En el contexto de violencia que vive el país, han surgido reportes periodísticos respecto al desplazamiento de alrededor de mil 500 pobladores de Jerez, Zacatecas, producto del enfrentamiento entre los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, abonando a la crisis de desplazados que, de acuerdo a la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, sumaron más de 13 mil personas tan solo durante el primer semestre de este año.
Gabriela Nava, analista de inteligencia por el centro William J. Perry, menciona a Reporte Índigo cómo las cúpulas de las organizaciones criminales pueden pasar de tratar de mimetizarse con la sociedad de los estados que buscan ocupar a tomar como rehén a la población. Como fue el caso de Zacatecas, en donde el debilitamiento de Los Zetas y las incursiones de los mencionados cárteles han dado pie a escaladas en el nivel de violencia desde hace al menos 10 años.
“Estamos hablando de un entorno violento completamente, que no se rige por ningún tipo de ley o marco jurídico que los haga mantenerse en cierto orden. En el momento en el que pierden el control, en lugar de ser parte de la sociedad, se vuelven contra ella. Siempre está presente como riesgo. Pasó no solo en Zacatecas, sino en muchas otras partes de la República donde también se mimetizaron. Cuernavaca es otro ejemplo con los Beltrán Leyva o ‘La Barbie’ en Acapulco.”
Arelene Ramírez, académica del Tecnológico de Monterrey y fundadora de la agencia Brandketing, agrega que este tipo de violencias ponen al Estado mexicano en un panorama gris respecto a los derechos humanos ya que no se cumple el derecho a la seguridad. Situación que se agrava al considerar que, a la par de la crisis de desplazados internos, el país también lidia con el constante flujo migratorio desde Centroamérica con destino a Estados Unidos, lo que ha originado otra crisis.
“Nos preocupa mucho el caso de los migrantes latinoamericanos, pero cuando vemos los casos de los desplazados mexicanos, evidentemente, sabemos que hoy el crimen organizado ha avanzado hasta un punto en el territorio nacional y pareciera que no es relevante o urgente atenderlo para el Gobierno federal. Organismos como Amnistía Internacional han señalado varias veces la falta de seguridad entre la población mexicana”.
