Todo el aparato que mueve la operación de las empresas de seguridad privada en el país lleva más de tres décadas y es en buena parte el responsable del fracaso en la materia, afirma Paloma Mendoza, investigadora del CESIG ITAM.
“Las prácticas de las empresas y contratistas de seguridad son uno de los factores que no se han discutido a pesar de su papel activo en la realidad operativa del panorama de seguridad en México.
“Las empresas privadas de seguridad son actores ocultos que poseen gran influencia tanto en el ejercicio presupuestal como en la toma de decisiones, y aunque comparten la responsabilidad del fracaso de la estrategia gubernamental, nunca asumen las consecuencias”
De acuerdo con Mendoza, la presencia de empresas de seguridad privada en México precede al gobierno de Felipe Calderón.
Fue a raíz de la Iniciativa Mérida que la inseguridad en México se convirtió en el segundo mayor mercado en Latinoamérica después de Colombia, cuando se incrementó exponencialmente este tipo de empresas y consultorías que ofrecen todo tipo de productos y servicios de seguridad, principalmente de software y tecnología de vigilancia.
“Al ser constituidas como empresas privadas, proveedoras de bienes, servicios y tecnología, no están obligadas a facilitar información a pesar de que su contacto con funcionarios en materia de seguridad influye directa o indirectamente en la toma de decisiones del país, así como en el equipo y tecnología operativa de seguridad.
“Como consecuencia de la falta de transparencia y acceso a la información en estos temas, es difícil determinar con precisión los montos presupuestales que terminan en manos de empresarios privados de seguridad”, explica la experta.
La especialista asegura que un número indeterminado de estas empresas son fundadas o contratan a exfuncionarios de seguridad y académicos influyentes para asegurar contratos.
“Tal es el caso del exsecretario de Seguridad Pública Genaro García Luna, actualmente preso en Estados Unidos acusado de lavado de dinero y de tener nexos con el narcotráfico, quien era propietario de una empresa consultora de seguridad GLAC (GL and Associates Consulting) que tenía oficinas en Miami y México y ofrecía servicios y productos de inteligencia a empresas privadas y al gobierno aprovechando la red de contactos que hizo durante toda su carrera”, expone.
Estos son apenas casos ilustrativos de los procedimientos que se realizan con estas empresas cuya operación es poco transparente.
“Otro caso es el de la adquisición de Pegasus, vendido por Techbull, una subsidiaria de Balam Seguridad Privada. La empresa Balam también vendió a la PGR el sistema Tactical Unmanned Aerial System TUAS Aerostar, de la empresa israelí Aeronautics. Otras versiones señalan que la adquisición se hizo a través de un intermediario, la empresa estadounidense Security Tracking Systems, así como una segunda empresa estadounidense AV&D Solutions y no directamente con NSO Group, que supuestamente sólo vende a gobiernos nacionales.
“CISEN experimentó la misma situación, ya que después del escándalo público se descubrió que fue adquirido a través de la empresa italiana Hacking Team, supuestamente relacionada con Tomás Zerón, exjefe de la Agencia de Investigación Criminal, quien actualmente está prófugo de la justicia y de quien se rumora que se encuentra en Israel protegido por los empresarios de tecnologías de seguridad de ese país”, expone la investigadora.
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