Más allá de quienes están a la espera de una sentencia o en prisión preventiva oficiosa, parte de la población carcelaria –sin que ninguna estadística lo muestre con precisión– la integran personas a quienes los beneficios de las adquisiciones públicas les resultan lejanos debido a la discriminación dentro de los mismos penales.
En un año y medio de vigencia, la Ley de Amnistía que ordena la liberación anticipada de personas en casos en los que se demuestre injusticia o razones de pobreza, sólo ha beneficiado en efecto a 136 personas, según expuso la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, en la conferencia matutina del Presidente de la República del jueves 15 de septiembre.
El número contrasta con el aumento en la población carcelaria de México de 5.4 por ciento de 2020 a marzo de 2022 registrado en el Cuaderno de Información Estadística Penitenciaria Nacional de la misma dependencia.
Andrés Manuel López Obrador, primer mandatario, aprovechó la ocasión y expresó: “De corazón, yo ofrezco disculpas a quienes están tardando en salir. Lo que les digo es que van a salir porque son inocentes. Nada más que, aunque parezca increíble, son muchos los obstáculos y, aunque el Presidente aprobó una Ley de Amnistía, aun así hay que estar insistiendo”.
Para especialistas, la prisión preventiva oficiosa es un factor que detona las situaciones de injusticia dentro de los mismos penales.
De hecho, el debate iniciado por el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, puso en el epicentro a la pobreza cuando el 18 de agosto pasado anunció que esa instancia analizaría la conveniencia de la permanencia de la figura en el sistema de justicia.
“Estos asuntos son de una enorme relevancia. Pueden cambiar la historia de la vida de miles de personas y pueden cambiar también el paradigma sobre el que se ha asentado la persecución de los delitos en México desde hace muchas décadas … Será la primera vez en que el poder Judicial como una unidad se tomará en serio este tema … para evitar que siga habiendo estos abusos”.
El sistema penitenciario federal otorgó entre 2019 y 2022, el 94.4 por ciento de sus contrataciones mediante los procedimientos de Adjudicación Directa y “Otras contrataciones”, lo que resultó en un afluente millonario del que decenas de empresas pequeñas y grandes, entre aseguradoras, farmacéuticas y alimenticias, resultaron beneficiadas.
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