Para la consejera Noemi Luján el asunto es más claro, y reveló que hay diversas anomalías en el contrato entre CAITS y el IEDF que ella no comparte
En la Contraloría sostienen que el área encargada de revisar la situación contractual es tanto la Secretaría Administrativa como el Comité de Adquisiciones
Dos consejeros aseguran que aún no formaban parte la institución cuando se eligió a esta compañía de reciente creación, y los demás sostienen que la tarea de indagar no les corresponde a ellos
La empresa CAITS Seguridad Privada S.A. de C.V. se ha vuelto intocable. Y es que en el Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF) ningún funcionario se anima a denunciar las violaciones contractuales en que incurre.
Los consejeros se deslindan. Unos porque aún no formaban parte la institución cuando se eligió a esta compañía de reciente creación, y otros, porque aseguran que esa tarea no les corresponde.
Por su parte, la presidencia de ese órgano colegiado indica que no hay incumplimientos detectados y en la Contraloría Interna afirman que si revisan este rubro será hasta el año próximo.
El caso es que el IEDF tiene un contrato firmado con CAITS para resguardar el edificio sede, los 40 consejos distritales y la bodega que tienen en Tláhuac por un monto de 6 millones 561 mil 308 pesos y que ya incumple esa compañía.
Reporte Indigo publicó en su edición del 15 de julio pasado que de acuerdo con el contrato C.P.AD.-016-13, la firma de seguridad debía proporcionar hombres armados y con chalecos antibalas, así como unidades caninas.
Pero en diversos recorridos se pudo constatar que ninguna de esas especificaciones se cumple. La empresa es de reciente creación y obtuvo el contrato por adjudicación directa.
La postura general de los consejeros respecto a este tema fue de preocupación, pero también de deslinde. Ninguno se pronunció por demandar una revisión a los puntos esenciales del contrato.
Y en la Contraloría sostienen que el área encargada de revisar el cumplimiento de las empresas contratadas por el IEDF es tanto la Secretaría Administrativa como el Comité de Adquisiciones.
Las posturas
Diana Talavera, en su calidad de presidenta del IEDF, dijo que para el ejercicio fiscal 2013, la seguridad del Instituto no está a cargo de la Policía Auxiliar del Distrito Federal, debido a que la cotización presentada por dicha corporación tuvo un incremento del 25 por ciento en relación con el año 2012.
Se deslindó de la contratación de CAITS, pues asegura que la adjudicación del contrato fue aprobada por el órgano facultado para ello, que es el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios Generales.
Y en cuanto a los incumplimientos, sostuvo que los servicios pactados por dicha compañía no tiene registrado ningún incumplimiento.
Para la consejera Noemí Luján, el asunto es más que obvio. En entrevista reveló que hay diversas situaciones vertidas en el contrato entre CAITS y el IEDF, que ella no comparte.
“Lo que sí te puedo decir es que los consejeros haremos una evaluación para considerar si la empresa sigue o no para el siguiente año”. Por el momento no tenemos considerada una revisión al contrato actual”.
Explicó que las irregularidades que han surgido son una tarea de la Contraloría Interna, ya que las decisiones finales se toman directamente por la Junta Administrativa.
“Desconozco si el contralor está actuando en este momento. Nosotros hemos manifestado la existencia de algunas anomalías, pero no pedimos el actuar de la Contraloría por que cada quien sabe sus responsabilidades”.
La consejera Martha Laura Almaraz coincidió con su homóloga Noemí Luján, al asegurar que la revisión contractual de la empresa CAITS debe ser analizada por el área fiscalizadora de la institución.
Es más, abundó en que la decisión de contratar a una empresa de nueva creación y por la vía de adjudicación directa fue de la presidencia y las áreas administrativas del IEDF, y no de la mayoría de los consejeros.
“Considero que, si hay incumplimientos al contrato, se debe revisar cuanto antes. Nosotros debemos ser claros en el uso de los recursos públicos que recibe el instituto anualmente”.
Mauricio Rodríguez terció. El consejero electoral dijo que las áreas administrativas dependen de la presidencia por disposición de los legisladores al delinear el marco normativo.
En ese sentido, sostuvo que cualquier anomalía no puede ser analizada por los demás consejeros electorales, pues es una tarea que en última instancia tendrá que revisar el contralor.
“Están muy delimitados los ámbitos de competencias en el instituto.
“Se debe revisar el uso de recursos y esa es una tarea de la Contraloría, que decide cuáles rubros va a inspeccionar”.
Por su parte, Mariana Calderón, quien ingresó al instituto en sustitución del fallecido consejero Gregorio Galván, se deslindó al afirmar que cuando se eligió la empresa ella no era consejera.
“Ese acuerdo se hizo cuando yo no formaba parte del IEDF. Las consideraciones que se tomaron en su momento en el área administrativa son por algo, y si se detecta una irregularidad en el proceso evidentemente se tendrá que evaluar y se tendrá que modificar porque no pueden existir irregularidades y el instituto tiene que trabajar con apego al marco legal”.
Por esa razón, afirmó que si hay una violación evidente ya será la Contraloría la que tenga que actuar.
En el mismo sentido se pronunció Gustavo Figueroa,
La empresa CAITS Seguridad Privada S.A. de C.V. se ha vuelto intocable. Y es que en el Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF) ningún funcionario se anima a denunciar las violaciones contractuales en que incurre.
Los consejeros se deslindan. Unos porque aún no formaban parte la institución cuando se eligió a esta compañía de reciente creación, y otros, porque aseguran que esa tarea no les corresponde.
Por su parte, la presidencia de ese órgano colegiado indica que no hay incumplimientos detectados y en la Contraloría Interna afirman que si revisan este rubro será hasta el año próximo.
El caso es que el IEDF tiene un contrato firmado con CAITS para resguardar el edificio sede, los 40 consejos distritales y la bodega que tienen en Tláhuac por un monto de 6 millones 561 mil 308 pesos y que ya incumple esa compañía.
Reporte Indigo publicó en su edición del 15 de julio pasado que de acuerdo con el contrato C.P.AD.-016-13, la firma de seguridad debía proporcionar hombres armados y con chalecos antibalas, así como unidades caninas.
Pero en diversos recorridos se pudo constatar que ninguna de esas especificaciones se cumple. La empresa es de reciente creación y obtuvo el contrato por adjudicación directa.
La postura general de los consejeros respecto a este tema fue de preocupación, pero también de deslinde. Ninguno se pronunció por demandar una revisión a los puntos esenciales del contrato.
Y en la Contraloría sostienen que el área encargada de revisar el cumplimiento de las empresas contratadas por el IEDF es tanto la Secretaría Administrativa como el Comité de Adquisiciones.
Las posturas
Diana Talavera, en su calidad de presidenta del IEDF, dijo que para el ejercicio fiscal 2013, la seguridad del Instituto no está a cargo de la Policía Auxiliar del Distrito Federal, debido a que la cotización presentada por dicha corporación tuvo un incremento del 25 por ciento en relación con el año 2012.
Se deslindó de la contratación de CAITS, pues asegura que la adjudicación del contrato fue aprobada por el órgano facultado para ello, que es el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios Generales.
Y en cuanto a los incumplimientos, sostuvo que los servicios pactados por dicha compañía no tiene registrado ningún incumplimiento.
Para la consejera Noemí Luján, el asunto es más que obvio. En entrevista reveló que hay diversas situaciones vertidas en el contrato entre CAITS y el IEDF, que ella no comparte.
“Lo que sí te puedo decir es que los consejeros haremos una evaluación para considerar si la empresa sigue o no para el siguiente año”. Por el momento no tenemos considerada una revisión al contrato actual”.
Explicó que las irregularidades que han surgido son una tarea de la Contraloría Interna, ya que las decisiones finales se toman directamente por la Junta Administrativa.
“Desconozco si el contralor está actuando en este momento. Nosotros hemos manifestado la existencia de algunas anomalías, pero no pedimos el actuar de la Contraloría por que cada quien sabe sus responsabilidades”.
La consejera Martha Laura Almaraz coincidió con su homóloga Noemí Luján, al asegurar que la revisión contractual de la empresa CAITS debe ser analizada por el área fiscalizadora de la institución.
Es más, abundó en que la decisión de contratar a una empresa de nueva creación y por la vía de adjudicación directa fue de la presidencia y las áreas administrativas del IEDF, y no de la mayoría de los consejeros.
“Considero que, si hay incumplimientos al contrato, se debe revisar cuanto antes. Nosotros debemos ser claros en el uso de los recursos públicos que recibe el instituto anualmente”.
Mauricio Rodríguez terció. El consejero electoral dijo que las áreas administrativas dependen de la presidencia por disposición de los legisladores al delinear el marco normativo.
En ese sentido, sostuvo que cualquier anomalía no puede ser analizada por los demás consejeros electorales, pues es una tarea que en última instancia tendrá que revisar el contralor.
“Están muy delimitados los ámbitos de competencias en el instituto.
“Se debe revisar el uso de recursos y esa es una tarea de la Contraloría, que decide cuáles rubros va a inspeccionar”.
Por su parte, Mariana Calderón, quien ingresó al instituto en sustitución del fallecido consejero Gregorio Galván, se deslindó al afirmar que cuando se eligió la empresa ella no era consejera.
“Ese acuerdo se hizo cuando yo no formaba parte del IEDF. Las consideraciones que se tomaron en su momento en el área administrativa son por algo, y si se detecta una irregularidad en el proceso evidentemente se tendrá que evaluar y se tendrá que modificar porque no pueden existir irregularidades y el instituto tiene que trabajar con apego al marco legal”.
Por esa razón, afirmó que si hay una violación evidente ya será la Contraloría la que tenga que actuar.
En el mismo sentido se pronunció Gustavo Figueroa, consejero electoral que sustituyó a Luigi Paolo Cerda.
“Entiendo que contrataron la empresa porque da servicio a toda la zona. Yo no estuve en todo el proceso… Y en función de eso la contrataron”.
“De alguna manera trato de deslindar el trabajo administrativo que se da a través de la junta administrativa . Ellos tienen todo el manejo. A quien le debe corresponder el tema de manera correctiva y preventiva es a la Contraloría y me parece que investigar sería como intervenir”.
El deslinde
En entrevista con Reporte Indigo, el contralor interno del IEDF, Miguel Ángel Mesa Carrillo, aseguró que la contratación de CAITS se hizo con apego a la normatividad.
Según su explicación, se trata de una propuesta directa de la consejera presidenta Diana Talavera, que después de revisar, se confirmó que cumplía con todos los requisitos de ley y que cobraba menos que las demás propuestas.
“Hasta ahí no hay irregularidades. El asunto es que le corresponde a la Secretaría Administrativa y al Comité de Adquisiciones verificar que la empresa cumpla con lo acordado de manera legal”.
“En lo concerniente a la Contraloría será hasta el 2014 cuando comenzaremos a revisar mediante una auditoría a ese y otros rubros que consideremos pertinentes”.
El tema de fondo, para el contralor, es que las penalizaciones y situaciones contractuales tocan a las instancias antes mencionadas, que son presididas por funcionarios que propuso Diana Talavera.
“Solo en caso de que exista una recisión al contrato, el área fiscalizadora y la Secretaría Administrativa tendrán que intervenir, de lo contrario será una tarea de las áreas antes mencionadas”.