La mano del gobierno en la crisis de vivienda

Para el sector de bienes raíces, el interés de extranjeros y clases altas en las colonias centrales de la Ciudad de México, es un fenómeno positivo que impulsa el desarrollo y la calidad de la vivienda, los espacios comerciales de la zona y los servicios.

“Se le da una mejora al desarrollo inmobiliario sobre todo con esta tendencia de usos mixtos en los edificios, en donde hay proyectos en los que se mezclan vivienda, oficinas y espacios de negocios que incluyen centros comerciales.

Esto conlleva que haya una inversión por parte del gobierno para mejorar la experiencia de la zona y el desarrollador tiene que generar un impacto positivo para atraer a más inversionistas desde un punto de vista comercial”, explica Narváez.

Por su parte, la académica Rosalba González Loyde, coincide con el papel del gobierno en la apreciación de los barrios centrales de la Ciudad, pero desde una perspectiva que genera impactos negativos por la segregación de la población.

“El dinero público ha estado focalizado en estas áreas. Cuando mejoran un parque las viviendas cercanas empiezan a valer más, especialmente si también hay escuelas, hospitales y servicios públicos de calidad en esos espacios.

“Hay una parte de las políticas públicas que provocaron los problemas que tenemos hoy sobre las viviendas y las zonas inasequibles en el centro de la Ciudad, no sólo es un tema del mercado inmobiliario”, explica la consultora independiente en temas urbanos.

Un ejemplo claro de los servicios que se han impulsado únicamente en las colonias centrales de la capital del país es la infraestructura para el transporte de bicicleta y el sistema de transporte de Ecobici, que inició operando en las alcaldías Benito Juárez, Miguel Hidalgo y Cuauhtémoc, aunque recientemente se anunció su ampliación a Álvaro Obregón, Azcapotzalco y Coyoacán.

La especialista agrega que en otros países en donde hay una intervención urbana con recursos públicos, existen programas en los que para otorgar permisos de construcción, se les pide a los desarrolladores inmobiliarios destinar 20 por ciento a la vivienda social, algo que en México no existe.

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