La ineptitud que detuvo el estadio de Monterrey

La suspensión de las obras del estadio de los Rayados de Monterrey en La Pastora, a raíz de una sentencia judicial, revela una vez más las pifias y omisiones que han acompañado a este proyecto.

Hoy, Femsa está pagando la irresponsabilidad con la que actuaron las autoridades municipales de Guadalupe en la expedición ilegal de los permisos municipales. Operación dirigida por la ex alcaldesa Ivonne Álvarez, próxima senadora del PRI.

Esta semana se conoció la sentencia del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Estado, en la cual revoca el sobreseimiento que hizo el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa del Estado del juicio de amparo promovido en el 2010 por vecinos en contra del proyecto.

El amparo concedido a  este grupo de vecinos, encabezados por el dirigente Gregorio Vanegas, es para que el Municipio de Guadalupe atienda la obligación impuesta en el artículo 59 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado para realizar una consulta pública.

Esta resolución está siendo combatida legalmente por Femsa a través de un recurso de queja.

En marzo del 2010, días antes de  que Semarnat concediera las autorizaciones ambientales para este proyecto,  Ivonne Álvarez declaró que una vez que el estadio lograra el aval federal, ella entregaría el permiso de construcción en cinco días.

“Nosotros como Gobierno municipal en cinco días damos los permisos que le corresponden al Municipio”, declaró la ex edil priista.

Esta incompetencia hoy tiene su costo: los permisos otorgados por el Ayuntamiento a Femsa para la construcción, son ilegales.

Esta suspensión de obras también abre un nuevo capítulo de confrontación entre el gobernador Rodrigo Medina y los empresarios de Monterrey, principalmente con el grupo Femsa, que encabeza el empresario José Antonio Fernández.

La empresa propietaria de los Rayados de Monterrey responsabiliza de esta pifia legal también a funcionarios estatales que estuvieron involucrados en el proceso del comodato del terreno de 28 hectáreas y en el otorgamiento de permisos.

Entre los señalados se encuentra Fernando Gutiérrez, secretario de Desarrollo Sustentable del Estado, y el ex diputado local del PRI, Héctor Morales, actualmente secretario de Trabajo en el gabinete estatal.

No es la primera omisión que ha generado retrasos y demoras en este proyecto que fue anunciado desde el 2009, durante la administración del ex gobernador Natividad González Parás.

El ex mandatario priista anunció la cesión de los terrenos de La Pastora, pero sin tener la autorización de la permuta por parte del Congreso del Estado, que se tardó casi tres años.

Luego, en el decreto del comodato del terreno a Femsa, las autoridades volvieron a equivocarse  en el registro de las coordenadas para ubicar el predio en La Pastora.

Las coordenadas ubicaban el predio de La Pastora a 30 kilómetros de ahí, en el municipio de Cadereyta.