La herencia

[kaltura-widget uiconfid=”38045831″ entryid=”1_hg8b8cim” responsive=”true” hoveringControls=”true” width=”100%” height=”75%” /] El sexenio del próximo presidente de México no será fácil. El tema económico es uno de los que más retos pone de frente para quien ocupe la silla presidencial a partir del 1 de diciembre de 2018. 

El nuevo inquilino de Los Pinos recibirá como herencia un país con una inflación que se ubica lejos de la meta del Banco de México (Banxico), empleos con salarios precarios, un crecimiento económico limitado y por debajo de la promesa hecha por la actual administración y, por si eso no fuera todo, un socio comercial que quiere construir un muro en la frontera norte y que está acostumbrado a negociar con amenazas. 

Los cinco presideciables han puesto sobre la mesa algunas propuestas para impulsar a nuestro país en materia económica, sin embargo, la debilidad en sus planteamientos hace dudar a especialistas sobre si en realidad podrán dar prioridad a políticas macroeconómicas, fiscales, monetarias y cambiarias que se han quedado en la agenda de las últimas administraciones.

Raymundo Tenorio, director del Programa de Economía y Finanzas del Tecnológico de Monterrey, Campus Santa Fe, explica que  los mexicanos elegirán el 1 de julio entre dos escenarios: el de la continuidad y el del cambio.

Si resulta ganador el candidato de la coalición ‘Por México al Frente’, Ricardo Anaya, o el de la coalición ‘Todos por México’, José Antonio Meade, se aseguraría la estabilidad económica y el marco del estado de derecho al dejar que las reformas estructurales continúen con su implementación legal.

“Si hay continuidad, el crecimiento económico estaría positivamente asegurado en el marco de que no se modificarían las leyes y reglamentos vigentes. Pero, esto no quiere decir que su modelo sería exitoso, pues, tal vez nos quedaríamos en un incremento similar al que hemos tenido los últimos años y seguramente nos mantendríamos en ese ritmo”, sostiene Tenorio.

Por el contrario, si el abanderado de la coalición ‘Juntos Haremos Historia’, Andrés Manuel López Obrador, obtiene la mayoría de los sufragios, el panorama será complejo, ya que el candidato busca revertir proyectos de gran relevancia que se impulsaron durante esta administración, tales como la reforma energética y el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM). 

Atado de manos

El escenario económico también está anclado al Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) y a la Ley de Ingresos que autorice la actual Legislatura del Congreso de la Unión y que tendrá que implementar el próximo presidente, sin importar de quién se trate.

Una vez que en julio llegue la propuesta, el poder legislativo la autorizará o le hará modificaciones y estará vigente en 2019. Esto quiere decir que el margen de maniobra para el primer año del presidente estará definido por la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión que concluirá sus funciones el 31 de agosto.

Para Julio Jiménez, catedrático e investigador de la Universidad La Salle, el relevo de la legislatura es un importante reto por los problemas a los que se enfrentará al momento de su aprobación, lo que significa que la política fiscal del próximo presidente durante su primer año de gestión estará llena de incertidumbres.

“El problema es que no se van a encontrar consensos para autorizar el proceso de 2019 y evidentemente esto ataría de manos al próximo presidente. Aunque todo depende de la composición del poder Legislativo, en este momento es difícil saber cómo empezará la política fiscal en la nueva administración, ya que desconocemos cómo se dará la composición de la LXIV Legislatura”, comenta.

Crecimiento económico

El presidente Enrique Peña Nieto prometió desde su campaña que México lograría un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de 5 por ciento, sin embargo, en los últimos cinco años el promedio ha sido de 2.5 por ciento. 

Las cifras publicadas en el estudio ‘Perspectivas Económicas Mundiales’ son las mismas que las presentadas en enero pasado, cuando elevó su estimación de crecimiento de la economía mexicana en 0.4 y 0.7 por ciento, respectivamente. 

Raymundo Tenorio hace énfasis en que lo ideal sería que México creciera a un nivel de 3 por ciento de manera anual para que pudiera generar más y mejores empleos. No obstante, considera que el crecimiento que se pensaba que llegaría con las reformas estructurales fue un mito, ya que, hasta ahora, no ha habido tal avance

Para 2019 y 2020 se esperaría que la reforma energética empiece a generar las primeras inversiones, ya que hasta el momento se tienen comprometidos en papel 60 mil millones de dólares, pero el país no ha visto ni un sólo dólar de eso. 

“La implantación de las reformas estructurales, particularmente la energética, podrían hacer crecer el PIB poco a poco, pero de ninguna manera ocurrirá al 5 por ciento”, detalla el catedrático del Tec de Monterrey.

Y añade que en el mejor de los casos, el próximo año la economía crecería 2.5 por ciento y de ahí cada año con aumentos marginales. 

Los retos del empleo

El empleo y los salarios contrastan en México. La tasa de desocupación laboral en el país va a la baja, ya que desde 2009 ha mostrado un continuo descenso hasta alcanzar su nivel más bajo en enero de este año con una tasa de 3.3 por ciento, cifra más baja desde hace 12 años, de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Esto convierte al tema del empleo en un reto para el próximo presidente que se encontrará con relativa soltura en la agenda política, ya que ha sido uno de los puntos a los que más se le ha prestado atención por parte de los últimos ocupantes de Los Pinos.

“En los últimos años el tema del empleo en el país ha estado relativamente estable, ya que se tiene una tasa de desocupación baja y, por ende, una constante generación de empleos, sin embargo, existe un tema en el que aún estamos trabajando, que es el de la informalidad, ya que hasta el momento 6 de cada 10 empleos provienen del sector informal”, explica Carlos Jiménez, investigador de la facultad de negocios de la Universidad La Salle.

La tasa de informalidad laboral en México se ubicó en 56.8 por ciento al finalizar el último trimestre del año pasado, lo que significa una leve contracción del 0.2 por ciento con respecto al mismo lapso de 2016, según el último reporte laboral elaborado por el Inegi, lo que significa que más de 30 millones de personas trabajan sin rendirle cuentas al Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Cabe señalar que la población ocupada informal agrupa todas las modalidades de esta clase de empleo como el trabajo doméstico remunerado de los hogares, trabajo agropecuario no protegido y trabajadores subordinados que, aunque trabajan en unidades económicas formales, lo hacen en modalidades fuera de la seguridad social.

Inflación por encima de la meta

Carlos Jiménez expone que a pesar de las buena cifras que se manejan en el país, existe un gran problema: salarios bajos y una inflación alta, lo que provoca que con los sueldos actuales no se puedan comprar los productos que conforman la canasta básica.

“Hemos visto una caída en el salario nominal en los últimos años, lo que contrasta con la subida en el precio de los artículos debido a la inflación, provocando que se puedan comprar cada vez menos artículos con el dinero”, manifiesta.

Tan sólo al finalizar el año pasado, la inflación alcanzó su nivel más alto desde el año 2000, al ubicarse en 6.7 por ciento. En la primera quincena de este mes se ubicó en 4.6 por ciento, sin embargo este número está muy lejos de cumplir la meta de llegar al 3 por ciento que Banxico había pronosticado al término de este año.

“La próxima administración tendrá como labor elevar el poder de compra, es decir, que los salarios puedan comprar más con el valor actual derivado de un aumento en los sueldos sin un alza en la inflación de los productos de consumo”, añade Jiménez.

A la fecha, el modelo actual de México es uno restrictivo para mantener el nivel de inflación bajo. Lo que se hace es reducir la demanda para que los precios caigan y esto se logra a través de que con un salario bajo se compre menos, lo que hace una camisa de fuerza en donde no se pueda pagar más a los trabajadores, comenta el experto.

Continuidad de las reformas

El paquete de las 11 reformas estructurales impulsadas en esta administración implicó hacer modificaciones a la Constitución, desde la educativa, de Telecomunicaciones, energética, hasta la de competencia económica.

Por ello resulta casi imposible que el próximo mandatario mexicano pueda echar para atrás alguna, ya que cada modificación que quiera hacer implica modificar leyes y reglamentos de la Constitución.

“¿Por qué se esperaría que haya continuidad? Porque el marco normativo y legal ya existe. Las leyes ya están hechas y no se pueden deshacer, comparte Julio Jiménez, catedrático e investigador de la Universidad La Salle.

Por poner un ejemplo, la reforma financiera implicó la modificación de 32 leyes y reglamentos diferentes, entonces, si se respeta el marco de derecho, las reformas continuarán adelante, pero, si el próximo gobierno quiere dar marcha atrás con las reformas, deberá proponer al Congreso la modificación.

“Modificar la constitución significa pasar por la aprobación del poder legislativo federal y después por la mayoría de las legislaturas locales. Un proceso que tardaría años”, advierte Julio Jiménez.

Relación incómoda con EU

La relación que se tenga con el presidente Donald Trump será un tema que gastará gran parte del tiempo y energía de quien sea el próximo ocupante de Los Pinos.

Principalmente tendría un impacto el tema de la Reforma Fiscal que ya fue aprobada por el Congreso Estadounidense con tasas de interés en México que se encuentran por arriba de las que se experimentaron en la crisis del año 2009.

“Una tasa de interés alta en el país significa que el costo del dinero es muy alto, teniendo como consecuencia una disminución directa en las inversiones que se realizan en el país”, puntualiza Carlos Jiménez, de la Universidad La Salle.

Lo anterior tiene un efecto directo en el crecimiento de la economía mexicana, ya que pone un freno al ritmo de crecimiento.

Otro punto a tratar es que la política fiscal de Estados Unidos es expansionista, es decir que reduce los impuestos, mientras que la nuestra es restrictiva, sube impuestos y disminuye el gasto público.

Jiménez asegura que el nuevo presidente de México deberá buscar la forma de hacer que el país deje de estar en una posición de desventaja frente al gobierno republicano.

“Estas dos políticas son contradictorias lo que provoca un choque entre ellas. Lo que pasará en el mediano plazo es que varias inversiones, que ahora se encuentran en México, comiencen a mudarse hacia Estados Unidos en vista de que tienen mejores condiciones fiscales”.