La invasión mexiquense

Monte Alejandro Rubido, secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) aseguró que las Fuerzas Federales ya tienen el control de los 27 municipios de Michoacán en donde había brotes de violencia. Sin embargo, ningún grupo de autodefensa ha sido desarmado.

El vocero oficial de los grupos de autodefensa, Hipólito Mora, reveló en una entrevista radiofónica que aún tardarán “un poquito” para entregar las armas, aunque ha señalado que ve con buenos ojos la presencia del Ejército.

J. Jesús Lemus J. Jesús Lemus Publicado el
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La mayor parte de los funcionarios mantienen en común un pasado ligado al equipo de trabajo del exsecretario de Seguridad Pública Federal, Genaro García Luna

Monte Alejandro Rubido, secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) aseguró que las Fuerzas Federales ya tienen el control de los 27 municipios de Michoacán en donde había brotes de violencia. Sin embargo, ningún grupo de autodefensa ha sido desarmado.

El vocero oficial de los grupos de autodefensa, Hipólito Mora, reveló en una entrevista radiofónica que aún tardarán “un poquito” para entregar las armas, aunque ha señalado que ve con buenos ojos la presencia del Ejército.

Y es que, para las autodefensas todo depende de que sea desmembrado un grupo de la delincuencia organizada que opera en la zona de Tierra Caliente.

Por su parte, el desdibujado gobierno de Fausto Vallejo continúa sujeto a las disposiciones que marca el comisionado para la Paz, la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán, Alfredo Castillo. 

Por decisión de la Federación, la administración estatal ha pasado a ser vocera de las acciones que emprenden los funcionarios federales en esta entidad, labor que ahora desempeña el secretario de gobierno, Jesús Reyna García.

Castillo y sus funcionarios –los “yuppies mexiquenses”, les ha apodado la clase política michoacana- son ahora los responsables del ejercicio de gobierno en la entidad, pese a los cuestionamientos que se dieron al designar de facto funcionarios de primer nivel en la estructura del gobierno, decisión que solo compete al gobernador constitucional.

A siete días de haber iniciado el operativo para el rescate del estado de derecho en Michoacán, el primer corte de caja hecho por Rubido revela que se ha logrado la detención de 28 personas relacionadas con delitos federales. Entre ellas hay dos que dicen pertenecer a un grupo de la delincuencia organizada.

De afuera mueven las fichas

El que fuera titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) es ahora quien dicta la política interna de gobierno en Michoacán.

Al menos así ha quedado establecido en la práctica, luego de que a propuesta del comisionado Alfredo Castillo se hicieron cambios en dos áreas estrategias de la administración estatal: Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y en la Procuraduría de Justicia del Estado (PJE). 

También -ya se anunciaron- habrá cambios en el gabinete de Michoacán para los próximos días.

Al frente de la SSP se ha oficializado el nombre de Carlos Castellanos Becerra, quien antes de llegar a velar por la seguridad de los michoacanos fue director general de Asuntos Jurídicos de la Procuraduría de Justicia en el Estado de México, cuando el titular de la dependencia era el mismo Alfredo Castillo. Después, Castellanos Becerra se incorporó a la Profeco en la dirección jurídica.

Como procurador de Justicia, Castillo designó a Martín Godoy Castro, quien habrá de esperar el trámite de validación del congreso local para que ser instalado en esa dependencia. 

Godoy Castro también llega a Michoacán luego de ser subprocurador de verificación en la Profeco, cuando estuvo al frente el mismo Castillo. 

El nuevo procurador de Justicia de Michoacán fue también subalterno de en la Procuraduría de Justicia del Estado de México, en donde Godoy Castro se desempeñó como fiscal general en ciudad Nezahualcóyotl. 

Antes, también estuvo en la PGR como delegado de la dependencia en Sonora, en donde trabajo al lado de Adolfo Eloy Peralta, cuando este fue delegado de la AFI en ese mismo estado.

Un tercer mando designado por el comisionado Federal en Michoacán es Bernardo Téllez Duarte, quien a partir de esta semana se hará cargo de la Secretaría Técnica del Consejo Estatal de Seguridad Publica.

Ahí suplirá a Armado Ballinas Mayés, un ícono del priismo michoacano, cuya salida del equipo del gobernador revela el grado de deterioro de la relación de Fausto Vallejo con los líderes de su partido. 

Téllez Duarte llega al estado como reconocido miembro del equipo de Castillo, de quien fue director de planeación en la Procuraduría de Justicia mexiquense.

Téllez Duarte e también se ha desempeñado como director Administrativo de la Coordinación de Seguridad Pública del Estado de Sonora y director general de Información, Planeación, Programación y Evaluación de la Procuraduría de Justicia mexiquense y asesor de la dirección de Finanzas del Instituto Mexicano del Seguro Social.

El legado de García Luna

La mayor parte de los funcionarios federales que ahora deciden acciones de gobierno en Michoacán, incluido el comisionado Alfredo Castillo, mantienen en común un pasado ligado al equipo de trabajo del exsecretario de Seguridad Pública Federal, Genaro García Luna.

Los implicados llegaron a García Luna por medio de Luis Cárdenas Palomino. La relación de Castillo con Cárdenas Palomino se deriva del matrimonio que este sostuvo con una de las hijas del finado abogado penalista, Marcos Castillejos Escobar, del que Castillo era sobrino. 

En el 2002, Castillo trabajó en la PGR a las órdenes de Cárdenas Palomino, cuando este se desempeñaba como director general de Investigación Policial de la Agencia Federal de Investigación (AFI), dependiente de la PGR. 

Fuera del campo de trabajo, la relación entre Cárdenas Palomino y Castillo se mantuvo por medio de Liliana Rosillo Herrera, hoy designada como subprocuradora de Justicia para la zona de Zamora, en Michoacán.

Antes, Rosillo Herrera ya había servido como fiscal de feminicidios en Tlalnepantla, estado de México, además de haber sido delegada de la PGR en Tlaxcala. En la Profeco fue invitada por Castillo para despachar como director de gas.

A Cervantes se le reconoce el mérito de ser el hombre de las confianzas del presidente Enrique Peña Nieto, sobre todo, luego del trabajo realizado al frente de la subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo de la PGR, desde donde investigó el estallido en la Torre de Pemex y realizó el trabajo que llevó a la cárcel a la dirigente del SNTE, Elba Esther Gordillo.

Más designados

-Alfredo Castillo
Comisionado para la Paz en Michoacán

-Carlos Castellano Becerra
AHORA: Al frente de la SSP
ANTES: director general de Asuntos Jurídicos de la Procuraduría de Justicia en el Estado de México

-Bernardo Téllez Duarte
AHORA: secretario del Consejo Estatal de Seguridad Publica
ANTES: Director de planeación en la Procuraduría de Justicia mexiquense

-Martín Godoy Castro
AHORA: Procurador de Justicia
ANTES: Subprocurador de Verificación en Profeco

-Jaime Rodríguez Aguilar
AHORA: Subprocurador para Morelia
ANTES: Estuvo al frente de la Fiscalía Regional de Tlalnepantla

-José Juan Monroy García
AHORA: Procuración de justicia en Lázaro Cárdenas
ANTES: Trabajó a las órdenes del comisionado como Fiscal Regional de Texcoco y como subdelegado en el Estado de México para la PGR

-Jesús Isaac Acevedo Román
AHORA: Subsecretario de prevención y reinserción social
ANTES: Trabajó como Fiscal Regional de Nezahualcóyotl

-Adolfo Eloy Peralta Mora
AHORA: Subsecretaría de seguridad pública del gobierno de Michoacán
ANTES: Trabajó como director de inteligencia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Estado de México y fue jefe regional de la AFI, en Sonora

-Victorino Porcayo Domínguez
AHORA: Subprocurador de justicia en Apatzingán
ANTES: Fue titular de la Fiscalía Regional de Atlacomulco. Es el único que se escapa a la influencia de García Luna

-José Ramón Ávila Farca
AHORA: Subprocuraduría de Zitácuaro
ANTES: Se desempeñó como director general de Contratos de Adhesión, Registros y Autofinanciamientos de la Profeco. Antes había trabajado en la PJE de México, como fiscal especial para delitos dolosos cometidos por cuerpos policiacos.

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