La reparación del daño integral a las familias de las víctimas mortales del accidente ocurrido en la mina Pasta de Conchos, en Coahuila, hace 18 años, se convirtió en una herencia para quien gane la Presidencia de la República este 2 de junio. Las mismas exigencias perviven: una investigación sobre las condiciones de la mina y la precariedad laboral, y sobre todo, el rescate de los cuerpos de 63 trabajadores que continúan atrapados.
Hasta ahora, a través de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), el Gobierno federal ha gastado por lo menos mil 945 millones 349 mil 147 pesos en las obras proyectadas para localizar y rescatar los restos de los mineros que el 19 de febrero de 2006 no lograron salir de la mina después de una explosión, de acuerdo con el portal de datos abiertos del organismo.
Entre 2020 y 2024, la CFE publicó 45 licitaciones, de las cuales 19 resultaron desiertas. El resto quedó repartido entre 22 empresas que realizaron análisis de alternativas y definición de criterios para el diseño de las obras requeridas para la búsqueda y recuperación de restos, construcción de lumbreras y rampas de acceso, transporte de personal, entre otros servicios.
El contrato mayor otorgado hasta ahora para rescatar a los mineros fue por mil 164 millones 240 mil 813 pesos para la construcción de rampas de acceso, galerías de aproximación y túneles de conexión. Se lo llevó Proacon México S.A de C.V. El siguiente en monto fue para la construcción de lumbreras, rampas de acceso y de ventilación por 397 millones 365 mil 283 pesos con la empresa Obras Mineras y Tiros del Centro S.A de C.V. El menor fue por 210 mil 600 pesos para el suministro de agua potable con la empresa Explotación de Carbón Cloete S.A de C.V.
Esta erogación ya supera 1.3 veces la cantidad que en septiembre de 2020 fue calculada en los proyectos de aproximación a los cuerpos de los mineros. En esa fecha los familiares de las víctimas mortales y el Gobierno federal acordaron en Palacio Nacional que la CFE se hiciera cargo del proceso y una vez concluido, pudiera extraer carbón, de acuerdo con la minuta de la reunión.
El flujo de dinero hasta ahora no ha alcanzado para lograr una mínima aproximación a la zona del desastre donde se supone permanecen los restos de algunos de los trabajadores. Las rampas de acceso y ventilación van al 59 por ciento de avance, de acuerdo con el último informe que recibieron las familias de los trabajadores, con fecha del 9 de enero de 2024.
El viernes 19 de enero el presidente Andrés Manuel López Obrador se presentó en la mina y ante varios familiares ofreció emitir un decreto al finalizar su gobierno para que el rescate continúe en la siguiente administración. El jefe del Ejecutivo, quien desde su campaña en 2018, hizo el compromiso de impulsar el rescate de los cuerpos, expresó que espera llegar a los mineros antes de que concluya su mandato, pero en caso de que no se logre, dejará los fondos necesarios para que los trabajos continúen.
El primer mandatario recibirá en abril a las familias en Palacio Nacional para dialogar sobre el rescate de los cuerpos. También se comprometió a volver en junio a Coahuila, tras las elecciones, para una nueva reunión. En el encuentro del viernes 19 estaban presentes el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas; la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde Luján; el director de la CFE, Manuel Bartlett Díaz, y el fiscal General de Coahuila, Gerardo Márquez Guevara.
Cristina Auerbach es fundadora y directora de la Organización Familia Pasta de Conchos. Ha defendido los derechos humanos de las familias de las víctimas mortales desde 2006, el año en que ocurrió la tragedia. Sobre la transferencia de las obras del rescate a una próxima administración federal, dice: “Lamentablemente no se concluyó, pero no se iba a concluir si no se empezaba cuando acordamos, en 2019. Entonces no es que ahorita algo pasó. Es que viene con retrasos desde hace años. Ahora, me parece importante (decir que) las familias están contentas y yo también, aunque sea una obra transexenal, que no era lo que queríamos, que no era lo que quería el presidente, (con) que se deje el decreto y se deje el fideicomiso con los fondos para concluirlo … porque se tiene que concluir esta obra”.
La promesa reanudada
La madrugada del 19 de febrero de 2006 una explosión en la mina de Pasta de Conchos, concesionada a Grupo México, el más grande del sector carbonífero en México, atrapó a 65 mineros a unos 490 metros de profundidad. A los cinco días del accidente el consorcio los declaró muertos. Incluso, les informó a las familias que era probable que la magnitud del siniestro había desintegrado a los cuerpos. Luego, ordenó la suspensión de la búsqueda.
En junio, tras la petición de las familias, el gobierno del entonces presidente Vicente Fox Quesada (2000-2006) reanudó el rescate. El 23 fue recuperado el primer cuerpo de uno de los mineros, Felipe de Jesús Torres Reyna, y el 1 de enero de 2007, el de José Manuel Peña Saucedo. Los cuerpos de estos trabajadores no tenían señas de quemaduras y estaban enteros lo que contradijo las suposiciones de Grupo México.
Pero en abril de 2007, tras un informe del Foro Consultivo Científico y Tecnológico que alertó de profusión bacteriológica, VIH, salmonela y hepatitis, el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012) clausuró la mina.
Una década después, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió con las familias de las víctimas a realizar el rescate. El plan se inició en octubre de 2020. En febrero de 2022 se empezaron las obras con las que se pretende rescatar los cuerpos de los mineros atrapados por un accidente en sus horas laborales.
Pasta de Conchos: sin lección
La tragedia en la mina Pasta de Conchos, en Santa Rosita, Coahuila, no alcanzó un “nunca más” en ese estado, principal productor de carbón mineral de México. Los municipios de Progreso, Múzquiz y Sabinas han sido escenarios de otros accidentes que han dejado decenas de muertes y pérdidas.
El 3 de agosto de 2022, tras una inundación en el pocito conocido como El Pinabete, en Villa de Agujitas, en Sabinas, Coahuila, 10 mineros quedaron sepultados en el derrumbe. Los trabajadores toparon con una mina antigua llena de agua, que se vino abajo y ocasionó una inundación. Cuatro de los cuerpos fueron rescatados meses después. Los otros, hasta ahora, continúan entre la tierra.
Como Pasta de Conchos, El Pinabete se volvió emblema de las condiciones precarias en las que trabajan miles de mineros en torno al llamado “carbón rojo”. Cristina Auerbach, directora de Familia Pasta de Conchos, destaca que las circunstancias de peligro en las que los 65 mineros fallecieron en Pasta de Conchos aún no se han revertido.
Los accidentes posteriores avalan sus palabras. En Sabinas, el mismo municipio donde está El Pinabete, una explosión de gas metano en un pozo de la empresa Beneficios Internacionales del Norte le arrancó la vida a 14 mineros. En el mismo siniestro, un adolescente perdió uno de los brazos.
En ese mismo año, cuatro trabajadores fallecieron en un derrumbe de la mina La Esmeralda, de Minerales Monclova Sociedad Anónima, también en Sabinas.
En julio de 2012, una explosión en un pozo en el ejido La Florida, en Múzquiz, le arrancó la vida a siete mineros. Se trataba de un yacimiento con apenas tres meses de inaugurado. Un mes después, seis mineros fallecieron en una mina explotada por Altos Hornos de México, en Progreso, debido a la formación de una bolsa de gas que ocasionó el derrumbe de un techo. Más de 100 toneladas de carbón cayeron sobre los trabajadores.
De hecho, la tragedia ha sido un hilo conductor del trabajo en las minas coahuilenses. La organización Familia Pasta de Conchos contabilizó por lo menos 3 mil 103 mineros muertos en 310 accidentes entre 1883 y 2017, en su informe “Carbón Rojo de Coahuila: Aquí acaba el Silencio”.
El documento también refleja las formas de la muerte en torno al carbón. Es la asfixia por la fuerza de la tierra al derrumbarse o el ahogamiento por la magnitud de las inundaciones. Expone también cómo suele realizarse la recuperación de cuerpos. “Sean los rescatistas de cuadrillas especializadas o los mineros que a fuerza de ver morir compañeros han ido aprendiendo a rescatarlos. Sean los cientos de mineros que colaboran en los rescates doblando turno, acarreando tierra, moviendo carretillas, llevando y trayendo lo que se necesita …”, se lee en el informe.
La bitácora de un olvido
Los años se acumularon y el rescate de 63 trabajadores atrapados por una explosión en la mina Pasta de Conchos, en Coahuila, se postergó con diferentes justificaciones. En primera instancia estuvo la posición de Grupo México, la empresa con la concesión de la mina, que indicó a los días del siniestro que la sobrevivencia “era imposible”.
El desastre ocurrió en el último año de gobierno de Vicente Fox Quesada (2000-2006) y aunque el momento político significaba un cambio, las familias de los mineros que se quedaron bajo escombros, no dejaron de exigir la reparación del daño. Su petición, desde entonces, se basó en la recuperación de los cuerpos, más que en la indemnización.
De modo que al cambiar el gobierno federal lograron que los trabajos de búsqueda se reiniciaran. Para ello, el nuevo gobierno de Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012), con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a cargo de Javier Lozano Alarcón, ordenó un informe sobre las condiciones de la mina.
En los archivos del antiguo Portal de Obligaciones y Transparencia (ahora integrado al Sipot, en la Plataforma Nacional de Transparencia) se encuentra el gasto realizado para ese reporte. El contrato lo obtuvo la asociación civil Foro Consultivo Científico y Tecnológico por 4 millones 600 mil pesos (Unos 9 millones 595 mil 689 pesos de ahora) en junio de 2007.
Lo que indicaron los investigadores en ese momento desalentó que se iniciaran obras para llegar a los cuerpos de los mineros. El reporte estaba plagado de alertas de virus y bacterias que ponían en riesgo la vida de los posibles exploradores. Entonces, el secretario del Trabajo mandó cerrar la mina y lanzó esta frase: “Para no arriesgar a los vivos para sacar a los muertos”.
El Gobierno federal no volvió a realizar un solo gasto en torno a las víctimas mortales de la explosión en Pasta de Conchos hasta 2020, cuando el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió con las víctimas, consta en los mecanismos de transparencia del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personal, así como Compranet.
Más allá de los mineros bajo tierra, lo que ocurrió en Pasta de Conchos no tuvo ninguna penalidad. Ni siquiera se abrieron carpetas de investigación en la Fiscalía de Coahuila. Muchos años a nivel federal fueron de olvido, mientras la memoria de la tragedia en las decenas de deudos permaneció.