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El presidente electo Andrés Manuel López Obrador aún no comparte con los ciudadanos un proyecto de política exterior detallado, sin embargo, a partir de algunos de sus dichos y decisiones ya se comienza a dibujar cómo será la relación de México con el mundo después del 1 de diciembre.
La austeridad es el elemento principal que afectará la política exterior del nuevo gobierno. Esta forma de llevar al país perjudica a la representación de México en otras naciones, es decir, a las 80 embajadas, 67 consulados y siete misiones permanentes ante organismos Internacionales.
Como resultado de los recortes presupuestarios, los hombres y mujeres que son la cara de México ante el mundo se tienen que adaptar a los salarios impuestos por el gobierno entrante.
El sueldo de los 80 embajadores y 67 cónsules de México se reducirá al tope salarial que planea fijar López Obrador para servidores públicos, que es de 108 mil pesos.
Esta limitación en los recursos conlleva problemas para algunos representantes que viven en países con costos de vida altos. Ante esto, el próximo secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, ya se reunió con algunos funcionarios y acordaron revisar el esquema de remuneraciones.
Uno de los primeros retos que provoca la austeridad es adaptar el nuevo tabulador salarial al costo de vida de muchas ciudades extranjeras. Otro desafío es absorber con eficiencia la organización y las funciones de ProMéxico, un fideicomiso que el presidente electo pretende eliminar.
A esos dos primeros problemas hay que agregar la designación de 45 embajadores y cónsules que ya renunciaron como parte del proceso normal de transición.
Hasta ahora sólo se escucha el nombre de Martha Bárcena como la próxima embajadora de México en Estados Unidos, quien fue presentada como propuesta para este cargo por López Obrador en julio.
Otro de los asuntos que sin duda define la política exterior del próximo gobierno es el regreso a la Doctrina Estrada, la idea central de que México no debe intervenir en los asuntos internos de otros países.
Esto se fundamenta en el principio de no intervención y derecho de autodeterminación de los pueblos. Aunque el mandatario electo hasta ahora no se refiere de forma directa a esta doctrina, sí ha planteado seguirla.
“Tanto Andrés Manuel como Ebrard han dicho que van a respetar los preceptos de política exterior de la Doctrina Estrada, y ahora con las invitaciones que hubo para la toma de posesión se ve reflejado esto porque han invitado a todos los jefes de Estado sin distinción alguna”, confirma José Luis Cruz, integrante del equipo de transición del presidente electo y analista político.
Esto significa que el nuevo gobierno no se pronunciará en contra de los actos represivos y las crisis humanitarias en Venezuela y Nicaragua. Y tampoco hará comentarios sobre las decisiones del presidente electo ultraconservador de Brasil, Jair Bolsonaro.
“Será una Doctrina Estrada a rajatabla, es decir, no nos metemos en los asuntos de los otros países…Es algo que agradecerá mucho el gobierno de Maduro en un primer momento”, asegura el analista político Juan Pablo Galicia.
El primer ejemplo de esta nueva política exterior marcada por la neutralidad o el silencio ante las decisiones de los gobiernos extranjeros es sin duda la toma de posesión del próximo 1 de diciembre.
Entre los invitados a este evento están más de 20 jefes de Estado de todos los colores del mapa político: izquierda, centro, derecha. La asistencia del mandatario venezolano Nicolás Maduro es la más polémica hasta ahora debido a que políticos, escritores y activistas se pronunciaron en su contra.
Con menos recurso
La política de austeridad es uno de los retos más importantes para la forma en que desarrollará México sus relaciones con otros países en la administración entrante.
Entre los primeros cambios que realizó el presidente electo a esta parte de su gobierno se encuentra la eliminación de ProMéxico y el establecimiento de un límite a los salarios de los embajadores y cónsules.
Este segundo punto sólo es una extensión del tope salarial que pretende establecer López Obrador para todos los funcionarios: 108 mil pesos, los cuales equivalen aproximadamente a 5 mil 327 dólares.
Esta transformación parece razonable cuando se consultan los salarios que reciben los trabajadores de la SRE.
El listado de Tabuladores de la Nómina del Servicio Exterior Mexicano (SEM) indica que el embajador con menor remuneración económica es el que está en Bolivia con un salario de 174 mil 423 pesos (8 mil 607 dólares) y quien más gana es el representante en Japón con 320 mil 758 pesos (15 mil 828 dólares) mensuales.
El internacionalista Eduardo Rosales Herrera considera que la decisión de AMLO es un error porque en cada país es distinto el poder adquisitivo.
Por ejemplo, más de 90 embajadores que representaban a Argentina en 2014 ganaban un sueldo promedio de 342 mil 178 pesos (16 mil 885 dólares), de acuerdo con datos del gobierno del país sudamericano.
“Las embajadas tendrán que continuar coordinando otras actividades relacionadas con la diplomacia y el comercio del país, cómo les podemos pedir a nuestras representaciones diplomáticas que aumenten el número de temáticas si les bajamos el sueldo, entonces hay contradicciones en esta situación”, opina Rosales Herrera.
El embajador mexicano con menor salario es el de Bolivia con 8 mil 607 dólares de sueldo. Y el que más gana es el de Japón con 15 mil 828 dólares mensuales.
Por otra parte, economistas consideran que la eliminación de ProMéxico puede impactar de forma severa en las estrategias para promover a México como destino turístico en el exterior.
“La austeridad puede impactar severamente, al menos en las acciones estratégicas para promover a México en el exterior”, explica el economista Raymundo Tenorio Aguilar.
La excepción es Martha Bárcena, la próxima embajadora de México en Estados Unidos que fue presentada como propuesta para este cargo por López Obrador.
En la actualidad, Bárcena es la representante de México ante la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).
Neutralidad guinda
A diferencia de administraciones pasadas, el presidente electo ya no quiere conflictos constantes con los gobiernos de otros países.
Es por eso que las pocas veces que ha hecho referencia sobre su proyecto de política exterior menciona dos preceptos: cero intervención y autodeterminación de los pueblos.
Estas dos ideas son los fundamentos de la Doctrina Estrada, el ideal central de política exterior que se encuentra en el apartado X del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pero que pocos presidentes respetan.
“…el titular del Poder Ejecutivo observará los siguientes principios normativos: la autodeterminación de los pueblos; la no intervención; la solución pacífica de controversias; la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales…”, cita el artículo.
De acuerdo con la Doctrina Estrada, la autodeterminación de los pueblos es el derecho que tienen los ciudadanos para “aceptar, mantener o sustituir a sus gobiernos o autoridades” y la no intervención es el rechazo a participar en los asuntos internos de un país.
La Doctrina fue elaborada por el exsecretario de Relaciones Exteriores Genaro Estrada en 1931 para que México tuviera una mejor relación con otros naciones. Ahora la retoma López Obrador para tranquilizar los ojos que vigilan al país.
“Llevamos tres sexenios teniendo una política exterior bastante activa, pero también muy alejada de lo que era la Doctrina Estrada. Eso ha llevado a que el gobierno mexicano esté enemistado con algunos países. Entonces es una apuesta que puede generar buenos frutos para ahorrarse algunas críticas en cuanto a política exterior”, destaca el analista político Juan Pablo Galicia.
Los primeros frutos del retorno a esta doctrina se perciben desde los invitados a la toma de posesión de López Obrador. Son más de 20 jefes de Estado de todas las líneas ideológicas, desde la izquierda más radical hasta los más conservadores.
El ejemplo perfecto para demostrar esta neutralidad en las invitaciones es que se espera la participación del presidente venezolano Nicolás Maduro y la de 32 funcionarios estadounidenses.
Marcelo Ebrard es el hombre encargado de organizar la toma de posesión y quien de la mano de la Doctrina Estrada dirigirá la política exterior del próximo gobierno.
El exjefe de Gobierno fue electo como secretario de Relaciones Exteriores en sustitución de Héctor Vasconcelos, a quien López Obrador propuso para esa posición el pasado 5 de julio.
López Obrador aseguró que Ebrard cuidará bien tanto la relación con los países de América Latina como el vínculo con los gobiernos de Estados Unidos y de Canadá, sobre todo, en el proceso de negociación del Tratado de Libre Comercio.
El exjefe de Gobierno fue Presidente de la Red Global de Ciudades Seguras de las Naciones Unidas del 3 de septiembre de 2012 al 3 de febrero de 2014. Anteriormente fue subsecretario de la Secretaría de Relación Exteriores durante la administración de Manuel Camacho Solís entre 1993 y 1994.
Estados Unidos, el primer problema
La Doctrina Estrada no salvará a López Obrador de la relación bilateral con Estados Unidos y de una serie de posibles conflictos.
Hasta ahora el presidente electo y el mandatario Donald Trump parecen tener una buena amistad basada en la necesidad de cerrar los últimos detalles del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
Después de la firma del acuerdo a finales de noviembre en la Cumbre de Líderes del Grupo de los 20 (G20), la relación de los dos puede cambiar, sobre todo por temas como la seguridad y la crisis migratoria.
“Cuando se reactiven todas las crisis relacionadas con el cruce fronterizo de las caravanas migrantes veremos un acercamiento necesario y va a llegar al punto del roce entre Donald Trump y López Obrador”, señala el analista político Juan Pablo Galicia.
El especialista en política agrega que López Obrador ofrecerá empleo a los migrantes en sus proyectos de la zona sur del país, sin embargo, esa estrategia sólo solucionará el problema de la crisis migratoria por un momento. Después, el gobierno de Estados Unidos puede presionarlo para obtener soluciones permanentes.
El internacionalista Eduardo Rosales Herrera recuerda que el gobierno estadounidense propuso que México se convirtiera en un tercer país seguro, es decir, una nación que funciona como una especie de filtro y centro migratorio de solicitantes de asilo de otro gobierno, en este caso Estados Unidos.
Otro de los temas conflictivos entre las dos naciones es la seguridad. López Obrador pretende crear una Guardia Nacional, que se prevé tenga 50 mil miembros provenientes del Ejército, la Marina y Policía Federal. Rosales Herrera considera que esta decisión es en respuesta a las peticiones del gobierno de Estados Unidos.
“Cuando ganó López Obrador inmediatamente vino la plana mayor de Estados Unidos a establecer sus condiciones. Una de ellas es la lucha contra el narcotráfico y la delincuencia organizada. La respuesta de México fue la creación de la Guardia Nacional”, plantea el internacionalista.
El experto agrega que con la llegada de un nuevo presidente siempre se crea un nueva estrategia contra el narcotráfico por petición del gobierno estadounidense. Explica que con Felipe Calderón fue el Operativo Michoacán, con Peña Nieto la creación de la Gendarmería y ahora la Guardia Nacional.
Ya existe mucha información sobre las repercusiones de la austeridad republicana en las embajadas y la doctrina que pretende guiar las relaciones internacionales de México, sin embargo, las certezas sobre la política exterior del próximo gobierno aún no son del todo claras. La verdad se sabrá cuando se presente el Plan Nacional de Desarrollo.
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