La falta de capacidad de los legisladores para poder generar acuerdos entre las distintas bancadas ha provocado una crisis de nombramientos en el país, entre los que se encuentran pendientes el Fiscal General, el Fiscal Anticorrupción y los 18 magistrados anticorrupción.
La LXIII Legislatura ya concluyó su periodo ordinario y después de los comicios del 1 de julio las fuerzas en el Congreso de la Unión se modificarán radicalmente, por lo tanto, lo más factible es que esta responsabilidad que pendía en los legisladores cuyo periodo ya terminó, sea heredada a quienes conformen la LXIV Legislatura.
Es importante aclarar que para poder realizar todos estos nombramientos hay otro pendiente que pocos toman en cuenta, y ese es la reforma constitucional al artículo 102, cuya intención es garantizar la creación de fiscalías autónomas y evitar nombramientos a modo.
Para la Fiscalía General Anticorrupción el CPC también pidió posponer el nombramiento de su titular
Con la reforma constitucional del 2014, el Senado sería el responsable de mandar una lista con al menos 10 candidatos que pudieran por sus características y su trayectoria fungir como el Fiscal General de la República, y de esa selección, el Presidente designaría una terna para que después la Cámara alta haga el nombramiento final.
Sin embargo, esta norma aún no está vigente debido a que se necesita de una declaratoria de entrada en vigor y de una Ley Orgánica para delimitar las facultades y el funcionamiento de las fiscalías.
Por ahora el escenario político por el que atraviesa México es bastante complicado por el proceso electoral que está en transcurso. Y a pesar de la necesidad de realizar estos nombramientos, el Comité de Participación Ciudadana (CPC) junto con el colectivo #FiscalíaQueSirva y otras organizaciones de la sociedad civil, hicieron un llamado para que la resolución de estos temas se busque hasta que concluyan los comicios.
“La situación política que se está llevando a cabo en este momento haría inviable una reforma constitucional. Por lo tanto, en aras de llegar a un mecanismo que resulte más satisfactorio en términos institucionales, y desde donde se debe llevar a cabo el proyecto de los próximos 50 años de la Fiscalía General, pedimos que se haga una convocatoria a un foro nacional en el que participen diputados, senadores y representantes de quien resulte presidente electo; organizaciones de la sociedad civil, organismos empresariales, universidades públicas, los CPC locales y las organizaciones internacionales”, dijeron los integrantes del CPC que encabeza Mariclaire Acosta.
Para ello lanzaron cinco propuestas, entre las que se encuentran el diseño, facultades y alcances de la FGR, perfilar al titular y que cumpla con las condiciones establecidas, instaurar un servicio profesional de carrera en la Fiscalía, atender el tema de los servicios periciales -considerada una parte fundamental del nuevo sistema de justicia- y resolver el tema de transparencia y acceso a la información pública con relación a las investigaciones vigentes de la PGR.
Lo que la sociedad civil y las ONG buscan finalmente es que primero se reforme el artículo 102 constitucional, después se apruebe la Ley Orgánica de la FGR y por se nombre al fiscal.
Para la Fiscalía General Anticorrupción, el CPC pidió posponer el nombramiento de su titular en tanto no se concluya el procedimiento de estudio y reflexión, en un foro nacional, sobre el diseño, funciones y características de la FGR.
Por su parte, el colectivo #FiscalíaQueSirva anunció que después de la elección del 1 de julio comenzará a recolectar firmas para presentar una iniciativa ciudadana para reformar el artículo 102.
Retraso en los estados
Junto con todos los pendientes para poder llevar a cabo los nombramientos faltantes, hay otra situación que se tiene que resolver a nivel estatal.
De acuerdo con Manuel Pérez de Acha, miembro del CPC federal, también es fundamental que al menos 14 estados aprueben la eliminación definitiva de la figura del pase automático de Procurador General de la República a Fiscal General de la Nación.
“A pesar de que el Congreso de la Unión aprobó desde el año pasado la cancelación del pase automático, para que la reforma entre en vigor se requiere la aprobación mínima de 17 congresos de los estados, y en la actualidad el reporte que se tiene es que sólo ha sido aprobada por tres”, dijo Pérez de Acha.
Las ONG buscan que primero se reforme el artículo 102, después que se apruebe la Ley de la FGR y que por último se nombre al fiscal
Hasta que esto suceda, no es posible plantear ni el nombramiento del Procurador ni la reforma del artículo 102 si previamente no se consuma la eliminación del pase automático, ya que es un elemento clave en la discusión que se está manteniendo, abundó Pérez.
Choque entre partidos
A finales de abril, surgió un rumor en el Senado de la República donde decían que el PRI estaba buscando dar un albazo legislativo para discutir y aprobar el dictamen actual de la próxima Fiscalía General.
Ante esto, el senador panista Ernesto Ruffo, llamó a la ciudadanía a estar alerta a pesar de que la discusión no estaba programada en la Cámara Alta.
Por su parte, Emilio Gamboa, coordinador de la bancada del tricolor en el Senado, dijo que un grupo de legisladores se reunieron con él para buscar la forma de realizar el nombramiento del Fiscal General, sin embargo aclaró que para llevar esto a cabo se necesita de una minuta la cual todavía no existe.
A la discusión también se sumaron el PRD, el PT y Movimiento Ciudadano, los cuales rechazaron de manera tajante la posibilidad de llevar a cabo los nombramientos ya sea del fiscal General y el anticorrupción así como el de los 18 magistrados faltantes que integrarán la Sala Regional del Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa en un periodo extraordinario.
En relación a este último tema, el vicecoordinador de la bancada del PT-Morena en el Senado, Luis Humberto Fernández, dijo en entrevista que sólo hay dos opciones que ellos aprobarían para llevar a cabo estos pendientes.
Uno, que el Presidente de la República justifique la lista de magistrados que propuso uno a uno, o dos, que se reponga el proceso de nombramientos para que se haga de manera abierta y puedan participar ONG´S y la sociedad civil por igual.
