La maquinaria de Morena afila la guillotina para siete organismos autónomos

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, tendrá un mes completo para sacar el último paquete de reformas constitucionales que no había podido aprobar en la presente Legislatura por falta de votos.

Ahora, con una inminente mayoría calificada en el Congreso de la Unión, el titular del Poder Ejecutivo buscará empujar diversas reformas en la Constitución para realizar cambios profundos al Poder Judicial y desaparecer ahora sí, los organismos autónomos que tanto ha criticado.

Con una maquinaria guinda de senadores y diputados a su servicio, el partido oficialista buscará extinguir estos entes que nacieron con el objetivo de servir como contrapeso al gobierno y velar por los derechos de los ciudadanos.

Y es que en este sexenio, ese planteamiento no ha  podido prosperar debido a que al presidente y a Morena no les alcanzan  los votos necesarios en las cámaras legislativas, además del freno que metieron las fracciones parlamentarias de los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática.

Así, de esta manera estarían en peligro siete organismos autónomos que operan en la actualidad, entre los que destaca el  Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) que ha sido blanco de constantes críticas de parte del presidente mexicano y el cual ha sido señalado de tener una “burocracia dorada”.

El INAI tiene como encargo legal garantizar el derecho a la información de todos los mexicanos, además de que esta plataforma ha servido para destapar actos de corrupción cometidos por gobiernos anteriores y de la propia administración federal.

Cofece: otro en la mira

La Comisión Federal de Competencia Económica también ha estado en el radar de ataque del Poder Ejecutivo y de la fracción parlamentaria de Morena en esta gestión.

La propuesta de aniquilarla, sin embargo, ha generado pronunciamientos en contra como el del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) que alertó que este borrón del mapa de los órganos constitucionales autónomos podría comprometer la estabilidad y desarrollo económico del país.

“La eliminación de estas instituciones podría generar incertidumbre y desconfianza entre  los inversionistas nacionales e internacionales, afectando así la atracción de capital necesario para el  crecimiento sostenible y dejando pasar la oportunidad única de México de crecimiento propiciada por la  relocalización”, manifestó el IMEF.

El Instituto Federal de Telecomunicaciones, por su parte, también ha expresado su preocupación en estos días tras una modificación a sus estatutos por parte de Morena en el segundo semestre de este año.

Un instituto cuya importancia radica en su facultad de conducir procesos de licitación para el uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico. Esta función es esencial para garantizar el derecho de acceso a la información y la libertad de expresión.

A esta lista negra se suman el Consejo Nacional de Evaluación de Política de Desarrollo Social, la Comisión Nacional de Hidrocarburos, la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación y la Comisión Reguladora de Energía.

Los diputados y senadores del partido Morena, alineados con el presidente López Obrador, han apoyado de forma contundente estas reformas que buscan eliminar los organismos autónomos, pues argumentan que su existencia representa un exceso burocrático y económico para el Estado.

Hasta el momento, el partido oficialista y aliados no cuentan con la fuerza suficiente tanto en la Cámara de Diputados y el Senado para aprobar modificaciones a la Constitución y reestructurar a dichos entes que reciben financiamiento propio.

‘No es posible un México sin un INAI’

Adrián Alcalá, comisionado presidente del INAI aseguró que se encuentran abiertos al diálogo en la próxima administración federal y que defenderán con firmeza la transparencia del país.

En entrevista con Reporte Índigo, Alcalá afirmó que es necesario construir a partir del diálogo entre todas las partes y puso como ejemplo el Parlamento Abierto que se podría generar en el Congreso de la Unión sobre la existencia de los organismos autónomos en los próximos meses.

“El INAI es una conquista ciudadana y un logro democrático resultado de la lucha social, desde aquellas épocas en que la transparencia y rendición de cuentas era un reclamo social para controlar la función pública”, sostuvo el comisionado.

Hizo énfasis en que el INAI ha logrado transformar la vida de varias personas a través de solicitudes de información que han hecho en estos años de existencia, por lo que hizo un llamado a establecer los mecanismos necesarios para dialogar.

“Nosotros más que nunca debemos buscar la forma de establecer puentes; podemos mejorar y podemos estar a la altura de una ciudadanía que exige transparencia a sus gobiernos, no permitamos que exista un México sin INAI”, remató el comisionado presidente.

Los siete frente a la desaparición

En lo que va de 2024, los órganos autónomos incluidos en el paquete de reformas administrativas enviado el pasado 5 de febrero por el presidente Andrés Manuel López Obrador al Congreso han gastado poco más de 500 millones de pesos, de acuerdo con sus contratos publicados en CompraNet.

La cifra apenas equivale a lo que el Sistema de Administración Tributaria rifó el pasado diciembre en el llamado Buen Fin –el periodo de ofertas más importante del año– entre consumidores.

Se trata del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), el Consejo Nacional de Evaluación de Política de Desarrollo Social (Coneval), la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu), la Comisión Federal de Competencia (Cofece), la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

De estos, sólo el INAI no ha publicado un solo contrato en CompraNet este año. Los demás lo hicieron y reflejaron de esa forma su manera de operar en estos meses cuando la estocada se acerca debido a la posibilidad de que en el Congreso federal, Morena y los partidos aliados conformen una mayoría calificada.

La mesa está puesta. El jueves 6 de junio el coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, adelantó que las reformas presentadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador serán procesadas y votadas, en cuanto se instale la nueva Legislatura.

La justificación del presidente Andrés Manuel López Obrador para desaparecerlos es que han sido “facciosos, onerosos y antipopulares”, según la conferencia “mañanera” del jueves 18 de enero de 2024. A partir de entonces, estos organismos han concentrado su presupuesto en gastos de oficina como compra de artículos de papelería, producción de videos o mensajería.

Aun en la cuerda floja, hay una mirada puesta en el futuro. El IFT, el Coneval, la Mejoredu, la Cofece y la CRE tienen 37 contratos firmados hasta 2025, 2026 y 2027. Los de mayor plazo son los del IFT para 2027. Uno es para un servicio de testigos de transmisión de señales de radio y televisión por 32 millones 68 mil 965 pesos. El otro es para servicios de asistencia médica ambulatoria de primer contacto, así como asesoría psicológica y nutricional para los colaboradores del instituto por 10 millones 787 mil 620 pesos.

El más caro de los contratos a futuro también es del IFT por 60 millones 344 mil 827 pesos. Está abierto hasta 2025 y fue para los servicios de una agencia de medios para la planeación, administración y contratación de medios tradicionales para campañas de difusión.

¿México sin transparencia?

Este 11 de junio, el marco jurídico que ordenó la formación del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) cumplirá 22 años. Será un aniversario definitivo pues el Instituto se enfrenta a su eventual desaparición y trabaja solo con cuatro de los siete comisionados que por ley debe tener.

El INAI se enfrenta a su desaparición y la transparencia en México aún no es plena. En estos momentos, hay 88 mil 860 expedientes bajo reserva; es decir asuntos que las dependencias gubernamentales se resisten a dar a conocer a los ciudadanos, según el Índice de Expedientes Reservados del mismo Instituto.

De prosperar la iniciativa para extinguir al órgano de la transparencia mexicana y de acuerdo con lo dicho por el presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia matutina el 8 de enero de 2021, esos asuntos pasarían a la Secretaría de la Función Pública (SFP). “Fast track, así, rápido, que se esté obligado a en 72 horas a entregar la información, que no haya reservas, transparencia completa y que el funcionario que no entregue en tiempo sea sancionado”, expresó el primer mandatario.

Pero entre las dependencias federales, la SFP es una con el mayor nivel de opacidad. En el cúmulo de expedientes reservados, esa secretaría ocupa el tercer sitio después de la Secretaría de Energía (SE) y la del Trabajo y Previsión Social (STyPS). Tiene mil 450 expedientes con el candado de la reserva, en tanto que la de SE tiene 6 mil 34 y la STyPS guarda 16 mil 591.

La circunstancia crítica del INAI fue resultado de la anulación del presidente Andrés Manuel López Obrador el 15 de marzo de 2023 de los nombramientos de dos comisionados. El argumento fue que el proceso para la selección fue turbio. Por esos días, Francisco Javier Acuña Llamas, fundador y expresidente del Instituto, terminó su periodo como comisionado.

La falta de integrantes hizo que el organismo cayera en un periodo de inoperancia que duró cinco meses. Pero el INAI dio una batalla legal que llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que le permitió trabajar sin quórum y llegar a este presente.