Los niveles de violencia homicida que existen entre los reclusos de las cárceles del Sistema Penitenciario de Jalisco durante la actual administración ya rebasaron los alcanzados en los dos últimos sexenios, según los registros de la Dirección General de Prevención y Reinserción Social del Estado.
El gobierno que encabeza Enrique Alfaro Ramírez asegura que la operación de las cárceles privilegia el respeto de los derechos humanos, pero en tan solo dos años de gestión, la cantidad de reclusos asesinados ya supera a la que heredaron los exgobernadores Emilio González Márquez (2007- 2013) y Aristóteles Sandoval Díaz (2013-2018).
Lo anterior se corrobora en el informe titulado “Cantidad de personas privadas de su libertad en los centros penitenciarios dependientes de la Dirección General de Prevención y Reinserción Social del Estado de Jalisco, que han fallecido en el periodo comprendido del año 2007 al 28 de septiembre del 2020”, al que tuvo acceso Reporte Índigo vía transparencia (folio 06618520).
Algunas de las causas de muertes registradas son degollamiento producido por arma cortante y asfixia por ahorcamiento
Dicho registro señala que en el mandato del exgobernador panista, González Márquez, se cometieron siete homicidios de internos en las cárceles del estado; mientras que en la administración del exmandatario del PRI, Sandoval Díaz, las prisiones fueron escenario de ocho homicidios de reclusos.
En el gobierno de Enrique Alfaro, que inició el 6 de diciembre de 2018, se han registrado 11 homicidios de internos del sistema penitenciario, la mayoría por la disputa del 22 de mayo de 2020 en la Comisaría de Sentenciados de Puente Grande, que dejó ocho reclusos fallecidos y ocho con lesiones.
Ese incidente ocurrido en mayo de 2020 es el peor multihomicidio del que se tenga registro en el sistema carcelario de Jalisco, al menos en el periodo de 2007 a la actualidad; en estos casi 14 años nunca se había dado una pugna interna con esa cantidad de víctimas mortales, según los datos oficiales.
La motivación detrás de ese multihomicidio en el que se utilizaron armas de fuego habría estado relacionada con el control del autogobierno, por lo que cobran relevancia las palabras que emitió el exsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana federal, Alfonso Durazo Montaño, cuando explicó las causas del cierre de la prisión federal de Puente Grande.
“En algunos casos la razón fundamental es sacarlos de su zona de confort porque, por ejemplo, a los reos pertenecientes al Cártel Jalisco Nueva Generación, estar en el penal de Puente Grande es tener todas las condiciones para conservar el autogobierno, y parte del objetivo es precisamente dispersar a estos criminales para anular la posibilidad de que reproduzcan el autogobierno en otros penales”, dijo el 1 de octubre.
Muertes en tinieblas
En el sistema penitenciario de Jalisco han ocurrido 37 fallecimientos de reclusos sobre los cuales las autoridades aseguran desconocer la causa de muerte: 23 durante el gobierno del exmandatario González Márquez; y los 14 restantes en el de Sandoval Díaz.
También destacan nueve muertes violentas que están plasmadas en el registro de la dependencia en las cuales se señala la causa de muerte, pero no se especifica si se trataron de homicidios o suicidios, lo que abre paso a la manipulación de las cifras: uno ocurrió con González Márquez; cuatro con Sandoval Díaz; y cuatro más con Alfaro Ramírez.
Las causas de muerte registradas en estos casos son “degollamiento producido por arma cortante”; “asfixia por ahorcamiento” (en cuatro casos); “ahorcado”; y “asfixia mecánica por ahorcamiento” (en tres casos).
En el periodo que considera la base de datos —de 2007 a septiembre de 2020— se da cuenta en total de 523 muertes de reclusos en el sistema penitenciario de Jalisco, de los cuales 50 fueron suicidios: 18 con González Márquez; 24 con Sandoval Díaz y ocho con Alfaro Ramírez.
Carencia de custodios en las cárceles
El 3 de septiembre de 2020, el Congreso de Jalisco atendió la recomendación 12/2020 de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) al exhortar al Poder Ejecutivo incrementar los recursos del Sistema Penitenciario para contar con más personal de custodia en sus instalaciones.
En la recomendación, la CEDHJ concluyó que se habían violado los derechos humanos de un interno que perdió la vida a consecuencia de agresiones cometidas por otro recluso.
Según el Congreso, la Comisión acreditó que no se cuenta con personal suficiente de custodios que garanticen el orden, estado de fuerza y control y permitan salvaguardar la integridad física de los internos.
El número de presos no es compatible con el número necesario de personal de custodia que se requiere para atender de manera integral la vigilancia y protección de las personas privadas de la libertad, pues como dato se encontró que el módulo 12 del Centro Penitenciario, al día 22 de julio de 2019, había una población de 424 internos para un solo elemento de vigilancia, lo que hace imposible garantizar los derechos humanos de los internos
Esta falta de vigilancia en las prisiones también es un riesgo para los visitantes. En 2015 se tiene registro de tres muertes violentas de visitantes: una registrada como “asfixia por ahorcamiento”, y dos como “en investigación (probable homicidio)”.