La indignación de la ciudadanía ante negligencias policiacas, abuso de poder y colusiones con la delincuencia le han dado a la zona metropolitana de la Ciudad de México un historial de linchamientos -completados o fallidos- que pareciera ser parte ya de la rutina diaria.
Entidades como Michoacán, Guerrero, Oaxaca e Hidalgo también han sido escenarios de ejecuciones cometidas por comunidades que deciden juzgar y condenar por su cuenta.
El martes, una mujer fue secuestrada en San Luis Ayucan, municipio de Jilotzingo, en el Estado de México.
Más tarde, pobladores de ese municipio retuvieron a varios policías, bajo el argumento de que cuando acudieron a denunciar el plagio de la mujer no les hicieron caso.
Reynaldo Torres, presidente municipal, dijo en entrevista con Televisa, que antes de las 9 de la mañana del martes, dos personas encapuchadas con uniforme de policía se llevaron a una persona.
Añadió que después, elementos de seguridad pública “contestaron mal a la gente cuando les solicitaron apoyo”, por lo que los elementos policíacos fueron retenidos dentro de la delegación.
Entre los hombres detenidos estaba el director de la policía municipal, Esteban Reyes Gerónimo.
Pobladores del municipio de Jilotzingo también incendiaron varias patrullas, luego de que les pidieran ayuda por el secuestro de María Guadalupe Herrera.
El padre de la joven raptada, Martín Oliva, dijo a medios locales que ella regresaba de dejar a sus hijos de la escuela, cuando un grupo de sujetos en un auto compacto la secuestró.
Testigos en el lugar aseguraron que al denunciar el hecho ante seis policías, estos no procedieron a dar aviso ni perseguir a los maleantes.
Alrededor de 300 personas rodearon a los elementos policíacos, quienes fueron amarrados.
Cuando el director de la corporación municipal fue notificado de este hecho intentó dialogar con los pobladores, sin embargo, también fue sometido.
Versiones oficiales, revelaron que un contingente de 200 policías antimotines de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Estado de México que se encontraban a 3 kilómetros del lugar, aguardaban órdenes del titular de la dependencia, Damián Canales Mena, para intervenir.
El gobierno estatal informó el alcalde de Jilotzingo, Alberto Carrillo, acompañado por miembros del Cabildo y de representantes del gobierno estatal, dialogaron con los inconformes y lograron la liberación de los policías.
Este fenómeno social de violencia no se ha dado exclusivamente con elementos de seguridad pública.
Luego de más de ocho horas de negociaciones por parte del presidente municipal y un grupo de representantes del gobierno estatal, los guardianes de la ley fueron liberados.
El episodio que hizo eco
En el 2004, la delegación Tlahuac en el Distrito Federal fue el escenario de un episodio que dejó responsabilidades compartidas.
El 23 de noviembre, dos elementos de la Policía Federal Preventiva murieron al ser golpeados y quemados vivos por una horda de más de 300 habitantes de San Juan Ixtayopan.
Los pobladores aseguraban que los elementos policíacos habían sido sorprendidos tomando fotografías a menores de edad afuera de una escuela.
Los policías decían que realizaban una investigación sobre narcomenudeo.
Al final, todos se lavaron las manos, pero este hecho dejó marcada la carrera de Genaro García Luna, quien se desempeñaba como director de la PFP, y de Marcelo Ebrard, quien era el director de Seguridad Pública del Distrito Federal.
Otro caso
Tres jóvenes fueron asesinados por pobladores de Chalco, Estado de México luego de señalarlos como secuestradores.
Tras una investigación de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, el entonces procurador, Alfredo Castillo, reveló que los jóvenes no era secuestradores y que se trató de un lío amoroso.
