La geografía del crimen en México

La investigación del crimen y las redes del narcotráfico en México no es una prioridad para la cuarta transformación (4T). La Fiscalía General de la República (FGR) tiene un informe oficial desactualizado en el que señala la existencia de nueve cárteles y 37 células criminales que estarían operando en el territorio nacional.

De acuerdo con el documento, no en toda la República hay presencia de grupos del narcotráfico. En 15 estados no hay información sobre la presencia criminal, en tanto que en los 17 restantes operan estas organizaciones.

Ese es el mapa y la inteligencia con la que cuenta el Estado mexicano y con la que la Fiscalía intenta combatir a los cárteles de las drogas en México.

La información oficial de la FGR otorgada en los primeros días del año 2020 refiere que el mapa del crimen fue actualizado el 30 de junio de 2015 y son los únicos datos públicos con los que cuenta el órgano encargado de la procuración de justicia en el país para establecer la ubicación de los cárteles. En la anterior actualización –realizada en el mismo año– consideraba que 45 células criminales operaban en el país.

Especialistas consultados por Reporte Índigo indican que no es nada sencillo ubicar geográficamente la presencia de la delincuencia organizada en un país en el que las labores de seguridad están concentradas en distintos esfuerzos.

Por una parte, la inteligencia civil, representada por el Centro Nacional de Inteligencia (antes CISEN) y, por otra, los trabajos de la Marina y la Defensa Nacional que operan de manera táctica en el terreno, y además el trabajo de la Fiscalía General de la República, entidad encargada de la procuración de justicia.

Los expertos coinciden en que hay una evidente falta de comunicación por parte de las dependencias del Estado para reconocer la actividad criminal de los cárteles y las células que surgen de ellos, así como la manera en la que operan, ya que no se hace referencia sólo al tráfico de drogas, también hacen labor de guardias armadas, cobro de piso, secuestro, extorsión a negocios y otros ilícitos.

El documento de la FGR revela que la organización más unida por carecer de células alternas es el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), con presencia en apenas ocho estados de la República: Colima, Michoacán, Guanajuato, Nayarit, Guerrero, Morelos y Veracruz.

El grupo delincuencial con más escisiones es el Cártel del Pacífico, como se identifica a la organización de Ismael “El Mayo” Zambada. En el documento de la FGR no se le reconoce como Cártel de Sinaloa.

Los expertos consultados por Reporte Índigo explican que este documento no se debe tomar al pie de la letra actualmente, ya que el propio fenómeno de la delincuencia organizada tiene movimientos, los integrantes cambian de bandas, pandillas completas pueden moverse de cártel, se pueden desintegrar y también cambiar de ciudades o estados de la República en donde operan.

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Informe sobre Crimen Choca con la DEA

Si de por sí existen diferentes ópticas sobre cómo opera la delincuencia organizada en el país, en las instituciones del Estado mexicano, la brecha se hace aún más grande cuando se comparan sus informes con los de la DEA (Agencia para el Control de Drogas de Estados Unidos), la cual sí procura estar actualizada sobre el movimiento de los cárteles en México.

La instancia estadounidense identifica solo a seis organizaciones criminales que operan en México: El Cártel de Sinaloa, el Cártel Jalisco Nueva Generación -que ubica como el de más reciente creación-, la organización de los Beltrán Leyva, el Cártel de Juárez, el Cártel del Golfo y Los Zetas.

Hace una semana, la DEA explicó que el Cártel Jalisco Nueva Generación es la mayor amenaza y tiene presencia en al menos 24 estados de la República mexicana, además de las principales ciudades del vecino país del norte como Chicago, Los Ángeles, Nueva York y Atlanta.

Otra diferencia es que en la información generada por Estados Unidos, los cárteles, si bien se dedican al tráfico de drogas, no ocasionan violencia armada de ese lado de la frontera.

“Aunque los asesinatos relacionados con las drogas en México continúan alcanzando proporciones epidémicas, en los Estados Unidos los miembros mexicanos de las organizaciones criminales generalmente se abstienen de conflictos internos entre cárteles, lo que resulta en un mínimo de violencia indirecta en los Estados Unidos”, explica el documento de la DEA.

La falta de información actualizada y veraz también dificulta la posibilidad de tener una estimación de cuántas personas participan en las actividades ilícitas de los grupos del crimen organizado.

En un encuentro con algunos diputados federales en 2008, el entonces jefe de la Defensa Nacional, Guillermo Galván Galván –jefe del Ejército en tiempos de Felipe Calderón– ofreció una estimación de que hay aproximadamente 500 mil personas en las filas del narcotráfico.

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México, sin coordinación anti-crimen

Si las instituciones del Estado mexicano son incapaces de coordinarse para tener un planteamiento único sobre la organización de las bandas criminales, menos posibilidades habrá de enfrentarlas con éxito, asegura Édgar Morín, especialista en temas de seguridad nacional.

“Un combate eficaz al crimen organizado en cualquier parte del mundo surge de una buena coordinación entre las distintas agencias de gobierno encargadas de atender el problema, no sólo sería una cuestión penal, también fiscal, económica; es una mezcla de especialidades.

“Llama mucho la atención que no sean capaces de informar o de comunicarse interinstitucionalmente para generar una narrativa más o menos coherente donde los datos tengan coincidencias”, afirma el autor de libros como La Maña (Debate, 2015).

Para Édgar Morín, es importante destacar que una organización como el Cártel Jalisco Nueva Generación, considerada como la gran amenaza actual del Estado mexicano, carezca de células criminales y haya logrado semejante expansión. La información oficial de la FGR indica que está en ocho estados del territorio nacional.

Informe con grandes vacíos

A su vez, hay organizaciones criminales cuya presencia en algunos estados ha sido fuertemente evidenciada por la prensa y otras instancias, no obstante en el documento de la Fiscalía no aparecen.

“En el caso del Cártel del Golfo y Los Zetas, tampoco hay referencia alguna de su presencia en Veracruz, cuando la información pública que ha salido en los últimos años indica que por lo menos esas dos organizaciones tenían un control territorial bastante importante en el estado.

“Tampoco se menciona el estado de Tabasco, es irrelevante, y en este tipo de conexiones territoriales, con Veracruz, por ejemplo, el propio corredor de Hidalgo, Veracruz, Estado de México y Puebla, esos vacíos llaman la atención”, afirma el escritor.

La incapacidad para organizar esta comunicación entre las instituciones refleja una problemática sobre cómo concibe el Estado mexicano al crimen organizado.

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Delincuencia pega a los estados más ricos

La disposición de los grupos del crimen organizado que plantea la Fiscalía General de la República sigue la lógica de que la pobreza es la causa o una variable muy importante de la delincuencia, afirma el especialista en seguridad nacional, Javier Oliva.

“La mayor parte de la violencia criminal se da en los estados que más contribuyen al Producto Interno Bruto (PIB), vemos que sucede en estados que tienen una importante dinámica económica, quizás la única excepción sea Oaxaca”, dice el experto en entrevista con Reporte Índigo.

Sin embargo, también destaca que es evidente que existen diferencias notorias con otros informes oficiales.

“Toda esta información que se genera a través de distintas fuentes puede provocar disparidad entre los datos. La Sedena, por ejemplo, habla de alrededor de 230 organizaciones criminales, mientras que la DEA podría tener una cantidad distinta”, refiere el especialista.

Por ello, Oliva afirma que prefiere utilizar la información de las fuerzas armadas, ya que los militares son quienes están en el área táctico-operativa.

“Yo básicamente trabajo con información que hace pública la Sedena y la Secretaría de Marina y la Secretaría de Seguridad porque son los que están en la línea operativa directamente.

“Digamos que la Fiscalía y otras áreas encargadas de la procuración de justicia están en el segundo paso, que es fundamental, que es la aplicación de la ley, pero pueden recibir otro tipo de información”, detalla Javier Oliva.

El experto en seguridad nacional considera que es importante que el nuevo gobierno tenga una idea clara de cómo se organizan las bandas criminales en el país para así enfrentar el reto de disminuir sus acciones y los diferentes delitos que cometen contra la sociedad, tarea que sin elementos de inteligencia de este tipo resulta muy complicada y riesgosa.

“Recientemente gracias a esta información se han llevando a cabo detenciones importantes, un compromiso del presidente de la República, sin embargo para poder cumplirlo a cabalidad, también tiene que enfocarse en la persecución del dinero, la contención y, en la medida de lo posible, la disminución en el tráfico de armas. variables que de atenderse permitirían tener una dosis de optimismo en el futuro inmediato”, plantea Javier Oliva.