La otra oposición

Uno de los sectores más críticos contra el gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador desde su llegada al poder es el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), colectivo indígena que a seis meses de la instauración del régimen de la Cuarta Transformación, ha denunciado pérdidas y acoso por parte de las autoridades de la Federación hacia las comunidades que conforman el CIG (Concejo Indígena de Gobierno).

Y es que, de los 43 pueblos indígenas que conforman el CIG en 25 estados del país, las comunidades de Oaxaca, Morelos, Chiapas y Veracruz han sufrido los primeros roces con la autoridad al presentar resistencia a la construcción de los megaproyectos energéticos y de movilidad que promueve el Gobierno federal; siendo el Tren Maya el más importante.

Una postura que evidencia que las autoridades conocen la posición de las etnias que conforman el CIG, así como la ríspida situación que se avecina con el avance de dichos proyectos.

Y es que desde diciembre de 2018, los Zapatistas chiapanecos denunciaron el incremento de la presencia militar en sus territorios, sobre todo en las inmediaciones de la Selva Lacandona. Un reclamo que se vería intensificado en el marco del 25 aniversario del movimiento indígena armado el pasado 1 de enero, espacio en donde se evidenció la estrategia emprendida por las autoridades para la implementación de sus desarrollos.

El colectivo declaró que el modelo de consulta presentado por el presidente López Obrador, no era más que una simulación; acusó que era una estrategia de manipulación, así como un acto ficticio para justificar la eventual represión y desplazamiento a comunidades indígenas del país.

Ahora, durante la firma de convenio entre el Fonatur y la Oficina de Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) el pasado 14 de mayo, Jiménez Pons afirmó que para la construcción del Tren, “no hay ni siquiera necesidad” de realizar una consulta a las comunidades indígenas, pues el proyecto reutilizará viejas vías férreas con derecho de vía, por lo que consideró que sólo bastará con llevar a cabo un proceso de información, con traductores adecuados en lenguas originales, para que los habitantes de estas regiones entiendan la importancia de este desarrollo.

El titular del Fonatur se dijo confiado de que las comunidades aledañas respaldan la iniciativa del Gobierno federal, destacando que hay más de 80 por ciento de aprobación y que él personalmente se ha acercado a algunos sectores (sin especificar a cuáles). Pero resaltando que los diálogos “formales” con las comunidades aún no han comenzado.

Represalias inmediatas

De los proyectos que contempla el Plan Nacional de Desarrollo (PDN) 2019, existen dos que a la par del Tren Maya han generado una resistencia firme por parte de activistas e integrantes del Concejo Indígena de Gobierno: el Proyecto Integral Morelos (con la construcción de la planta termoeléctrica en Huexca, Morelos) y el Corredor Transístmico. Las protestas en contra se conjugaron con el aumento de la represión ejercida hacia los representantes de estos pueblos.

El 20 de Febrero el activista Samir Flores fue baleado a las afueras de su casa en el poblado de Amilcingo, Temoac (Morelos). Un crimen perpetrado un día después de un foro relativo a la consulta que la administración federal llevaría a cabo para la edificación de la termoeléctrica de Huexca.

“Responsabilizamos por este crimen al mal gobierno y sus patrones que son las empresas y sus grupos armados legales e ilegales, que así pretenden robarnos, llevarnos la muerte y apagar las luces que nos dan esperanzas, como es la del compañero Samir”, expuso el EZLN a través de un comunicado.

En marzo, esta agrupación se volvió a manifestar, esta vez contra el desarrollo estipulado para la región del Istmo de Tehuantepec, calificando las consultas que también se realizaron en la zona como simulaciones, a la par de denunciar actos de corrupción por parte de la autoridad.

“Denunciamos las prácticas corruptas que los malos gobiernos a través del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI) han estado realizando para buscar dividir, engañar e intimidar a nuestras comunidades; donde ofrecen programas y proyectos a cambio de decir que sí en sus supuestas consultas, como si lo que está en juego no fuera el territorio y los recursos naturales”, expresó el colectivo.

Los casos más recientes de integrantes del CIG ultimados por actividades de la defensa de los pueblos en situación de vulnerabilidad y en oposición a los megaproyectos encabezados por el presidente de la nación se llevaron a cabo el pasado 4 de mayo, cuando los líderes indígenas en Guerrero, José Lucio Bartolo Faustino y Modesto Verales Sebastián, fueron asesinados en la comunidad de Chilapa de Álvarez.

De acuerdo con el colectivo, los representantes populares iban de regreso a sus comunidades cuando fueron secuestrados y asesinados por “grupos narco paramilitares que operan en la región con la complicidad y protección de los tres niveles del mal gobierno”.

Asimismo, el EZLN destacó que las personas asesinadas llevaban años organizando policías comunitarias para resistir la violencia y la imposición de la siembra de la amapola por parte de Los Ardillos y Los Rojos, principales grupos criminales en la región. Crímenes y represiones hasta el momento se mantienen impunes.

Ayer, durante el segundo día de su gira por comunidades de Tabasco y Chiapas para, el presidente López Obrador fue interrogado sobre el rechazo que el EZLN ha mostrado hacia los megaproyectos del PND 2019.

Al término de la Asamblea Ejidal en la comunidad de Nuevo Francisco de León en Ocosingo, el mandatario se dijo respetuoso de la postura del contingente, pero se limitó sólo a enviar un saludo sin entrar en mayor controversia al respecto.

“Ah, pues un saludo afectuoso a todas y todos los compañeros, compañeras de los movimientos sociales, de todas las organizaciones”, evadió.

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