La migración durante el gobierno de AMLO y los pendientes para Sheinbaum
La migración fue uno de los temas más complicado durante el sexenio, razón por la que el presidente cambió su estrategia durante su mandato
Catalina DíazEl tema de la migración ha sido uno de los puntos más complejos y desafiantes durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, que comenzó en diciembre de 2018 y terminará este mes de septiembre.
Ha enfrentado desde un cierre de fronteras, debido a la pandemia, hasta un panorama de migración masiva y creciente desde Centroamérica y ahora también de Asia y África hacia los Estados Unidos.
México ha tenido que asumir un rol protagónico como país de tránsito, destino y, en muchos casos, de contención, en buena medida por las presiones del gobierno estadounidense, especialmente, de la administración Trump.
Es por ello que la política migratoria mexicana de este sexenio ha evolucionado para adaptarse a las presiones tanto internas como externas.
Las presiones de Estados Unidos y la respuesta mexicana
Si bien el gobierno de Donald Trump ejercía presión desde el mandato de Enrique Peña Nieto, fue en 2019 que tomó medidas más agresivas y la llegada de la pandemia dio pie a una de las políticas más severas contra la migración: el Título 42.
Al inicio de su mandato, López Obrador adoptó una postura más humanitaria hacia los migrantes, prometiendo empleos y mejores condiciones de vida para los centroamericanos que pasaran por México, ya que hay que recordar que de acuerdo con las leyes mexicanas, la migración ilegal en el país no es un delito.
Su postura inicial buscaba llevar con corresponsabilidad con los otros gobierno de la región las causas profundas de la migración, como la pobreza, la falta de oportunidades y la desigualdad.
Y aunque un logro de este gobierno fue obtener el reconocimiento de que era un problema en el que había corresponsabilidad y que fue aceptado por Estados Unidos y los gobiernos del Triángulo Norte de Centroamérica, la realidad es que no hubo un cambio significativo en las políticas estadounidenses con respecto al tema ni en sus acciones para ayudar a atacar las causas de la migración, ni siquiera cuando Joe Biden nombró a Kamala Harris como la principal interlocutora en la materia.
El momento más difícil fueron los amagos del expresidente Trump en 2019 de establecer aranceles a las importaciones provenientes de México, que tiene como principal socio comercial a Estados Unidos.
Desde la narrativa del republicano, afirma que obligó a México a quedarse con los migrantes mientras esperaban una cita para solicitar asilo mediante procesos de negociación que en México fueron llevados por la Secretaria de Relaciones Exteriores (SRE), en ese momento encabezada por Marcelo Ebrard.
Las políticas de Trump: el Título 42 y el programa Quédate en México
Desde 2018, la administración Trump implementó una política que limitaba el procesamiento de solicitantes de asilo sólo a los puertos de entrada de la frontera.
Esta práctica, conocida como metering, provocó que los migrantes se quedarán en la frontera esperando a ser atendidos por los agentes fronterizos, que no lograban darse abasto.
La consecuencia de ello fue que se crearon listas de espera para que los migrantes fueran atendidos, mientras se quedaban en las ciudades fronterizas del lado mexicano.
Después, en enero de 2019, se implementaron los “Protocolos de Protección a Migrantes” El MPP, más conocido como “Quédate en México”.
Este programa fue un complemento al anterior y obligaba a los solicitantes de asilo a esperar en México mientras buscaban ingresar a los Estados Unidos. Aunque ya ocurría con el metering, el “Quédate en México” lo plasmaba de facto.
Después el mundo dio un vuelco por completo con la pandemia en 2020, cuando debido a la emergencia sanitaria se cerraron las fronteras.
Entonces se creó el Título 42, que implicaba la expulsión inmediata de los migrantes, debido a los riesgos sanitarios, sin darles la oportunidad de solicitar asilo en Estados Unidos, por lo que eran enviados de vuelta a México.
México en ese momento evitó convertirse en un tercer país seguro de jure, sin embargo, lo fue de facto, en el sentido de que expulsaba a los migrantes a nuestro país y los obligaba a permanecer allí mientras avanzaba su proceso de asilo. En algún punto, Trump buscó que solicitaran asilo en México si querían llegar a Estados Unidos.
Esta situación acrecentó la problemática de los migrantes en las zonas fronterizas mexicanas, pues miles de personas comenzaron a vivir en campamentos irregulares, usualmente sin servicios, hacinados y expuestos a ser víctimas del crimen organizado.
En respuesta, el gobierno de México endureció significativamente su postura. A través de un acuerdo firmado en junio de 2019, México aceptó desplegar a la Guardia Nacional en su frontera sur, con el objetivo de frenar la migración irregular.
Las detenciones en la frontera de México y EU en el sexenio de AMLO
Hay que recordar que los años fiscales son la medida de los gobiernos estadounidenses y comienzan en octubre y terminan en septiembre del siguiente año.
El año fiscal (FY) de 2020, por ejemplo, comenzó en octubre de 2019. El actual año fiscal 2024 terminará este 30 de septiembre.
Debido a estas restricciones, las detenciones en la frontera entre México y Estados Unidos durante el sexenio llegaron a su punto más bajo en el año fiscal 2020, el año en que comenzó la pandemia. Y fueron acrecentándose conforme se fueron retirarndo las restricciones sanitarias a los viajes.
Biden, el fin de la pandemia y las caravanas migrantes
Con el triunfo electoral de Joe Biden en 2020 y su llegada como presidente en enero de 2021, se suavizaron ligeramente las políticas migratorias. También el fin de dos años de pandemia permitió que las fronteras y los flujos globales, de bienes y humanos, se reactivaran.
Durante 2020 y 2021, las deportaciones y las restricciones impuestas por México y Estados Unidos generaron más incertidumbre para los migrantes. La pandemia también exacerbó las condiciones de vulnerabilidad en las que viven muchos migrantes, aumentando el riesgo de contagio y complicando el acceso a la atención sanitaria.
Con Biden se acabaron, aunque le tomó un poco de tiempo, el metering, el Título 42 y el programa “Quédate en México”.
Sin embargo, sí que impuso nuevas regulaciones para los migrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela. En ellas, indicaba que no serían elegibles para asilo los migrantes que hubieran cruzado la frontera mexicana o panameña (el paso del Dairén) con posterioridad al 19 de octubre de 2022 y para cubanos, haitianos y nicaragüenses, después del 9 de enero de 2023.
Dejando en vilo a miles de migrantes que ya se encontraban en tránsito a través de esos territorios.
La llegada de Kamala Harris como negociadora dio pie a que el gobierno de López Obrador pusiera en marcha, apoyado desde la CEPAL por Alicia Bárcena (actual canciller mexicana), un programa de corresponsabilidad entre los gobiernos de Estados Unidos, México y el Triángulo Norte de Centroamérica (Guatemala, Honduras y El Salvador).
Se trata del Plan de Desarrollo Integral para Centroamérica, con el que el gobierno mexicano se encargó de buscar financiamiento estadunidense, a la par que exportó dos programas sociales insignia de López Obrador a Centroamérica: Jóvenes Construyendo el Futuro y Sembrando Vida.
Aun así, el gobierno de López Obrador se enfrentó a un fenómeno de migración creciente, cuya máxima expresión fueron las caravanas migrantes, algunas agrupando a miles de migrantes viajando juntos en su intento por protegerse unos a otros en su paso hacia Estados Unidos.
El gobierno de AMLO ha mantenido su enfoque de controlar los flujos migratorios, y tuvo el acierto de buscar iniciativas de colaboración con Estados Unidos para abordar las causas profundas de la migración en Centroamérica, como la pobreza y la inseguridad, las detenciones y deportaciones de migrantes continúan siendo elevadas.
Crisis humanitaria migrante en México
El endurecimiento de la política migratoria en México ha provocado una crisis humanitaria entre la población migrante.
Miles de migrantes han quedado varados en condiciones precarias en las fronteras, particularmente en ciudades como Tijuana, Ciudad Juárez y Matamoros, al norte, y Tapachula y Tuxtla Gutiérrez en el sur, donde enfrentan la falta de servicios básicos y la violencia mientras esperan sus procesos de asilo en Estados Unidos.
Las organizaciones de derechos humanos han denunciado la situación, destacando la falta de acceso a servicios médicos, de agua potable, alimentos y refugio adecuado. Además, se han reportado múltiples incidentes de violencia y abusos contra los migrantes, tanto por parte de grupos criminales como de autoridades mexicanas.
Tristemente célebre es el caso del incendio en el centro de detención de migrantes en Ciudad Juárez que ocurrió la noche del 27 de marzo de 2023 y resultó en la muerte de 4o migrantes, quienes fallecieron calcinados al quedar encerrados en el recinto, mientras los empleados del INM salieron del lugar.
De acuerdo al boletín de estadísticas migratorias de la Secretaría de Gobernación, el año más bajo para las detenciones de migrantes en el país fue el 2020, año de la pandemia, cuando se registraron 82,379 “eventos de extranjeros presentados ante la autoridad migratoria”.
A partir del siguiente año, el nombre cambiaría a “eventos de personas en situación migratoria irregular”. El año con más casos ha sido este 2024, que hasta julio acumula 828, 505, de los cuales, 97,759 son menores.
Lo que se hizo bien en materia de migración con AMLO
Para Luicy Pedroza, doctora por la Universidad de Bremen e investigadora del Centro de Estudios internacionales del Colmex, uno de los aciertos de la política migrante de López Obrador fue oponerse a ser un tercer país seguro de jure, pese a que las políticas implementadas en su momento por Estados Unidos hicieron que México lo fuera de facto
“Importa que no sea de jure, ¿por qué? Porque entonces la responsabilidad, pues, es más bien dada por las circunstancias políticas, pero México no se ha comprometido a través de un acuerdo oficial para aceptar estas personas solicitantes de asilo de manera que su solicitud aquí invalide cualquier posibilidad de pedir asilo en otro país”, afirma.
Aníbal García, doctor en Estudios Latinoamericanos por la UNAM, coincide en que fue acierto del gobierno actual fue no negociar con Estados Unidos desde una posición sumisa, sino buscar, por distintas vías, la solución a un problema regional.
“Sí o sí tenemos que estar sentados con ellos para negociar muchas cosas, entonces haber hecho esta negociación con Estados Unidos y además establecer los propios intereses de México con respecto a temas como migración”, asegura.
Pedroza cree que una de esas “cartas alternas”, fue la presión de México en cuando al tema del tráfico ilegal de armas como parte de su estrategia de negociación con el gobierno estadounidense.
Además, los expertos coinciden en que debe destacarse la estrategia mexicana de buscar que la migración sea percibida como un fenómeno que requiere del tratamiento de todos los países implicados en la región.
Especialmente el Plan de Desarrollo Integral para el sur de México y Centroamérica, que busca atender el asunto de la migración como un asunto internacional, y la exportación de sus programas Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro, pese a que hasta ahora su alcance aún es modesto en esa región.
Lo que se debe mejorar y los retos de Claudia Sheinbaum en migración
La migración en el sexenio de López Obrador estuvo marcada por un cambio drástico de una política inicialmente humanitaria a una de contención bajo la presión de Estados Unidos, si bien el gobierno mexicano ha intentado balancear sus políticas con un enfoque de desarrollo regional, los desafíos para frenar la crisis humanitaria no han desaparecido.
El fenómeno migratorio en México seguirá siendo un tema clave en el contexto de las relaciones con Estados Unidos, y las políticas que se adopten en los próximos años serán cruciales.
En ese sentido, el gobierno de Claudia Sheinbaum deberá buscar la respuesta ante una crisis que afecta tanto a migrantes como a las comunidades que los acogen o rechazan.
La doctora Pedroza cree que se debe mejorar la responsabilidad del Estado mexicano para con los migrantes, de tal firma que los tres órdenes de gobierno tengan estrategias y recursos para atender a los migrantes.
La experta cree que el gobierno municipal es el más afectado, pues es el primero en tener que responder ante la llegada de personas migrantes que se quedan atrapadas en nuestro territorio.
“Su responsabilidad de proveer a los tres órdenes de gobierno de recursos para atender el desafío de recibir dignamente a las personas migrantes y más allá de una atención humanitaria inmediata, ofrecer las posibilidades de quedarse en México por medios legales y también si así lo desean”, explica.
En sentido, ambos expertos consideran que se deben buscar regulaciones migratorias que favorezcan la protección de los derechos humanos de los migrantes. “Es responsabilidad de México resolver la precariedad legal y la falta de recursos también de los municipios que se han convertido en grandes receptores de personas migrantes”, asegura Pedroza.
“Mejorar la institucionalidad, eso pasa por mejorar los procesos, la forma en la que se atiende, capacitar mejor al personal, ver qué aspectos se pueden cambiar en la ley (…) porque estamos atendiendo un problema que excede las capacidades, que es regional, pero la ley se ha quedado en el pasado. Entonces hay que reformarla porque la migración cambió, entonces si la migración. Cambia el problema, si cambia entonces la forma de hacer política pública tiene que cambiar”, afirma Aníbal García.
En el sentido de mejorar la institucionalidad, Pedroza acota que se debe buscar también acabar con la corrupción en organismos como el Instituto Nacional de Migración, cuyos agentes han sido denunciados por los migrantes por abuso de autoridad o extorsiones.
Además, se debe garantizar la seguridad de los migrantes, que suelen ser víctimas de grupos del crimen organizado.
Sheinbaum, cree Pedroza, también debe liderar una negociación multilateral con Estados Unidos. “No funciona que México negocie y los países centroamericanos negocian bilateralmente con Estados Unidos, porque ahí la asimetría de poderes gigantesca y si México y Centroamérica pueden negociar una posición común y sentarse con Estados Unidos, su posición podría ser más fuerte”.
El gobierno entrante también debería apoyarse mucho más en Latinoamérica y revisar las buenas prácticas en términos de migración implementadas en países como Colombia y Argentina.
La futura presidenta también deberá ser más firme con el involucramiento de Estados Unidos en los programas de México en Centroamérica.
“Porque la inmigración está determinada, no solamente por oportunidades económicas, aunque es obviamente un factor importante, sino también por condiciones que tienen que ver con el Estado de derecho, sobre todo en Centroamérica, en El Salvador, entonces ahí digamos que las limitaciones de esos programas nos hacen pensar que no debería ser la única estrategia del gobierno”, indica Pedroza.
Además, se debe mejorar la transparencia en las futuras negociaciones de México con Estado Unidos, indica la investigadora del Colmex. “Asombra mucho que México no haya exigido una mayor corresponsabilidad de Estados Unidos ante la situación que provocó en México”.
El problema principal fue que no se respetó el orden institucional para hacerlo, es decir, las negociaciones quedaron en manos del entonces canciller Marcelo Ebrard, por lo que la Secretaría de Relaciones Exteriores no estuvo obligada de emitir más detalles, pues no está regulada esa función en la dependencia.
El tratamiento migratorio y sus negociaciones sí están regulados y debe ser llevados por la Secretaría de Gobernación, a través del Instituto Nacional de Migración (INM), donde existe Consejo Ciudadano que sí podía solicitar explicaciones de las negociaciones.
“Retomar la institucionalidad es importantísimo, eso da nos da seguridad a nosotros para saber qué cosas están negociando nuestro gobierno y cómo”, indica.
En ese sentido, la experta espera que el gobierno de Claudia Sheinbaum entienda la necesidad de trabar en conjunto con las asociaciones de sociedad civil, que en muchos casos llevan la carga más grande en la atención humanitaria a los migrantes, pero también “pueden servir como un contrapeso para limitar el poder de Estados Unidos en las negociaciones y en sus presiones”.
“Porque así, México puede demostrar que tenemos instituciones de vigilancia de la política migratoria y de acompañamiento en el país que están constituidas pluralmente por organismos independientes, por la sociedad civil y por académicos”, sentenció.
