La lucha por las calles

Justo en los tiempos en que miles han salido a las calles a manifestarse en contra de las autoridades para protestar por la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, la lucha por el uso de las calles se librará no solo en el Congreso de la Unión, sino en el Poder Judicial.

Este martes, la Cámara de Diputados aprobó reformas a la Constitución en materia de movilidad que, según diputados de izquierda, darán la pauta para que puedan ser reprimidas las manifestaciones.

A esta iniciativa se le adicionó una frase al artículo 11 constitucional para dejar asentado que “la ley general que emite el Congreso, establecerá las bases para hacer efectivo este derecho (a la movilidad)”.

Sin embargo, la lucha por defender la libertad de expresión de los manifestantes podría llevarse hasta los tribunales.

Como antecedente, quedará la resolución que las juezas federales Verónica Galicia Ramos y Paula María Sánchez Cordero García Villegas dieron sobre la Ley de Movilidad en el Distrito Federal.

Esta Ley fue aprobada por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal en mayo pasado.

Dichas juezas declararon inconstitucional la Ley por considerar que los artículos 212, 213 y 214, que obligaban a avisar con 48 horas de anticipación sobre la realización de una marcha y prohibían concentraciones en vías primarias de la capital, vulneran los derechos de libertad de expresión, de reunión y de asociación.

“El orden público no es un concepto que deba contraponerse a la vigencia de los derechos humanos, sino debe ser coherente con los valores propios de una sociedad democrática”, determinaron las juezas, según consignó la organización Artículo 19.

A pesar de que esta resolución fue hecha en el mes de noviembre, la Cámara Baja continuó con la reforma constitucional que podría desencadenar la regulación de las movilizaciones en todo el país.

“La ley general que expedirá, deberá regular la actuación de la autoridad para permitir el ejercicio armónico de los referidos derechos, por lo que deberán implementarse planes y procedimientos operativos adecuados para facilitar el derecho de reunión, sin poner en riesgo el ejercicio del derecho a la movilidad”, se lee en la exposición de motivos.

Otras iniciativas

Además de las modificaciones constitucionales aprobadas esta semana, en el Congreso de la Unión existen otras iniciativas encaminadas a regular las marchas y manifestaciones.

El panista Jorge Sotomayor Chávez, diputado del Distrito Federal, propuso en marzo del 2013 la creación de un nuevo artículo en el Código Penal Federal para tipificar los actos vandálicos realizados en manifestaciones o marchas.

“Se le impondrán penas de diez a veinte años de prisión y suspensión de derechos políticos hasta por diez años (…) al que realice actos en contra de las personas, las cosas, servicios públicos o privados, que perturben la coexistencia pacífica, armónica y civilizada de los ciudadanos utilizando sustancias tóxicas o explosivas”, sostenía la iniciativa.

Sotomayor proponía que las penalizaciones se incrementaran en dos terceras partes cuando estas conductas fueran realizadas por individuos con el rostro cubierto.

Sin embargo, debido a la polémica que despertó entre diversos sectores sociales, Sotomayor retiró esta iniciativa y presentó después otra para crear la Ley de Manifestaciones Públicas en el Distrito Federal.

En dicha iniciativa se propone que los manifestantes deben dar aviso a las autoridades sobre la realización de una protesta, se establezcan horarios para la realización de manifestaciones.

Esta iniciativa se encuentra en la congeladora de las comisiones.

El proceso

> Una vez aprobada por la Cámara de Diputados, las modificaciones constitucionales deben discutirse en el Senado, donde el Ejecutivo y el PRI han enfrentado la mayor oposición en el Congreso.

> Después, deberán ser aprobadas por los congresos estatales. 

> Una vez que eso ocurra, los legisladores tendrán 180 días para expedir una Ley de Movilidad que rija en todo el país.

La clave

Se le adicionó una frase al artículo 11 constitucional para dejar asentado que “la ley general que emite el Congreso, establecerá las bases para hacer efectivo este derecho (a la movilidad)”