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Los indicadores de violencia en Jalisco no mienten, sin embargo, el fiscal general del Estado, Luis Carlos Nájera Gutiérrez de Velasco, se empeña en desacreditar lo que las cifras y los recientes hechos violentos muestran con puntualidad: Jalisco atraviesa por una crisis de seguridad.
El anuncio del hallazgo el pasado 7 de octubre de al menos una fábrica clandestina de armamento en la Zona Metropolitana de Guadalajara sólo pone de manifiesto el tipo de actividades delictivas que suceden en el estado, y que de la mano del número de casos de desaparecidos, así como de los indicadores de extorsión, deberían poner focos rojos en las autoridades de seguridad de la entidad.
Sin embargo, cuando se le increpa sobre las cifras, Nájera contesta molesto que se trata de una cuestión de percepción ciudadana, cuando todo apunta a un maquillaje de la realidad de parte de la autoridad estatal.
Lo anterior se vuelve literal en la presentación de algunos detenidos, pues la Fiscalía General del Estado (FGE) altera sus imágenes con photoshop para dar la impresión de que fueron fotografiados en las instalaciones de la dependencia, cuando es evidente que la silueta del presentado pertenece a otra fotografía.
También están las investigaciones donde ha quedado de manifiesto la incompetencia, omisión y hasta la fabricación de culpables, como fue el caso de los jóvenes detenidos en el Estadio Jalisco, en el que elementos de la FGE compraron una gorra a Miguel Ángel Sevilla Gutiérrez para hacerlo parecer uno de los responsables de los disturbios.
Y por supuesto, los casos en que la Fiscalía ha victimizado dos veces a los familiares de desaparecidos, como fue el de María del Carmen Sánchez Hidalgo, quien desapareció el pasado 3 de mayo y cuyos familiares recibieron un trato que contraviene lo dispuesto en la Ley General de Víctimas.
Lo mismo sucedió en el caso de los jóvenes desaparecidos en julio pasado en Lagos de Moreno, donde los familiares fueron obligados por la FGE a cambiar su postura de inconformidad con las investigaciones.
Infringen Ley de Víctimas
La comparecencia del fiscal general de Jalisco, Luis Carlos Nájera Gutiérrez de Velasco, ante el Congreso local el pasado 6 de octubre, muestra el poco profesionalismo y la ligereza con la que el funcionario trata temas delicados como las desapariciones y la tortura, ambos documentados previamente por Reporte Indigo.
En su intervención desestimó la desaparición de cientos de mujeres en el estado, atribuyéndolo a meros “problemas familiares”.
Su juicio no sólo despertó la inconformidad de asociaciones civiles, también contradice los principios de la Ley de Atención a Víctimas.
El Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos Humanos de las Mujeres (Cladem) emitió un comunicado que refiere:
“Desde el Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio y Cladem México y su articulación en Jalisco, nos encontramos SUMAMENTE PREOCUPADAS, por las declaraciones vertidas en su comparecencia ante el Congreso del Estado de Jalisco, especialmente, en relación al tema de la desaparición de mujeres. En donde textualmente, usted señaló: ‘en el caso de mujeres de las que se carece su paradero, la mayoría de ellas se sustrae de sus domicilios por problemas familiares’”.
De acuerdo a la más reciente actualización que hizo el Gobierno Federal del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (Rnped), en Jalisco persisten 2 mil 113 desaparecidos, 384 son mujeres, de las cuales 168 o el 44 por ciento son menores de edad; 65 de éstas tienen de cero a 14 años (17 por ciento), y 21 son bebés y niñas de los cero a los nueve años (5 por ciento).
Si Jalisco es el segundo lugar nacional en materia de desapariciones, es la séptima considerando sólo a las mujeres con paradero desconocido, superando a entidades como Chihuahua, con 228 víctimas femeninas (Ciudad Juárez); Michoacán, con 217, y Sinaloa, con 157
Por eso, expresa Cladem: “Ante esta grave problemática de violencia contra las mujeres en el Estado, nos resulta alarmante que sus declaraciones denoten además de insensibilidad y falta de cuidado para con las familias y sus víctimas, impliquen también la falta de aplicación de protocolos de actuación e investigación con perspectiva de género y de derechos humanos en los casos de desaparición de personas, especialmente de mujeres, tal como lo ordena la sentencia de Campo Algodonero que obliga a todos los operadores de justicia en su aplicación”.
Las declaraciones del fiscal, además, no se apegan a los principios que marca la Ley de Atención a Víctimas, que prohibe a las autoridades el tratamiento de las personas afectadas por la violencia con consideraciones subjetivas y prejuicios.
El artículo 5 de la legislación vigente en Jalisco, donde se contienen estos principios, dice en su fracción XII:
“No criminalización: Las autoridades del Estado y sus municipios en ningún caso agravarán el sufrimiento de la víctima ni la tratarán como sospechosa o responsable de la comisión de los hechos que denuncie.
“Ningún servidor público, persona física, ni jurídica, podrán especular públicamente sobre la vinculación de las víctimas con alguna actividad delictiva. La estigmatización, el prejuicio y las consideraciones de tipo subjetivo, serán objeto de responsabilidad penal, civil y administrativa. Las autoridades, en todo momento, deberán vigilar y promover directrices para que los medios de comunicación fortalezcan la dignidad y el respeto hacia las víctimas”.
A no ser que la Fiscalía rinda un informe público donde demuestre que, en efecto, la mayoría de esas 384 mujeres desaparecidas en Jalisco que marca el Registro salieron de sus hogares por “problemas familiares”, Nájera Gutiérrez de Velasco habría caído en “consideraciones de tipo subjetivo” y no fincadas en datos duros y comprobables, resultado de investigaciones de carácter científico.
Especialistas en violencia de género, como María Marcela Lagarde y de los Ríos, han advertido que detrás de la desaparición de mujeres en Jalisco la trata de personas juega un papel primordial; el fiscal desechó de facto, sin embargo, que una actividad delictiva lo esté originando, pero sin mostrar en qué lo sustenta.
La Ley de Atención a Víctimas confiere a la sociedad el derecho a la verdad, es decir, “al esclarecimiento de los hechos”.
El Registro indica que de las 384 mujeres desaparecidas, a la mitad se le perdió el rastro (188) durante el mandato del gobernador Jorge Aristóteles Sandoval, y que de éstas, a su vez, 86 -la mitad- son menores de edad.
Por eso, durante la comparecencia del fiscal en el Congreso, el 6 de octubre, fue confrontado en este tema por la diputada del PAN, Gabriela Andalón Becerra, y por el coordinador de la bancada del Partido Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda Hoeflich, quien cuestionó: “¿por qué Jalisco se encuentra en una crisis en materia de desapariciones?”.
A esto se suma el interés expresado por Amnistía Internacional, en voz de su director ejecutivo en México, Perseo Quiroz Rendón, por abrir una oficina permanente en el estado, lo que según informó la revista Proceso el 8 de septiembre, se debe precisamente a la incidencia de desapariciones y casos de tortura.
“Nos preocupa mucho lo que está sucediendo en la región, y queremos estar presentes en la zona para tener información de primera mano, creemos que la presencia de un organismo como Amnistía puede ayudar a mejorar la situación de los derechos humanos, en el occidente y en particular en Jalisco”.
El Instituto Jalisciense de las Mujeres no se ha pronunciado sobre estas declaraciones del fiscal.
