón de eventos “Terraza 9140” en el municipio de Zapopan, que es operado por la empresa Socialika Rentas y Catering registrada en Cancún Quintana Roo y dirigida por Brenda Guadalupe Esparragoza Gastelum.
Una vez señaladas las empresas que operan tanto en Sinaloa como en Jalisco, el Departamento del Tesoro en los Estados Unidos congeló las cuentas de Esparragoza Moreno en el extranjero.
Adam J. Szubin, director de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro señaló que “la acción de hoy (de congelar las cuentas) pone los reflectores sobre este padrino mexicano de los narcóticos. Toda su red corporativa que fue creada con recursos ilícitos del narcotráfico, la tenemos bajo la mira”.
Con el aval de anteriores autoridades municipales de Tlajomulco de Zúñiga, según señaló el entonces alcalde interino Alberto Uribe Camacho, estos negocios operaron sin problema alguno.
En 2012 el lavado de dinero representó para el país 10 mil mdd según la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis de la Cámara de Diputados. Además fue señalado por Global Financial Integrity como la segunda economía entre 160 con mayores flujos financieros ilícitos.
En un informe publicado el mes pasado, la Cámara de Diputados reveló que esta cifra aportó el 3.6 por ciento del Producto Interno Bruto nacional en 2012.
El documento titulado “’Lavado de Dinero’ Estudio Teórico Conceptual, Derecho Comparado, Tratados Internacionales y de la nueva ley en la materia en México” dice:
“Con relación a algunos países de América Latina, México se encuentra por debajo de Perú respecto al porcentaje del PIB que representa el lavado de dinero, pues éste último reporta el 4.4 por ciento al 2011, con relación al 3.6 por ciento que se ha mencionado para México”.
Y como uno de los cinco estados con mayor participación en la red de finanzas ilegales, Jalisco sin duda aportó buena parte de este capital al PIB.
¿Quién combate el lavado?
Según declaraciones del procurador del estado de Jalisco, Tomás Coronado Olmos, la delegación de Jalisco de la Procuraduría General de la República ahora cuenta con el apoyo de una nueva subprocuraduría de la PGJ.
Y aunque en teoría la “Subprocuraduría E” apoya a la autoridad federal principalmente en delitos vinculados al narcomenudeo, la productividad de la delegación Jalisco de la PGR no parece haber incrementado con el apoyo de esta nueva instancia local.
“Hay una responsabilidad que del 76 por ciento u 80 por ciento del trabajo que tenía la Procuraduría General de la República, o sea, la delegación Jalisco, pues ahora es responsabilidad de nosotros, que es el narcomenudeo.
“No se nos olvide que también se creó la Subprocuraduría E, de apoyo en contra de delitos federales, ¿esto qué quiere decir? Pues que le entramos al tema de la piratería, de las medicinas, o sea, todos los delitos federales; fuimos visagra para que con las autoridades federales se concentrara una sola fuerza”.
A pesar del apoyo y el incremento del personal en la PGJ Jalisco con la justificación de la creación de esta subprocuraduría, los negocios señalados por el gobierno de Estados Unidos por lavado de dinero, siguen operando sin ninguna molestia.
El lavado sigue siendo el tema pendiente a combatir en una urbe con un crecimiento económico en la industria farmacéutica e inmobiliaria que en ocasiones encubre negocios ilícitos.
