La obra negra de Vallarta

Durante la administración de Salvador González Reséndiz se volvió tema prioritario para el gobierno de Puerto Vallarta la construcción de un nuevo edificio para el ayuntamiento. 

El edificio que está en el Malecón se convertiría en un museo, y la nueva Unidad Municipal Administrativa (UMA) sería la solución para dar un solo lugar a todas la dependencias del gobierno. 

Pero la gran obra de la administración del priista que hoy forma parte del gabinete del gobernador de Jalisco, es un edificio en condiciones riesgosas para su habitabilidad. 

Una visita al sitio es reveladora: un niño podría sufrir un accidente fácilmente, las escaleras son más pequeñas de lo normal y los elevadores tienen fallas técnicas que hacen temer subirse a ellos a los empleados que laboran ahí. 

También hay cableado que está mal entubado o expuesto, y áreas restringidas por que no son habitables. Tampoco hay extintores. 

En los 4 o 5 pisos –porque en diferentes dictámenes de la UMA, varía la versión de 4 a 5 niveles- hay hojas de papel impresas como letreros improvisados. 

Incluso Oscar Pérez,  secretario particular del actual alcalde Ramón Guerrero,  sufrió un accidente que lo llevó al hospital al caer del cuarto al tercer piso, por la falta de señalamientos y medidas básicas de seguridad. 

A pesar de los desperfectos, los costos de construcción de dicho edificio no fueron para nada económicos. 

Entre pagos a diferentes empresas se suman al menos 122.4 millones de pesos, que fueron erogados a algunas de estas incluso con tierras que pertenecían al municipio. 

Pues en otra transacción por demás irregular, Salvador González Reséndiz dio a las empresas a modo de pago más de media hectárea de tierras que eran áreas verdes del Ayuntamiento de Puerto Vallarta en Mismaloya, 

Todo un negocio redondo entre empresarios y funcionarios que van de un ayuntamiento a otro realizando este tipo de proyectos con aval del PRI. 

Porque el mismo grupo desarrolladores que fueron cuestionados en Guadalajara por realizar la pavimentación con un sobrecosto en varias vialidades de la Perla Tapatía, es el que se encargó este proyecto. 

En la lista de empresas que participaron y que recibieron pagos millonarios del Ayuntamiento de Puerto Vallarta, está Cinco Contemporánea, S.A. de C.V., Secri Constructora S.A. de C.V. y Constructora Metropolitana de Guadalajara, S.A. de C.V., entre otras. 

Todas vinculadas al ayuntamiento tapatío por el conocido caso de la costosa pavimentación que llevó al entonces alcalde de Guadalajara –hoy gobernador- Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, a endeudar al municipio por mil 100 millones de pesos. 

Según documentos a los que tuvo acceso Reporte Indigo, y la versión de la regidora de Puerto Vallarta por Movimiento Ciudadano, Susana Carreño, a estas tres empresas se les asignaron los proyectos. 

Aunque en total fueron ocho las que participaron en la construcción de la obra. 

También están Instalaciones de Aire, S.A. de C.V., Tecnología para Puertas y Alarmas, S.A. de C.V., Consorcio Desarrollador, S.A. de C.V., Lumina Tech, S.A. de C.V. y Balken, S.A. de C.V. 

Instalaciones de Aire aparece en el padrón de proveedores del Ayuntamiento de Guadalajara. 

Y la empresa Balken –que junto con Cinco Contemporánea, fue de las que más recibió por su trabajo– fue acusada por vecinos de Mismaloya de obtener un beneficio económico con la donación de terrenos de áreas verdes del municipio en dicha zona. 

Porque los terrenos fueron tomados como pago por la deuda en 12.8 millones de pesos, aunque luego Balken los vendió en 19.6, con lo que obtuvo un beneficio económico inmediato de 6.7 millones. 

Por sus servicios, el Ayuntamiento de Puerto Vallarta se comprometió a pagar 54.7 millones de pesos a Constructora Metropolitana de Guadalajara –empresa que comparte domicilio fiscal con Cinco Contemporánea-, y 47.9 millones a Balken.  

En cuanto a la relación entre Cinco Contemporánea y Constructora Metropolitana de Guadalajara, se trata de las mismas empresas que trabajaron en el Ayuntamiento de Zapopan en la construcción de otra cuestionada obra por su elevado costo: las celdas de la planta de tratamiento de líquidos lixiviados del relleno sanitario de Picachos. 

Una triangulación de empresas, constructores y funcionarios que fue presentada en este medio el pasado 22 de marzo (véase Constructores de corrupción). 

Y es que funcionarios que participaron en estas licitaciones, forman parte del gabinete del gobernador electo. 

Salvador González Reséndiz como subsecretario de Administración con atribuciones adicionales que el gobernador le otorgó. 

Héctor Vielma Ordóñez como coordinador de asesores. Y el propio gobernador electo, pues durante su periodo como alcalde se realizaron los proyectos en el Ayuntamiento de Guadalajara que Movimiento Ciudadano denunció con las citadas empresas. 

Se hablaba de un sobrecosto inexplicable, mismo que ahora habría de cuestionarse que tuvo lugar en las obras malhechas de la UMA. 

Porque los dictámenes que emitió el Gobierno de Jalisco subrayan el riesgo de que dicho edificio se encuentre habitado. 

Incluso el actual alcalde se ha negado ha trasladar sus oficinas a la UMA. 

A los propios habitantes del puerto les produce molestia que algunas de las dependencias ya estén operando allá, pues se tienen que trasladar para realizar algunos tramites. 

Varios funcionarios de la actual administración coinciden en la negativa de moverse a las nuevas instalaciones, por las fallas estructurales que todos conocen y que los que ya trabajan allá padecen. 

Pero los responsables de este negocio fraudulento, en vez de haber sido llamados a rendir cuentas, fueron premiados con puestos en la administración de Sandoval Díaz. 

Cinco Contemporánea, la empresa favorita 

La red de desarrolladores detrás de los grandes proyectos de infraestructura del municipio de Puerto Vallarta tiene ligas que trascienden fronteras.

En la construcción de la Unidad Municipal Administrativa de Puerto Vallarta intervinieron empresas cuyos dueños y direcciones coinciden.

La constructora Cinco Contemporánea S.A. de C.V., Constructora Metropolitana de Guadalajara y la Constructora Cabo Corriente, son tres de las empresas que el constructor Rodrigo Ramos Garibi utilizó en proyectos de los municipios de Puerto Vallarta, Zapopan y Guadalajara.

Las tres razones sociales de las empresas comparten la misma dirección en la avenida Unión 172 en la colonia Lafayette. De todas la empresas Rodrigo Ramos Garibi es socio.

Ramos Garibi es compadre del ex titular de la Secretaría de Promoción Económica de Guadalajara, Mauricio Navarro Gárate, lo anterior durante la administración de Jorge Aristóteles Sandoval Díaz. 

De hecho son socios en otras dos empresa de construcción.

Cinco Contemporánea estuvo muy activa en 2011 en Guadalajara. 

La empresa participó en las costosas obras de rehabilitación de la avenida Lázaro Cárdenas que la Comisión Nacional del Deporte (Conade) pagó como parte del paquete de obras de infraestructura de los Juegos Panamericanos.

Por sus servicios -que representaron solo una tercera parte de la intervención completa- recibió el pago de 15.2 millones de pesos.

Cinco Contemporánea fue de las empresas favoritas durante el programa de pavimentación implementado por Aristóteles Sandoval. 

Cemex -la empresa encargada del proyecto- pagó 78 millones de pesos a Cinco Contemporánea por una subcontratación.

La constructora en mención también intervino en el ambicioso proyecto de la planta de tratamiento de líquidos lixiviados de Picachos en Zapopan.

Por la construcción de una celda emergente y el espacio de la laguna de desechos del relleno sanitario, recibió un pago 15 millones 910 de pesos. Fue demostrado que esa obra se construyó a sobre precio.

Sumado a ese contrato, el partido Movimiento Ciudadano informó que Cinco Contemporánea había recibido más de 50 millones de pesos en otras obras de Zapopan.

Según registros de la prensa local, la administración de Rafael González Reséndiz pagó 78 millones de pesos a Cinco Contemporánea como parte del contrato de construcción de la UMA.