Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) edificó una muralla de opacidad en torno a sus acciones para aclarar más de 12 mil millones de pesos que “perdió” entre 2019 y 2020, sus primeros años de operaciones, de acuerdo con indagatorias del gobierno federal a través de la Auditoría Superior de la Federación y la Secretaría de la Función Pública.
Mientras las investigaciones siguen su curso, el propio presidente Andrés Manuel López Obrador ha recalcado que no encubrirá a ningún funcionario por este desvío en la dependencia.
Con los argumentos de la inexistencia y la reserva, el organismo creado con la fusión de Diconsa y Liconsa, se ha negado a proporcionar información sobre los procesos internos y jurídicos que ha realizado para recuperar el dinero faltante, así como los contratos irregulares con presuntas empresas fantasma.
Además, Diconsa y Liconsa han incumplido con la actualización del Índice de Expedientes Clasificados como Reservados (IECR) del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI). En este año nuevo aún no habían precisado cuántos asuntos clasificaron en el segundo semestre de 2021.
El 16 de agosto de 2018, aún como Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador anunció la fusión de Diconsa y Liconsa en una sola entidad que se llamaría Segalmex. El nuevo organismo, sectorizado en la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, quedaría a cargo de la comercialización de 36 productos de la canasta básica a precios accesibles para las poblaciones vulnerables de México.
En julio de 2020, la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda reveló que el organismo era investigado por compras simuladas, desvío de subsidios, adjudicaciones directas a empresas fantasma y faltantes en inventarios. En enero de 2022, la SFP interpuso una demanda penal por presunto desvío de dinero.
Se trata de un supuesto desvío de dinero que habría causado uno de los mayores daños al erario en la última década.
‘No hay protección para nadie’
Faltan dos años para que concluya el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y el paradero de por lo menos 12 mil millones de pesos de Seguridad Alimentaria de México (Segalmex) —la entidad encargada de garantizar la alimentación de las poblaciones vulnerables— es desconocido.
El desfalco ha ocasionado 40 denuncias ante la Fiscalía General de la República, 661 expedientes de investigación en la Secretaría de la Función Pública, detección de 30 empresas involucradas y la identificación de 29 funcionarios públicos que habrían participado en el desfalco.
Lo anterior de acuerdo con la comparecencia de Roberto Salcedo Aquino, secretario de la Función Pública, ante la Cámara de Diputados, y la reunión de Leonel Cota Montaño, director de Segalmex, con diputados, en noviembre pasado.
En julio de 2022, el Presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que el Gobierno federal no encubrirá a nadie por el desvío de dinero en Segalmex.
“No hay protección para nadie, cero impunidad, porque si no, no avanzamos, si se protege a corruptos no avanzamos y eso se sabe bien”, expresó el primer mandatario.
Pese a que las autoridades reconocen una red de funcionarios que usaron un esquema para desviar dinero, sólo René Gavira Sagreste quien fue director de Administración y Finanzas del 14 de febrero de 2019 al 30 de junio de 2021, ha sido imputado.
Gavira Sagreste fue acusado de adquirir 10 mil títulos bursátiles con un valor de 100 millones de pesos de una casa de bolsa con dinero de Segalmex, pese a que esa acción está prohibida en el estatuto orgánico de la dependencia.
Por esa acción, en abril de 2021, un juez vinculó a proceso a Gavira Sagreste, pero con la posibilidad de llevar el juicio en libertad. El exfuncionario quedó obligado a una firma quincenal ante la Unidad de Medidas Cautelares y Suspensión Condicional del Proceso, además de que se le prohibió salir de la Ciudad de México y la Zona Metropolitana, así como acercarse a los testigos del caso.
En noviembre, otra juez abrió un segundo proceso en su contra. Esta vez fue por la presunta autorización de compras ilegales en Liconsa entre 2019 y 2020. También se fijó un plazo para la investigación complementaria, lo que implicó que el exfuncionario quedara en libertad con medidas cautelares.
No hay protección para nadie, cero impunidad, porque si no, no avanzamos, si se protege a corruptos no avanzamos y eso se sabe bien
