La lucha por una representación real
Las comunidades indígenas de San Luis Potosí lideran una batalla que busca cambiar la manera en la que sus representantes del INPI son designados. Lo que quieren es que se les tome en cuenta a la hora de elegirlos para asegurarse que en verdad vean por sus intereses y sus derechos, los cuales están siendo amenazados por los Megaproyectos
Ernesto Santillán[kaltura-widget uiconfid=”39952882″ entryid=”1_qw584nok” responsive=”true” hoveringControls=”false” width=”100%” height=”75%” /]
Por todo el territorio nacional se libra una lucha por parte de los pueblos indígenas para proteger sus tierras de los Megaproyectos que tanto el Gobierno federal como las empresas privadas buscan edificar.
En el estado de San Luis Potosí, uno de los principales bastiones de esta batalla, el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) ha sido incapaz de nombrar a quienes integrarían la representación estatal, pues las comunidades originarias de la región exigen ser tomadas en cuenta a la hora de elegir y realizar los nombramientos.
Actualmente le corresponde esta tarea al director general del INPI, Adelfo Regino, quien ya tuvo una reunión con representantes indígenas de la Huasteca el pasado 2 de abril, donde le expresaron sus preocupaciones y establecieron una serie de requisitos que consideran fundamentales implementar para resarcir la deuda histórica con pueblos originarios, evitar el despojo de los recursos naturales y el continuismo de políticas “empobrecedoras” y “clientelares”.
“Lo que nosotros estamos pidiendo es que las personas que nos representen en verdad entiendan nuestras necesidades y nuestra cultura; por eso exigimos que sean originarios de la región, que hablen la lengua madre, que tengan estudios y que velen por nuestro intereses”
“Además, ante la falta de leyes tanto locales como federales que nos garanticen la protección de nuestras tierras y recursos naturales, nuestras representaciones son la única herramienta con la que contamos para verdaderamente poder defender nuestros derechos, cuenta en entrevista Rogel del Rosal, quien preside la Coordinadora de Organizaciones Campesinas e Indígenas de la Huasteca Potosina.
Históricamente, las comunidades originarias en el país han sido ignoradas por las autoridades, por lo que el cambio de régimen se presenta como una oportunidad para que puedan participar de manera más real y activa en las decisiones de política pública que afectan tanto su entorno como sus derechos.
En el campo se ubica la mayor parte del patrimonio natural del país y es a su vez hogar de 68 pueblos indígenas cuyas comunidades cuentan con aproximadamente 7.4 millones de personas hablantes de lenguas indígenas, quienes representan el 22 por ciento de la población nacional (30 millones).
De acuerdo con el estudio realizado por grupo de investigadores de distintas instituciones públicas de educación superior como el IPN, la UNAM, la UAM, la BUAP, la UAGro., y la Universidad Veracruzana, entre otras, titulado ‘Por una relación justa entre el campo y la ciudad’ desde la década de 1930 el medio rural no ha figurado en las estrategias y prioridades gubernamentales, las que han privilegiado la industrialización, los mercados, los bancos, el saber occidental, la metropolización y el cosmopolitismo urbano
“Con estas políticas ha crecido la opresión, exclusión, pobreza, marginación, el despojo de tierras y aguas, la voracidad de latifundistas y grandes empresas mexicanas y extranjeras apoyados por políticos, gobernantes, legisladores y jueces.
“El medio rural es la principal fuente de abasto del país, pero paradójicamente está cada vez más aislado y contaminado provocando a su vez la extinción de especies endémicas; además el campo ha sido puesto al servicio de la ciudad moderna y valorado, si acaso, como paisaje natural, autóctono y recreativo únicamente”, señala el informe.
Ante esta realidad, Rogel del Rosal explica que no están en contra de las obras de infraestructura, sin embargo, considera que si estas se llevan a cabo, deben impulsar un conjunto de actividades económicas y sociales con total respeto hacia la naturaleza y teniendo como objetivo el mejoramiento de las condiciones de vida de la población en la región.
La trinchera Potosina
Los Megaproyectos que amenazan las tierras y los derechos de las comunidades indígenas están dispersos por todo el territorio nacional, sin embargo, a partir de la promesa que Andrés Manuel López Obrador hizo a las afueras del congreso local de San Luis Potosí de prohibir el uso de técnicas como el fracking en todo el país, esta entidad se convirtió en un referente de lucha por los derechos de los pueblos originarios y sus tierras.
Ahora, sin acciones concretas por parte de quien en ese entonces era el candidato a la presidencia de México o de sus diputados locales, quienes también se comprometieron a luchar por reformar la legislación local para evitar este tipo de acciones, los representantes indígenas de la región han decidido buscar otro tipo de acciones que les permitan defender los lugares que los vieron crecer.
Los indigenas en México acusan ser representados por personas que no tienen nada que ver con ellos y que no entienden su cultura y sus necesidades
Rogel del Rosal, una de los principales impulsores de esta lucha cuenta que lo que ahora están exigiendo es que todas las Delegaciones o representaciones estatales del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas y quienes las conforman, sean nombradas en conjunto con los pobladores de los pueblos indígenas.
“Lo que ya no queremos es que se impongan delegados que no tienen identidad ni conocen la cultura de los pueblos indígenas. Normalmente se han impuesto personas que son acaparadores de naranja, de café, de piloncillo; personas que no tienen nada que ver con las necesidades y derechos de las comunidades indígenas en la región huasteca.
“Por eso, si queremos una verdadera transformación, debemos empezar por nombrar a personas que sobre todo cuenten con las siguientes características: que hablen el idioma materno, que vivan en la región indígena, que tengan estudios superiores (no obligatorio por las dificultades que hay para estudiar universidad), que tengan el aval de las comunidades indígenas y sobre todo que conozcan la problemática y los derechos de los pueblos indígenas”.
De lograr su objetivo, esta sería la primera ocasión en que las Delegaciones o representaciones estatales del INPI se podrían integrar de forma distinta a como históricamente se ha venido haciendo.
“Generalmente se nombraban a personas allegadas a los partidos políticos en el poder pero eso ya se tiene que superar”, dice Rogel del Rosal.
El ejemplo más claro de estas conductas que tanto daño han generado y que ahora se buscan erradicar se dio a mediados de enero de este mismo año, cuando en la asamblea para elegir al titular de asuntos indígenas del municipio de Xilitla, San Luis Potosí, diversas personas originarias de la región acusaron a los integrantes del partido Morena de meter mano en la elección.
Incluso, el Presidente Municipal Eduardo Martínez Morales, señaló que en la asamblea para la elección del titular de asuntos indígenas, hubo acusaciones de que fueron integrantes de un partido político (Morena) quienes manipularon la elección para que fuese una militante de este instituto quien ganara.
“Actualmente tenemos varios problemas que enfrentar, por eso la importancia de que nuestros representantes tengan el aval de los pueblos indígenas, en este caso nos referimos no solo al fracking, el cual todavía no ha sido prohibido en el estado, también a los gasoductos, el represamiento de ríos, las termoeléctricas y las perforaciones de pozos en yacimientos convencionales y no convencionales, entre otros.”
“Entonces sí necesitamos de un instituto que le entre y se comprometa a defender nuestros derechos y tierras”, asegura quien preside la Coordinadora de Organizaciones Campesinas e Indígenas de la Huasteca Potosina.
Por ello, en ésta región y en todo el estado de San Luis Potosí son tres las principales acciones que en este momento se tienen que implementar de acuerdo con las comunidades originarias.
La primera de ellas es la necesidad de empoderar y fortalecer a los pueblos indígenas porque la mayoría de ellos desconocen sus derechos, entonces hay que apoyarlos mediante la capacitación, la educación y el fortalecimiento de sus instancias participativas en sus comunidades y su coordinación regional para poder enfrentar de manera organizada los embates de los posibles megaproyectos que se quieran imponer por el lado jurídico y el organizativo.
Segunda, construir un plan integral de desarrollo regional con identidad cultural para enfrentar los problemas de los rezagos sociales y de la descapitalización. También se requieren recursos que administren directamente las comunidades indígenas y tener una visión de corto, mediano y largo plazo.
La tercera parte sería que los institutos que los representan tengan integrantes que guarden los perfiles necesarios para que en verdad se puedan impulsar las acciones antes mencionadas: defensa del territorio, plan de desarrollo integral y el empoderamiento.
San Luis Potosí se ha convertido en un símbolo de lucha para muchas comunidades indígenas que al igual que los representantes de los pueblos originarios en la entidad buscan contar con instituciones que verdaderamente vean por sus derechos
Más allá de lo local
La batalla por una representación real para los pueblos indígenas no es exclusiva de San Luis Potosí, pues la lucha por parte de este sector de la población para defender sus tierras de los Megaproyectos va a la alza en todo el territorio nacional.
Hoy en día, los reclamos por parte de los indígenas en la región sureste del país por la construcción del Tren Maya o por la refinería de Dos Bocas en Tabasco están más vigentes que nunca.
De hecho algunas comunidades indígenas han señalado a Andrés Manuel López Obrador de “traidor”, pues antes de ocupar la silla del águila prometió respaldar y proteger a los indígenas, quienes además aseguró iban a ser prioridad para su gobierno, compromisos que no pasaron de las palabras.
La búsqueda por parte de los indígenas mexicanos de ser representados por autoridades que entiendan sus derechos y los defiendan es un esfuerzo que ha ido creciendo a lo largo y ancho de todo el país
“Lo que vivimos en San Luis Potosí pasa también en otros estados porque los gobernadores piensan que tienen la facultad de hacer estos nombramientos, sin embargo, si estamos hablando de la defensa de los derechos de los pueblos indígenas estaríamos hablando también del derecho a la libre determinación y autonomía, incluso para poder mandar propuestas de quienes nos representan en las instituciones indígenas”, comenta Rogel del Rosal.
El activista revela que la lucha que encabeza para que se les permita involucrarse en las designaciones de sus representantes también le gustaría que se llevara a nivel nacional, pues es uno de sus derechos enmarcados en la Constitución federal.
“Nos gustaría que se llevara a cabo a nivel nacional porque es un derecho reconocido en el artículo 2 de la Constitución Federal.
“Los presidentes municipales efectivamente entregan el nombramiento, es decir, a quien se convertirá en director de asuntos indígenas del ayuntamiento, pero quienes deciden deben ser las comunidades.
“Este mismo procedimiento debería ser igual a nivel federal como estatal, sin embargo no se aplica. Aquí en el estado, quien impone al director de asuntos indígenas, es el gobernador y no debería de ser así, debería ser a propuesta de los pueblos indígenas.
“Es lo que le decimos a Adelfo Regino, director General del INPI, ‘efectivamente tú entregas el nombramiento, pero en acuerdo con las comunidades y pueblos indígenas, tiene que haber la validación.
“Nosotros necesitamos de una instituto que meta las manos por nosotros y no puede haber transformación si se mantienen los mismos vicios de siempre”.
Antes de ser presidente, López Obrador prometió respaldar y proteger a los indígenas, quienes además aseguró iban a ser prioridad para su gobierno, compromisos que no se han convirtido en realidad
Por ahora la Alianza Mexicana Contra el Fracking ha identificado los estados en donde esta técnica podría llevarse a cabo o ya se realiza: Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Veracruz, Hidalgo, Puebla, Oaxaca, Tabasco y Chiapas.
Los monstruos que se avecinan
Entre sus planes para los seis años que estará en el poder, Andrés Manuel López Obrador ya tiene contemplados una serie de Megaproyectos que no sólo representan una amenaza para el medio ambiente, también lo son para las finanzas del país y para los pueblos indígenas cercanos a los lugares donde se piensan edificar estas obras.
El primero y más importante de estos proyectos es el Tren Maya, el cual correrá por los estados de Campeche, Yucatán y Quintana Roo y el cual tiene un costo estimado de entre 120 y 150 mil millones de pesos.
No obstante, a pesar de que el tabasqueño ha impulsado el proyecto diciendo que ayudará a combatir la desigualdad entre el norte y el sur del país, impulsará el turismo y generará empleos, el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) ha señalado a través de un informe no sólo que el costo estimado podría elevarse hasta 10 veces más, sino que también traería consigo graves problemas sociales y ambientales.
“El costo estimado de construcción del Tren Maya derivado de este ejercicio asciende entre los 479 mil 920 millones de pesos y 1 billón 599 mil 767 millones de pesos, un rango que es entre 4 y 10 veces mayor que los 120 a 150 mil millones de pesos estimados por el Gobierno federal”.
La construcción de la refinería Dos Bocas en Tabasco o del Tren Maya en el sureste del país ya enfrentan mucha resistencia por parte de las comunidades y pueblos indígenas que aseguran verán afectadas sus tierras
Especialistas ambientales involucrados en el estudio también han manifestado su preocupación en torno a la ruta del Tren Maya, la cual atraviesa una región con diversidad biológica y cultural única, donde el 56 por ciento de la superficie está compuesta por más de mil 406 núcleos agrarios, de los cuales casi el 100 por ciento corresponde a ejidos.
En relación a los retos sociales, el IMCO señala que antes del inicio de la construcción, el Gobierno tendrá que cumplir con su obligación de llevar a cabo una consulta libre, previa, culturalmente adecuada, de buena fe, pública y de manera informada en una de las regiones con alta proporción de población indígena, quienes ya se han manifestado en contra de este proyecto por los daños que les generaría.
De igual manera, el IMCO ha propuesto que la refinería de Dos Bocas, Tabasco, otro de los principales proyectos a desarrollar por el actual gobierno se cancele, pues aseguran que la inversión únicamente tiene un 2 por ciento de probabilidad de éxito.
El Instituto Mexicano para la Competitividad explica que creó un modelo financiero de la refinería, el cual sometió a una simulación Montecarlo para estudiar 30 mil escenarios.
“Este análisis evalúa la viabilidad financiera de los proyectos de inversión tomando en cuenta distintos márgenes de refinación, inversión total, tiempo de construcción y gastos operativos.
“El estudio concluye que en 98 por ciento de los escenarios, el proyecto de inversión en la refinería Dos Bocas genera más costos que beneficios. Es decir, destruye valor para Pemex”.