[kaltura-widget uiconfid=”38045831″ entryid=”0_5saufmi4″ responsive=”true” hoveringControls=”true” width=”100%” height=”75%” /] Las cárceles mexicanas estatales están llenas de jóvenes. El día de muertos del año pasado, Maximiliano y Juan Carlos, de 18 y 24 años respectivamente fueron detenidos en el Municipio de Naucalpan, Estado de México, acusados de robo con violencia. Según el reporte de la Policía Municipal ambos fueron aprehendidos en una colonia popular tras presuntamente despojar con un cuchillo a otro joven de su mochila en la que traía un teléfono celular, un pantalón y un zapato, cuyo valor total ascendía a 550 pesos.
Debido a que el delito que se les imputa es considerado como grave en el nuevo sistema penal acusatorio no tuvieron derecho a fianza y fueron ingresados a prisión preventiva en el Penal de Barrientos, en el Municipio de Tlalnepantla, en espera de la sentencia de un juez.
Familiares de los dos primos, de origen zapoteco, señalaron que los jóvenes tenían alrededor de 6 meses de haber llegado de un pueblo en Oaxaca para trabajar y mandar dinero a sus parientes de allá, pero la noche del 2 de noviembre salieron a comprar cerveza a una tienda cercana y ya no regresaron.
Su caso no es el único. Ambos son un ejemplo de los miles de jóvenes mayores de 18 años que cada año ingresan a la cárcel y que, tan sólo en el 2016, fueron la población mayoritaria en las prisiones estatales de todo el país.
De acuerdo con las cifras más recientes del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), durante ese año la mayoría de las personas privadas de la libertad fueron hombres de nacionalidad mexicana de entre los 18 y 29 años de edad, es decir, el 34.7 por ciento del total de la población.
El siguiente grupo en edad fue el de 30 a 39 años, con el 33.8 por ciento y el tercero en la lista fueron los presos de 40 a 49 años, con el 19.7 por ciento.
La publicación “Estadísticas sobre el sistema penitenciario estatal en México 2017”, señala que el grado máximo de estudios concluidos de la mayoría de los presos hombres es la educación secundaria.
El 41 por ciento de quienes ingresaron a los establecimientos penitenciarios lo hicieron principalmente por delitos que atentan contra el patrimonio y de este total, el 83 por ciento fue por robo.
Sin embargo, la población joven no siempre fue la que predominó en las prisiones, explicó José Antonio Álvarez León, doctor en Derecho de la UNAM.
“Digamos que en las últimas 3 décadas el aumento ha sido progresivo. ¿Por qué es así? Bueno, son factores criminógenos sociales que han ido en crecimiento”, dijo.
De acuerdo con el catedrático, condiciones como la falta de oportunidades educativas, de acceso a bienes mínimos y a actividades recreativas han sido relevantes en el destino de los jóvenes reclusos.
Álvarez León explicó que optan por integrarse al crimen organizado debido a que ahí les ofrecen condiciones que en un trabajo legal no podrían aspirar, como un mejor salario, por lo que prefieren una vida corta con dinero a una larga con carencias.
“Evidentemente eso facilita a que sean reclutados por el crimen organizado”, dijo.
El reto permanente de las autoridades es que los tratamientos que se les deben de dar a los jóvenes en prisión deben responder a las necesidades de esta nueva generación.
“Que lo que les puedan enseñar ahí realmente les pueda ser de utilidad, segundo, tener un seguimiento puntual de los casos de los jóvenes que salen, ya sea por un beneficio penitenciario, por la edad o porque cumplen con las medidas de seguridad que les puso la autoridad.
“Hacia afuera generar programas con la iniciativa privada que permitan a estos jóvenes trabajar y estudiar como parte de las medidas de tratamiento y que tengan con ello una expectativa salarial, irse capacitando, en incluirse modelos educativos”.
El doctor señaló que estas dos medidas podrían cambiar la expectativa de los jóvenes, particularmente de los menores de edad, pues cuando son adultos y se integran a las comunidades penitenciarias es difícil que suceda.
Dinero rápido, libertad corta
Los jóvenes han encontrado una manera fácil para obtener dinero y lujos que con un empleo formal y sin experiencia no podrían siquiera imaginar, aunque esto sea de manera temporal y finalmente terminen tras las rejas.
Por ejemplo, por robar un automóvil a una persona le pagan entre 8 mil y 15 mil pesos aproximadamente, dijo Gonzalo Levi Obregón Salinas, doctor en derecho de la UNAM.
“La problemática es que el hampa, el crimen lo que está haciendo es jalarlos porque se está dando cuenta de que estos jóvenes cortan sus aspiraciones de preparación y económicas y se van por la fácil, robar un celular, robar dinero, meterse a una casa, etcétera, son situaciones que de alguna manera el mismo sistema económico está planeado para que el joven termine siendo un delincuente”.
Para el también docente de la FES Acatlán no sólo es preocupante que los jóvenes de 18 a 29 años de edad sean la población mayoritaria de las prisiones estatales al ser el 34.7 por ciento, porque quienes le siguen están en el rango de los 30 y los 39 años de edad que representan el 33.8 por ciento y también están en edad productiva. Ambas generaciones suman en total el 68.5 por ciento.
“Estás en una etapa productiva hasta los 40 años, eso quiere decir que es más del 60 por ciento de la población (carcelaria). Ahora bien, parecería que eso no te dice nada si lo comparas con las estadísticas de la población en todo el país, lo que preocupa es que es del total de esos centros penitenciarios”, señaló.
Sin embargo, ¿cuál es el impacto económico de un país cuyas cárceles están llenas de personas en edad productiva? ¿de qué manera afecta a largo plazo en caso de que esta tendencia se mantenga?
“Estos jóvenes no van a producir riqueza para la nación porque ésta se produce a nivel formal, no van a tener una preparación para tener una riqueza honrada, un medio de prestar sus servicios de manera legal (…) ellos se dedican a la delincuencia, ni siquiera son formales ni informales, su riqueza se genera a partir de la pérdida de otros, eso está todavía peor”, dijo.
En un futuro estas personas en edad productiva que se encuentran privadas de su libertad no van a poder ser parte del sistema de pensiones porque es difícil que dejen este tipo de actividades delictivas y se integren a la formalidad una vez que salen de la prisión.
Por eso, más que ser una inversión el que las autoridades destinen recursos en el sistema penitenciario, el dinero que las autoridades dan a estos centros de readaptación es un gasto al erario público, porque el gobierno no invierte en programas ni acciones que realmente ayuden a que las personas que están en prisión realmente se rehabiliten para que cuando salgan a la calle logren iniciar de nuevo.
“El sistema penitenciario no los forma para incluirse en la sociedad, más bien lo que hace es excluirlos de la sociedad, ese es el problema”.
Los invisibles
A diferencia de otros países como Alemania, donde los jóvenes reclusos son obligados a que continúen sus estudios, en México este tipo de población está olvidada.
“Están en edad productiva y en edad de estudiar, de adquirir habilidades que después les puedan servir para entrar a esta etapa productiva por lo que es grave que sean un grupo invisible a pesar de estar en la edad de poder estudiar y de trabajar”, explicó Fiorentina García, especialista en educación.
Este tipo de población es una falla del sistema educativo, porque los jóvenes con bajo nivel educativo y pocas oportunidades de desarrollarse tienen mayores incentivos para entrar al narcotráfico o delinquir.
La especialista señaló que no hay ni un sólo programa presupuestario que vaya dirigido a políticas educativas en los centros penitenciarios por parte de la dependencia encargada, que es la Secretaría de Educación Pública (SEP).
“Por ejemplo, en Alemania es una obligación que estos jóvenes terminen al menos la secundaria y la preparatoria y que continúen sus estudios dentro de estos centros penitenciarios, aquí en México no es una realidad.
“Si bien pueden hacer trabajos o educación técnica como de herrería, confección, etcétera, tanto para mujeres como para hombres no es una educación formal, porque la SEP no tiene una política concreta dirigida a los jóvenes en los centros penitenciarios”, dijo.
Mientras que en el país europeo a los jóvenes en prisión les enseñan a llenar un Currículum Vitae y también los capacitan a la hora de tener una entrevista de trabajo; en México, los presos muchas veces salen peor que como ingresaron, pues ya traen el estigma de que estuvieron en prisión, por lo que la probabilidad de reincidir es muy alta ante la falta de oportunidades.
Por ello es necesario que en el país estos jóvenes tengan políticas de reinserción social a través de programas laborales y educativos que les permitan desarrollarse dentro de los centros penitenciarios y recibir capacitaciones para acceder al mercado laboral, dijo Fiorentina.
El mayor impacto es que vuelvan a cometer algún delito, es decir, que reincidan, pero sobre todo, que en lugar de estar en etapa productiva siendo un foco para mejorar tanto el bienestar social como la economía, sean una población que siga estancada en estos problemas”, dijo.
De acuerdo con el estudio del INEGI “Estadísticas sobre el sistema penitenciario estatal en México 2017” la reincidencia es un fenómeno constante en el sistema penitenciario estatal.
Entre los problemas que dificultan la reinserción social es la carencia de infraestructura de los centros penitenciarios estatales para impartir actividades ocupacionales útiles, señala el documento.
“Encontrar y mantener un trabajo legítimo puede reducir las posibilidades de reincidencia de los exprisioneros y, entre mejor es el salario, hay menos posibilidades de que las personas retornen al crimen.
Sin embargo, “la estancia en la cárcel lo dificulta porque mientras viven en los centros penitenciarios pierden habilidades laborales y tienen pocas oportunidades de ganar experiencia útil para el trabajo”, se lee.
Mujeres al alza, soluciones a la baja
Las mujeres mexicanas de entre 18 y 29 años de edad también fueron mayoría en las prisiones estatales al alcanzar el 36 por ciento de la población, según las estadísticas más recientes sobre el sistema penitenciario estatal en México del INEGI que datan del 2016.
De acuerdo con el documento, a ese grupo le siguen las mujeres que tienen entre 30 y 39 años de edad con el 32 por ciento; mientras que aquellas que oscilan entre los 40 y 49 años son casi el 18 por ciento y las de 50 y 59 años superan el 7 por ciento.
De la población femenina en reclusión, ninguna tiene grados de estudios superior y la mayoría tiene sólo la educación secundaria concluida, con el 37 por ciento del total de la población, aunque el 90 por ciento sabe leer y escribir.
Pese a que constituyen una minoría en los centros penitenciarios, la presencia de mujeres registró un aumento de 2010 a 2015, señala el informe. En el 2016, la principal razón por la que ingresaron a prisión fue por delitos del fuero común como daños contra el patrimonio, aunque antes se les ligaba con infanticidio, fraticidio y uxoricidio.
“Algunos de los problemas que enfrentan las mujeres son asociados con el cuidado de sus descendientes. Dicha condición puede producir en las reclusas preocupación, ansiedad y estrés por haberlos dejado en una condición de mayor vulnerabilidad”, dice la publicación.
La violencia que vive el país y que no se ha podido resolver también ha propiciado condiciones para que la población joven esté en prisión.
“Es un tema de la situación de vulnerabilidad de la niñez y la adolescencia en México, mientras menos y menos acceso a oportunidades laborales y educativas hayan, la ciudadanía es más propensa a sucumbir ante la violencia”, dijo Maissa Hubert Chakour, coordinadora del Programa Sistema Penitenciario y Reinserción Social de la Organización Documenta.
En estos últimos 10 años, al tratar de detener la situación de inseguridad que se vive, las autoridades propician situaciones como el populismo penal, señaló.
“Se enfocan en este tipo de población y los detienen y los mandan a la cárcel como ejemplo de que sí se está haciendo algo, no obstante, dentro de esas poblaciones están los jóvenes de ciertos estratos sociales, de ciertas colonias, de ciertas ciudades donde más fácilmente pueden ser detenidos y donde más fácilmente pueden ser condenados por delitos de muy bajo impacto”, dijo.
Como primer paso, dijo, se debe iniciar una política de despresurización de las cárceles, mientras que en una segunda parte se necesitan políticas para crear penales eficientes.