La impunidad del Tráiler de la Muerte en Jalisco
A casi dos años de que el vehículo deambuló con 273 cuerpos que fueron extraídos de la morgue de Jalisco, el Congreso local solicitó a la Fiscalía Anticorrupción y la Contraloría estatal un informe sobre las indagatorias que hicieron sobre el caso
Luis HerreraLa extracción ilegal de 273 cuerpos de la morgue de Jalisco en un tráiler que deambuló por Guadalajara en 2018, y que incluso fue abandonado en un predio a la intemperie durante toda una noche, está por cumplir dos años sin que a la fecha se impongan sanciones administrativas ni penales para los responsables del “tráiler de la muerte”.
Ante la impunidad que prevalece sobre este episodio conocido como el “tráiler de la muerte”, y el cual le dio la vuelta al mundo, el Congreso de Jalisco aprobó hace unos días un acuerdo legislativo para llamar a cuentas a la Contraloría del estado y a la Fiscalía Anticorrupción y rindan un informe sobre el estatus que guardan la investigaciones que emprendieron al respecto.
El acuerdo de los legisladores pone énfasis en uno de los principales responsables de ese hecho que provocó una profunda indignación social, se trata de Luis Octavio Cotero Bernal, quien entonces se desempeñaba como titular del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF), instancia que estaba a cargo de la custodia y resguardo de los cientos de cadáveres
“Esta fue la punta del iceberg que destapó el cúmulo de atroces irregularidades con las que se estuvo dirigiendo el IJCF durante el periodo de su encargo, violentado los derechos humanos de personas fallecidas, de sus familiares y pasando por alto las disposiciones y protocolos mínimos que la ley exige”, señalaron los legisladores con respecto a la gestión de Cotero Bernal.
Los diputados locales destacan además que Cotero Bernal incurrió en múltiples irregularidades, por ejemplo, que “no existe constancia de que formalmente haya informado a la Junta de Gobierno (del IJCF)” de las inconsistencias que se estaban presentando en el manejo de los cuerpos, “más que de forma verbal”.
“A sabiendas de las irregularidades, continuó desempeñándose de forma anómala, permitiendo que existiera un atraso en el registro de personas fallecidas, de quienes no se tenía un control de toma de muestras y de las que sin el más mínimo protocolo de ingreso, mantuvieron sus cuerpos en cámaras frigoríficas sin una debida identificación”, agregaron.
Acuerdo contra la impunidad
Según la investigación sobre el caso que abrió la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ), y que dio lugar a la Recomendación 10-2019, el tráiler con esos casi 300 cuerpos salió del Servicio Médico Forense (Semefo) del IJCF el 31 de agosto de 2018, fecha en la que comenzó su recorrido por distintos puntos de la ciudad hasta ser estacionado toda la noche del 14 de septiembre en un predio de Tlajomulco.
“El control de registros de cadáveres no se llevó de forma adecuada, respetando los protocolos a los que legalmente están obligados en materia de identificación; por el contrario, ocultó los cuerpos en un tráiler que estuvo circulando por toda la ciudad y del que no se tenía un registro adecuado, prolongando de forma criminal y negligente la agonía de los familiares de los fallecidos que los buscaban de forma desesperada, pero al no contar el Instituto con tomas de muestra genética, era mínima la posibilidad de poderlos identificar con un mayor tiempo trascurrido”, apuntaron los diputados sobre el tratamiento fuera de la ley de los cadáveres.
El acuerdo que cuestiona de manera severa la actuación del extitular del IJCF fue aprobado este 21 de julio con el respaldo de todas las fuerzas políticas –Movimiento Ciudadano, PAN, PRI, PRD, PT y PVEM–, excepto Morena que se abstuvo.
Los legisladores coincidieron en que “la gestión de Cotero Bernal al frente del Instituto generó acciones que, por su gravedad, pueden derivar en responsabilidades incluso penales”, por lo que concluyeron:
“Es fundamental que se investigue la actuación del exfuncionario (…), y el manejo que hizo de los expedientes de las personas fallecidas cuyos cuerpos tenía en custodia el Instituto, para verificar si existieron donaciones irregulares de los mismos, inhumaciones de personas que se estaban buscando y que no fueron debidamente identificadas (…) y si contando el área de Trabajo Social con datos o líneas familiares, estaban como no identificados; de igual manera si los peritajes fueron realizados en tiempo”, enfatizaron.
Fue así que el Congreso aprobó solicitarles al fiscal Anticorrupción, Gerardo Ignacio de la Cruz Tovar, y a la contralora, Teresa Brito Serrano, que informen el estado que guardan sus investigaciones sobre estos hechos, en especial sobre “la falta de aplicación de protocolos de identificación de personas y el resguardo de personas fallecidas sin identificar en cámaras frigoríficas, durante el ejercicio de Luis Octavio Cotero Bernal” en el IJCF.
Los legisladores consideran que el tráiler con los cuerpos circuló sin que hubiera un registro adecuado, lo que prolongó de forma criminal y negligente la agonía de las familias de los fallecidos
Los nueve impunes del Tráiler de la Muerte
En su Recomendación 10-2019, la CEDHJ determinó que Cotero Bernal es responsable de las irregularidades en el caso del tráiler de la muerte junto a otros ocho exfuncionarios del gobierno de Aristóteles Sandoval Díaz.
De parte de la Fiscalía figuran Raúl Sánchez Jiménez, exfiscal general; Marisela Gómez Cobos, exfiscal central; Fausto Mancilla Martínez, exfiscal regional; José Lino Morales Estrada, exsubdelegado adscrito a la Dirección de Investigación y Persecución del Delito; Salvador Marco Antonio Cruz Flores, exdirector de Recursos Materiales; y Bernardo Arzate Rábago, excoordinador general de Administración y Profesionalización.
Además Cotero Bernal al interior del IJCF se identificó como responsables también a Eduardo Mota Fonseca, exdirector del Semefo, y a Francisco Javier Ortega Vázquez, excoordinador de Recursos Materiales y Servicios Generales.
En el ámbito penal se abrieron al menos seis carpetas de investigación por estos hechos: una por la Visitaduría de Fiscalía (D-I/ I96705/2018), y el resto por la Fiscalía Anticorrupción (1232/2018, 34/2019, 37/2019, 40/2019 y 43/2019); por la vía administrativa la Contraloría abrió el expediente 473-DGJ/OICDQ/2018-C, sin embargo, ninguna de estas indagatorias ha dado lugar a sanciones para los responsables.
