El supuesto ‘blindaje’ promovido por Mauricio Fernández a lo largo de su gobierno, se ha ido desmoronando conforme pasan los días.
La administración de Ugo Ruiz sufre la herencia del ex alcalde de San Pedro Mauricio Fernández.
Legado de compromisos financieros, contractuales, de seguridad y hasta de desarrollo urbano.
Luego de más de tres meses del cambio de estafeta, el panista Ugo Ruiz tiene que sortear los lastres de su antecesor y se ha dado cuenta que gobernar desde la Alcaldía del municipio más próspero de México no es tan fácil.
Nada es gratuito.
Ruiz lleva sobre su espalda la pesada carga financiera derivada de los contratos de Asociación Pública-Privada (APP), suscritos durante el trienio de Fernández.
En los próximos 15 años el Ayuntamiento sampetrino está obligado a pagar más de mil 200 millones de pesos por los cuarteles de seguridad en Valle Oriente y la avenida Díaz Ordaz, así como por el proyecto de video-vigilancia San Pedro Net.
Las obras del cuartel policíaco de Valle Oriente fueron suspendidas por un amparo promovido por la empresa Construcciones Vasconcelos, que impugnó los cambios de uso de suelo del predio donde se edifica esta obra.
Esta edificación la construye GP Bienes Inmuebles y el segundo cuartel, al poniente de San Pedro, está a cargo de Desarrollo y Construcciones Urbanas (DYCUSA).
El edil también heredó San Pedro Net, desarrollado por la polémica Thousand International Companies (TICSA), y la instalación de parquímetros en el Centrito por San Pedro Meters.
Éste último es autofinanciable pero desventajoso, porque durante los primeros cinco años el 80 por ciento de las ingresos del servicio serán para el particular y sólo el 20 por ciento restante irán a las arcas municipales.
Dos hombres cercanos a Fernández fueron los funcionarios responsables de confeccionar estos contratos público-privados.
El ex secretario de Promoción de Obras, Alejandro Valadez, fue el encargado de los proyectos de parquímetros y las cámaras de video-vigilancia.
Mientras que los dos cuarteles estuvieron a cargo de Armando Leal, quien se desempeñó como secretario de Obras Públicas desde la gestión pasada hasta que fue cesado recientemente por Ruiz.
El Ayuntamiento sampetrino audita el trabajo de Leal por tres obras que tienen irregularidades: sobrecostos en el Emblema San Pedro, problemas de diseño en el auditorio de Plaza Fátima y anomalías en el Museo Bicentenario.
La seguridad es otro problema que trascendió a la administración de Ugo Ruiz.
El supuesto “blindaje”, promovido por Fernández a lo largo de su gobierno, se ha ido desmoronando conforme pasan los días.
La última crisis fue por la alerta que envió el Consulado Estadounidense a sus paisanos sobre supuesto peligro en el Centrito Valle.
Aunque Ruiz actuó con prontitud y se reunió con el cónsul Joseph Pomper para el control de daños, Fernández salió a dar declaraciones y a descalificar a las autoridades de Estados Unidos.
Esta actuación mostró a Fernández como el protagonista mediático y vitalicio del municipio en el tema de seguridad .
Mientras el conciliador y el político, Ugo Ruiz, entabló el diálogo con el cónsul.
Y es que Ruiz advirtió desde el principio que no continuaría con el controvertido Grupo Rudo: establecido por Fernández, ligado con el Cártel de Los Beltrán Leyva y desmantelado en parte por la Marina.
Ruiz además heredó el conflicto con el San Pedro Live, un bar que arrancó operaciones hacia finales de la administración anterior.
Este antro donde se tocan narcocorridos de Sinaloa solicitó un amparo contra una posible clausura, después de que las autoridades municipales abrieron un procedimiento para suspenderlo de manera definitiva.
El uso de espacios públicos en San Pedro es otro tema pendiente.
El panista anunció que el Auditorio San Pedro se concesionará parcialmente, a pesar de la desaprobación de regidores de oposición.
El uso del recinto se dividirá entre el show-business y eventos que promueven la cultura, aunque será administrado por el Municipio.
Cuando Fernández era alcalde y Ruiz fungía como secretario de Ayuntamiento, las empresas ShowTime, Mutimedios Estrellas de Oro y TV Azteca mostraron interés por manejar el auditorio.
Esto se suma a la aprobación pendiente del Plan de Desarrollo Urbano 20-30, congelado por amparos promovidos por desarrolladores.
En este plan se contempla dotar de usos mixtos al predio donde está actualmente el Planetario Alfa, propiedad de la familia de Fernández, para la construcción de un edificio de departamentos, lo que ha provocado cuestionamientos.
