La lucha por la despenalización del aborto

La despenalización del aborto en todo el país se vislumbra como una lucha encarnizada.

Aunque todavía no es una realidad, el anuncio del grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados de impulsar una iniciativa para despenalizar el aborto a nivel nacional ya tiene sus primeras controversias y podría frenarse este planteamiento inicial.

Lo que parecía una batalla ganada a favor de las mujeres, al reconocer su derecho a decidir sobre su propio cuerpo después de años de lucha feminista, tendrá que enfrentarse a obstáculos como las leyes locales en los estados más conservadores que criminalizan la interrupción del embarazo y el rechazo de los grupos provida.

Aunque Morena tiene mayoría en ambas cámaras del Congreso y prácticamente puede aprobar lo que desee, el tema es tan polémico que es difícil que se pueda llevar a cabo por la falta de unanimidad entre los diferentes tipos de ideologías que hay en el país, explica el catedrático José Luis López, de la Facultad de Derecho de la UNAM.

Por un lado están las perspectivas éticas, religiosas, culturales y sociales de ciertos sectores que defienden el derecho a la vida como la Iglesia; y por el otro el derecho del ejercicio de la mujer de decidir sobre su cuerpo y su sexualidad, respaldado por grupos feministas y legisladores a favor de esa postura, dos principios que se contraponen.

“Tratar de llevar una iniciativa en pro del aborto a nivel nacional va a provocar una serie de polémicas muy importantes que yo veo difícil que se pueda llevar finalmente a cabo esa propuesta y aún contándose con la aplanadora, me refiero al partido político Morena.

“Seguramente va a estar sujeto a los medios de control constitucionales, acciones de inconstitucionalidad de los partidos políticos que son minoría pero que les asisten ese tipo de defensa. Habría todo un recorrido de cuestionamiento por la vía constitucional para detener o impedir la vigencia de un tipo de ordenamiento de esta materia”, señala.

El también director del Seminario de Derecho Electoral de la UNAM ve la posibilidad de que haya movimientos en contra de la despenalización en las entidades donde finalmente la cuestión del aborto legal no es bien visto por el conservadurismo que existe, en estados del bajío como Guanajuato o Jalisco, y recientemente en Sinaloa.

Actualmente, la interrupción del embarazo hasta las 12 semanas de gestación sólo se puede realizar en la Ciudad de México, mientras que en las otras 31 entidades del país sólo se puede hacer bajo ciertas causales como violación o que esté en riesgo la vida de la madre.

Sin embargo, el estudio “Maternidad o Castigo. La criminalización del aborto en México”, del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) concluye que en México el acceso al aborto por causales es precario o nulo, ya que existe desconocimiento por parte de las autoridades o del personal de salud de sus obligaciones.

Además se imponen requisitos no solicitados por la legislación que obstaculizan y hacen imposible los accesos legales de aborto, también se viola el secreto profesional y se criminaliza a las mujeres con emergencias obstétricas.

Entre el 2015 y agosto de 2018 se iniciaron mil 908 carpetas de investigación por delito de aborto, de acuerdo con cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

La iniciativa que Morena busca impulsar pretende que todas las mujeres del país puedan acceder a un aborto legal y seguro al igual que ocurre en la Ciudad de México desde hace 11 años, cuando se aprobó en la entonces Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

Sinaloa a la defensiva

Las primeras acciones a favor de la vida ya comenzaron en estados conservadores.

Tan sólo el pasado viernes 27 de septiembre, la Constitución de Sinaloa hizo una reforma para proteger la vida desde la concepción, lo que organizaciones civiles han señalado como una persecución hacia las mujeres al promover confusión e incertidumbre jurídica.

“Si bien la interpretación de dicha protección no implica prohibir el aborto ni penalizar la interrupción del embarazo, en la práctica se genera un ambiente de persecución en contra de las mujeres que acuden a los servicios de salud con un aborto en evolución o tras un parto fortuito.

“Porque suelen ser tratadas como sospechosas, sufrir maltrato o cuestionamientos y son denunciadas por el personal de salud”, señala el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) en un comunicado difundido el pasado 2 de octubre y firmado por 27 organizaciones.

En el documento se hace un llamado a las autoridades y operadores de salud para brindar los servicios de interrupción legal del embarazo a los que están obligados y no obstaculizar el acceso efectivo del derecho a la libertad reproductiva, así como no violentar los derechos de las mujeres en el país.

Tras los pasos de Argentina

Durante cinco meses, Argentina mantuvo latente la esperanza de que el aborto en ese país fuera legal, seguro y gratuito.

Aunque en Cuba y Uruguay ya está legalizada la interrupción del embarazo, el movimiento gestado en Argentina abrió la posibilidad de que otros países latinoamericanos replicaran el movimiento, que adoptó como emblema un pañuelo verde.

Tras un polémico debate, movimientos sociales y el apoyo internacional de grupos feministas, la iniciativa fue aprobada por la Cámara de Diputados, pero rechazada por la de Senadores.

Pese a la negativa de este proyecto de ley, el movimiento del país del cono sur puso sobre la agenda este tema, que podría retomarse en México, donde a partir del 1 de diciembre habrá un gobierno de izquierda el cual ha manifestado estar a favor de esta iniciativa.

Por ejemplo, la exministra Olga Sánchez Cordero, quien ha sido anunciada para ser secretaria de Gobierno en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, se ha mostrado a favor esta propuesta, al igual que en otras polémicas como la voluntad anticipada.

Organizaciones civiles ven esta nueva era de la política mexicana como la oportunidad para saldar esta deuda histórica con las mujeres mexicanas y realizar la armonización de leyes y protocolos federales y estatales, a fin de garantizar el acceso a un aborto legal y seguro.