La defensa de la exempleada que asegura fue víctima de acoso laboral presentará ante el Tribunal de Arbitraje del Estado una demanda laboral contra la CEDH, representada por la ombudsman Minerva Martínez Garza.
El día de hoy, los abogados de Martha Alicia Valdez Valenzuela prevén presentar el recurso en esta instancia, ubicada en el Edificio Elizondo Páez, con el que reclamarán el despido injustificado, la reinstalación en el cargo y el pago de salarios caídos.
En un acto sorpresivo, este mismo Tribunal, encabezado por Jesús Alberto Cerda Pérez, citó a la criminóloga a una plática conciliatoria el pasado 12 de abril, a pesar de que no había interpuesto aún una demanda por su situación en la CEDH.
Los representantes legales de la extrabajadora, Luis Villarreal Galindo y Luis Villarreal Compeán, confirmaron que ella no había hecho ninguna reclamación ante este órgano mediador de los conflictos laborales.
A la cita no asistió ningún representante de la Comisión Estatal, pero el secretario del Tribunal de Arbitraje Roberto Cázares Elizondo, informó a la defensa que la institución ofrecía 400 mil pesos de indemnización para dar por terminado el asunto.
Esa cantidad no fue aceptada por Valdez Valenzuela y ahora solicitará la intervención de la misma autoridad para solucionar el conflicto que sostiene con la ombudsman de Nuevo León.
El exdirector de Conclusión y Seguimiento de la CEDH, Gustavo Meraz Rodríguez, también acudió al Tribunal de Arbitraje luego de sufrir el hostigamiento directo de la presidenta del organismo protector de los derechos humanos.
Ambos demandantes fueron incluidos en el Programa de Ordenamiento y Fortalecimiento Integral de las Finanzas Públicas (POFIF) del Gobierno del Estado, aunque la Comisión Estatal tiene autonomía constitucional, y posteriormente dados de baja.
Valdez Valenzuela emprendió una lucha desde diferentes frentes en contra del acoso laboral que sufrió: primero en la CNDH, luego en la propia Comisión Estatal y recientemente en el Congreso local.
La exproyectista adscrita a la Coordinación Penitenciaria de la Tercera Vistaduría solicitó a la CNDH la atracción de su caso y medidas cautelares para paralizar el acoso, pero el organismo nacional no las otorgó y fue despida el 22 de marzo de este año.
Luego, pidió a los miembros del Consejo Consultivo de la Comisión Estatal la suspensión del cargo de la ombudsman y de varios subalternos, pero hasta el momento los consejeros no han llegado a una resolución.
Y la semana pasada interpuso ante el Congreso de Nuevo León una denuncia de juicio político contra Martínez Garza, en la que pidió su desafuero y así se le investigue por presuntos delitos administrativos y penales.
En esa denuncia, la extrabajadora señaló como copartícipes del acoso a la visitadora general Catalina Teresa Rivera Díaz, la encargada de la Tercera Vistaduría Sylvia Guadalupe Puente Aguilar y el director jurídico Armando Augusto Reyes Becerril.
La exproyectista que contaba con 20 años de experiencia en la institución anexó como evidencias diversos audios de conversaciones que sostuvo con los anteriores funcionarios públicos y que prueban el “bullying”.
La Comisión de Justicia y Seguridad Pública del Legislativo, encabezada por el priista Francisco Cienfuegos Martínez, será la encargada de tramitar la denuncia e iniciar, en caso de que se comprueben los hechos imputados, el proceso de desafuero.
La denuncia de juicio político consta de tres puntos principales: el acoso laboral permanente en la institución, la violación a los derechos laborales de los trabajadores y el uso indebido de recursos públicos por parte de la ombudsman.
Una lucha en tres frentes
La exproyectista Martha Alicia Valdez ha acudido a diferentes instancias para denunciar el ‘bullying’ de la ombudsman de Nuevo León:
1) El 19 de marzo presentó una queja ante la CNDH, en la que pidió la atracción de su caso y solicitó medidas cautelares. El organismo nacional no las otorgó y el acoso se consumó con su despido tres días después.
2) El 9 de abril envió una querella al Consejo Consultivo de la CEDH y solicitó al órgano colegiado que fiscalice los actos de la ombudsman y varios subalternos. Los consejeros no han emitido una resolución a esta petición.
3) El 15 de abril acudió al Congreso del Estado, donde presentó una denuncia de juicio político contra la presidenta de la CEDH. La acción popular, aún en vías de trámite, pide el desafuero y la investigación de presuntos delitos.
