La agricultura ha sido una de las técnicas más importantes para el desarrollo de la sociedad, ya que, además de dotarla de alimentos, también impulsa la economía de todos aquellos que la trabajan.
Con el tiempo, la ciencia y la tecnología han ayudado a la agricultura a desarrollarse, pero no sólo eso, también buscan reforzarla y potencializarla.
Actualmente, gracias al desarrollo científico, se puede transferir cualquier gen, independientemente de su origen, a una planta o cultivo que lo necesite, como la soya o el algodón, volviéndolos Organismos Genéticamente Modificados (OGM), o transgénicos.
“Estas técnicas permiten desarrollar mejores y más precisos sistemas biológicos, así como una biotecnología amigable, respetuosa con el medio ambiente y capaz de atender responsablemente las necesidades en torno a la producción de alimentos seguros”, sostiene el Comité de Biotecnología de la Academia Mexicana de la Ciencias.
Sin embargo, aunque este tipo de procedimientos resultan benéficos desde el punto de vista científico, ya que enriquecen al producto original, al menos en México, la opinión de las personas en esta materia está dividida.
En junio pasado, un grupo de ambientalistas, artistas y cocineros mexicanos, entre ellos el fallecido pintor Francisco Toledo y los chefs Enrique Olvera y Mónica Patiño, le pidieron al Gobierno federal, que emitiera un decreto para prohibir el cultivo de transgénicos.
A través de una carta, aseguraron que este tipo de procesos dañan la riqueza que trae consigo el producto original, además pueden poner en riesgo la salud de aquellos que los consuman.
Aunque la misiva no recibió una contestación inmediata por parte de la administración encabezada por Andrés Manuel López Obrador, sí la obtuvo de miembros de la comunidad científica de Centros de Investigación, de universidades públicas y privadas, así como de Premios Nacionales de Ciencia y Tecnología en México.
“Nos manifestamos en contra de la petición desinformada, antidemocrática e impráctica de expedir un decreto presidencial que cancele el diseño, desarrollo, evaluación y aprovechamiento de Organismos Genéticamente Modificados (OGM), incluyendo transgénicos de cualquier tipo, en nuestro país”, se lee en un oficio firmado por al menos 100 científicos, entregado a la Oficina Presidencial.
Uno de los firmantes, el investigador Agustín López, del del Instituto de Biotecnología de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), sentencia que un veto como el que buscan impulsar los ambientalistas, sin fundamentación científica, “es verdaderamente preocupante”.
En entrevista con Reporte Índigo, el investigador agrega que debido a la complejidad del tema de los transgénicos, es muy fácil asustar a la gente con la supuesta creencia de que este tipo de procesos acabará con la biodiversidad del mundo y que causará enfermedades como el cáncer.
“Lo difícil es ir analizando paso por paso el método adecuado a utilizar desde el campo científico para que tengamos toda la certeza y seguridad que permita a las autoridades tanto de agricultura como de salud a dar el visto bueno a los transgénicos”, detalla.
De acuerdo con el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), en México se ha permitido la liberación al ambiente a nivel experimental de varios cultivos transgénicos desde 1988 a la fecha. Entre estos se encuentran: soya, algodón, calabaza, alfalfa, papaya, plátano, tomate y papa, entre otros.
“La Secretaría de Salud ha evaluado varios productos transgénicos respecto a su toxicidad, niveles de nutrición e inocuidad y ha aprobado varios, los cuales incluyen semillas o granos como el maíz”, sintetiza el organismo público.
A pesar de que la producción de los OGM no ha sido aprobada al 100 por ciento por las leyes mexicanas, ya que sólo se han autorizado al algodón y la soya, la Academia Mexicana de las Ciencias destaca que es importante que la sociedad y la opinión pública tengan en claro que los transgénicos se utilizan en muchos países desde hace más de 35 años sin haber causado daños a la salud, ni efectos negativos sobre el medio ambiente.
El ingeniero agrónomo por la Universidad de Guadalajara, y director general de Nutrimentos Vegetales, S.A. de C.V., Fernando Ramírez Lima dice que si las autoridades apoyaran este tipo de estructuras científicas, prácticamente se estaría asegurando la autosuficiencia alimentaria del país.
De acuerdo con Ramírez Lima y la Academia Mexicana de Ciencias, la idea de desarrollar productos genéticamente modificados fue concebida con el plan de abatir el desabasto de alimentos que pudiera darse en un futuro.
“Por ejemplo, un maíz que en zonas áridas era poco probable que prosperara, gracias a la Ciencia y la Tecnología al crear los OGM, ya es posible”, explica.
Por su parte, Agustín López agrega que gracias a los transgénicos las plantas ya no necesitan insecticidas o agroquímicos para eliminar las plagas, haciendo que los agricultores resten tiempo en el campo. Además de que erradica el uso de estos productos dañinos para el medio ambiente.
Consecuencias económicas y culturales
Para otro sector de la investigación, el uso de los transgénicos se encuentra dentro de un debate por los riesgos que implicaría su liberación en términos de la salud humana y los efectos ambientales, pero también por las consecuencias económicas y sociales que tendrían.
Para el doctor José Álvaro Hernández, profesor investigador del Centro de Estudios Demográficos, Urbanos y Ambientales de El Colegio de México (Colmex), el debate que existe se centra en los riesgos a la salud, donde los datos aún no son claros; sin embargo, dice que los efectos ambientales, económicos y sociales, serían un problema, porque está comprobado y validado que el uso de transgénicos sí tiene consecuencias negativas y que en el caso de México son sumamente graves.
“Me parece que uno de los principales beneficios que pudiera derivarse de las investigaciones en el área de los transgénicos tiene que ver con no dejar el desarrollo de estos productos en manos de las empresas transnacionales que están sumamente interesadas en que se otorguen permisos para la liberación comercial de estos productos”, asegura Hernández, quien también es catedrático del Conacyt.
Para el experto, es importante que el gobierno retome la investigación de los transgénicos en los centros públicos como el Cinvestav o el Inifat, porque así se permitiría direccionar el desarrollo de estas tecnologías hacia fines sociales y públicos.
Los procesos de investigación tendrían que hacerse con mucho cuidado y cautela, respetando las medidas que están incluidas en la legislación para evitar que se presenten problemas relacionados con la contaminación y la erosión genética, que son riesgos que están patentes siempre que se liberan transgénicos.
La legislación la tenemos que hacer con mucho cuidado, y ahora que viene la Ley General de Ciencia, Tecnología e Innovación, se debe, al mismo tiempo, plantear su relación con la Ley de Bioseguridad.
“En el ámbito ambiental lo primero que habría que decir es que el cultivo de transgénicos forma parte de paquetes tecnológicos que están diseñados para grandes superficies que cuentan con toda una infraestructura de riego, donde hay maquinaria y se utilizan de manera intensiva fertilizantes, herbicidas y agroquímicos; entonces, de entrada este tipo de paquetes son altamente contaminantes, deterioran el suelo, contaminan los mantos freáticos, son altamente consumidores de agua y otros insumos derivados del petróleo”, explica el experto.
Además, comenta que dichos paquetes no resuelven el problema que enfrentan el 80 por ciento de las unidades de producción rural en México, porque son unidades de autosubsistencia, que producen cultivos básicos en condiciones de minifundios, donde se consumen los productos que se cultivan a nivel familiar, por lo que para ese sector mayoritario de la población campesina, el acceso a este tipo de tecnologías no es viable en términos económicos ni ambientales y mucho menos productivos y culturales.
Otra parte que destaca el investigador del Colmex es la contaminación genética, que es un riesgo que siempre está presente con los transgénicos y que puede llevar a procesos de erosión en los génes, que es la pérdida de variabilidad de una determinada especie.
“Si se pierde la variabilidad hay poca posibilidad de adaptación de esa especie frente a cambios ambientales; entonces, en un contexto actual como es el del cambio climático, es un riesgo sumamente grave, porque las especias al perder su variabilidad genética se hacen muy susceptibles a entrar en procesos de extinción”, opina Hernández.
El doctor y maestro en Estrategias para el Desarrollo Agrícola señala que este tipo de debates requieren posturas flexibles en el sentido de que no se puede decir de manera tajante sí o no a los transgénicos, sino que siempre se debe pensar en función de qué cultivo se está hablando, en qué región se va a establecer, cuáles son los riesgos específicos asociados y quiénes son las instituciones que estarían a cargo de los campos experimentales o comerciales.
Comunidad trabajando
En México los transgénicos se encuentran regulados por dos leyes: la de Ciencia y Tecnología (vigente desde 2002) y la de Bioseguridad y Organismos Genéticamente Modificados (vigente desde 2005).
La segunda es una ley transectorial que involucra a tres secretarías federales, la de Salud, Medio Ambiente y Agricultura, y es operada por la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados (CIBIOGEM) que está situada en Conacyt.
“Es un tema que involucra a muchos actores y ahora que se está a punto de escribir una Ley General de Ciencia, Tecnología e Innovación surge el tema de qué pasa con la Ley de Bioseguridad, y en una consulta que hicimos a más de 7 mil participantes, hubo una manifestación bastante inclinada a que las dos leyes deben estar separadas y ambas deben de existir”, comenta la doctora Julia Tagüeña Parga, coordinadora general del Foro Consultivo Científico y Tecnológico (FCCyT).
Este resultado es importante porque cuando salió en febrero pasado una iniciativa para la nueva Ley General de Ciencia, parecía que desaparecerían la Ley de Bioseguridad.
La propuesta era juntar las dos en una sola, pero la comunidad científica opinó que es un problema demasiado complicado para que no intervengan tanto la Secretaría de Salud, como la de Agricultura y la de Medio Ambiente.
“La legislación la tenemos que hacer con mucho cuidado, y ahora que viene la Ley General de Ciencia, Tecnología e Innovación, se debe, al mismo tiempo, plantear su relación con la Ley de Bioseguridad”, considera la doctora Tagüeña Parga.
Algunos científicos aseguran que con los transgénicos ya no se necesitará de agroquímicos. Julia Tagüeña Parga, coordinadora general del Foro Consultivo, Científico y Tecnológico (FCCyT).
Para ello, y con fundamento en la actual legislación, el FCCyT lanzó una convocatoria para que la comunidad científica envíe propuestas para la elaboración del Programa para el Desarrollo de la Bioseguridad y la Biotecnología, que será parte del Programa Especial de CTI (PECITI).
Las propuestas recabadas, junto con las discutidas en reuniones previas y organizadas por el Foro Consultivo o efectuadas con su apoyo, se harán llegar de manera oficial a la CIBIOGEM y al Conacyt.
“La verdad es que lo que nosotros hacemos es reunir las opiniones de toda la comunidad, esto será una colección de documentos que podrían, inclusive, no ir en el mismo sentido. Las vamos a entregar al Conacyt para que las utilicen en su análisis del PECITI junto al de la Ley de Bioseguridad”, platica la coordinadora general.
Con estos ejercicios, el FCCyT busca ser un espacio de encuentro donde se muestra la diversidad de una comunidad pensante con diferentes posiciones que pueden enriquecer un tema tan importante como este donde es fundamental la regulación, ya que cada vez más hay un gran poder en el desarrollo de las técnicas y siempre tiene que prevalecer el aspecto ético.
“Es muy importante que la comunidad dé su opinión y que lleguemos a acuerdos, porque a México le hace falta justamente eso; es importante que trabajemos juntos y en la mayor armonía posible, que logremos consensos que favorezcan al país, y la verdad es que los planes y la leyes marcan nuestra convivencia”, asegura Tagüeña Parga.
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