"Sin ser una causal estructural, la contención en el abuso del alcohol puede ser una acción proactiva para reducir la violencia efectiva”
En Guadalajara, desde 2010, se han dado al menos cinco ataques ligados al crimen organizado en bares, antros y restaurantes, con 18 muertos y 68 heridos
Durante la gestión del exalcalde priista de Guadalajara, Ramiro Hernández García, se registró una explosión de giros restringidos o “negros”, en buena parte avalados con permisos que violentaron la normatividad, de acuerdo a los hallazgos de la Contraloría Municipal.
De acuerdo a la Dirección de Padrón y Licencias de Guadalajara, ese gobierno que antecedió al del actual alcalde, Enrique Alfaro Ramírez, del Partido Movimiento Ciudadano (PMC), autorizó 436 giros restringidos, es decir, aquellos con venta y/o consumo de bebidas alcohólicas.
Esa cantidad de establecimientos avalados entre octubre de 2012 y septiembre de 2015 por Hernández García, duplicó y más la del trienio que lo precedió, cuando fue alcalde el hoy gobernador Aristóteles Sandoval Díaz, y se expidieron 178 de esos permisos en la ciudad, de 2010 a septiembre de 2012.
Con las investigaciones del proceso de entrega-recepción de Guadalajara, tras la llegada del alcalde Alfaro Ramírez en octubre de 2015, su Contraloría Municipal descubrió que cuatro de cada 10 giros restringidos que heredó Hernández García tienen permisos irregulares.
Esto señala la Contraloría Municipal como resultado de sus indagatorias:
“Esta Contraloría Ciudadana ha detectado a través de las observaciones derivadas de la entrega–recepción, 181 licencias para giros con venta y/o consumo de bebidas alcohólicas conocidos como ‘restringidos’, expedidas durante la administración pasada de manera irregular.
“Ya que las mismas carecen de requisitos establecidos en la normatividad municipal vigente, siendo las principales, falta de comprobantes de domicilios, identificaciones oficiales, constancias de protección civil, poderes a favor de terceras personas y la ubicación física de algunos muy cercanos a centros educativos”.
De todos los giros restringidos que hoy operan en Guadalajara, como antros, bares, vinaterías y restaurantes y casinos con bebidas alcohólicas, más de una décima parte surgieron del trienio de Hernández García, esto es, el 14 por ciento de 3 mil 179 totales.
Si se suman también los que se avalaron en el trienio de Sandoval Díaz como exalcalde, de esos dos gobiernos del PRI proviene una quinta parte de todos estos establecimientos en la ciudad.
Juez y parte
El gobierno de Alfaro Ramírez ha dicho que alista 60 denuncias penales por las anomalías de la pasada administración, a sumarse a las 17 que ya presentó.
Pero, si en efecto combate así estos giros “negros” irregulares, se hallará con que la Fiscalía General podría ser juez y parte.
Verónica Flores Pérez, quien fuera regidora y presidenta del Consejo de Giros Restringidos de Guadalajara en la pasada gestión, órgano que autorizó esos 181 comercios con irregularidades, es hoy funcionaria destacada de la Fiscalía, la instancia persecutora de los delitos.
La funcionaria forma parte del círculo político inmediato del fiscal y exdirigente del PRI estatal, Eduardo Almaguer Ramírez, por lo que éste la integró a su dependencia apenas concluyó la administración del exalcalde Hernández García.
La funcionaria que encabezó el Consejo que concedió cientos de giros “negros” con violaciones a la norma -según la Contraloría-, fue nombrada por el fiscal como titular de la Unidad de Investigación contra la Corrupción de la Fiscalía.
El periodo del exalcalde Hernández García acabó en septiembre de 2015, y en seguida, en octubre, Flores Pérez ya estaba dada de alta en la nómina de Fiscalía como zarina anticorrupción, con un salario mensual de 56 mil 94 pesos.
Ese puesto debió ser creado especialmente para ella, pues hasta antes de octubre del 2015 el portal de nómina de Fiscalía no da cuenta de su existencia.
El fiscal Almaguer Ramírez ha estado relacionado con la autorización de giros restringidos en Guadalajara desde 2010, cuando fue regidor y presidente del Consejo facultado para avalarlos en el trienio en que fue alcalde el hoy gobernador, Sandoval Díaz.
Cuando esa administración terminó en septiembre de 2012, el Consejo pasó a las manos de la allegada política del fiscal, Flores Pérez.
El pasado 28 de diciembre, la síndica Bárbara Casillas García dijo que el Ayuntamiento de Guadalajara intensificará su ofensiva legal.
“Se presentarán 60 denuncias más entre las que se encuentran juicios laborales, permisos irregulares, nombramientos ilegales, ejercicio indebido del gasto público, mobiliario faltante y falsificación de incapacidades médicas”, detalló Casillas García.
Las anomalías están también en los dictámenes de uso de suelo. La comisión de investigación que se conformó en la anterior gestión con miembros del PRI, PAN y PMC dejó documentados 315 casos con violaciones a planes parciales para edificaciones y giros –aún “negros”-.
Seguridad y alcohol
La explosión de “giros negros” a la que dio pie la pasada gestión de Guadalajara, otorgando incluso permisos irregulares, no responde a las recomendaciones y criterios del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) para mejorar la seguridad de las urbes.
El PNUD asegura que el consumo de alcohol es un “facilitador del delito y la violencia”, en su Informe Regional de Desarrollo Humano 2013-2014 Seguridad Ciudadana con Rostro Humano.
Ahí señala: “Los facilitadores son factores que inciden en el delito y la violencia, sin ser sus causas estructurales. La presencia de armas de fuego, el tráfico de drogas y el consumo de alcohol actúan como impulsores de la inseguridad”.
Y aúna: “La ingesta de alcohol se asocia a diversos tipos de violencia, sobre todo el delito común y la violencia de género. Sin ser una causal estructural, la contención en el abuso del alcohol puede ser una acción proactiva para reducir la violencia efectiva”.
En Guadalajara, desde 2010, se han dado al menos cinco ataques ligados al crimen organizado en bares, antros y restaurantes, con 18 muertos y 68 heridos, el último apenas el 19 de noviembre de 2015.
El PNUD recomienda como medida de prevención “reforzar los mecanismos de regulación de consumo problemático de alcohol”, incluyendo la definición de horarios y zonas para su venta e ingesta:
“La restricción en los horarios y las zonas de consumo puede tener efectos positivos en la ocurrencia de actos violentos, especialmente cuando estas medidas van acompañadas por campañas de prevención, reducción de riesgos y daños de consumidores, y una mayor presencia policial”.
Cita el caso de la ciudad de Diadema, Brasil, que tuvo los índices de homicidio más altos de ese país. Se controlaron horarios de bares y restringieron la venta de alcohol “a ciertas horas del día”, lo que habría contribuido a la reducción de hasta nueve homicidios por mes, y de actos de violencia contra las mujeres.
La limitación del horario de venta de alcohol también fue una de las medidas que adoptó Bogotá, Colombia, cuando su tasa de 80 homicidios por cada 100 mil habitantes bajó a 23, entre 1993 y 2009.
El PNUD llama, por tanto, a: “Establecer una restricción en los horarios de compra de alcohol en los bares y negocios que lo distribuyen, y fortalecer el control estricto de la venta de alcohol a menores de edad.
“Aplicar rigurosamente la normativa de concesión de licencias comerciales para la venta de alcohol y establecer las responsabilidades en las que pueden incurrir sus titulares por su infracción”.
