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La autonomía vuelve a ser el centro de atención. La salida de altos funcionarios y algunas iniciativas legislativas que buscan acotar facultades ponen en duda el futuro de los órganos autónomos de cara al cambio de gobierno.
Estas instituciones fueron creadas para garantizar el equilibrio y distribución de poder en México. Pero en este momento, la mayor preocupación es que durante la siguiente administración ocurra un desmantelamiento masivo de estas entidades subordinándolas a otras instancias de gobierno, en especial las del sector energético.
La primera alerta se encendió al conocerse la renuncia anticipada del subgobernador del Banco de México (Banxico), Roberto del Cueto, y de Juan Carlos Zepeda, titular de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH).
Sin embargo, el temor se incrementó tras la dimisión de diversos funcionarios especializados en áreas técnicas de las comisiones reguladoras del sistema financiero a causa de la reducción de sueldos, estrategia que forma parte de la política de austeridad del gobierno entrante.
“Los órganos autónomos están en riesgo. Lo que pasó recientemente es un claro atentado contra su existencia, es evidente que hay una intención de destruirlos, aún no sabemos si a todos, pero habrá que esperar a ver qué sucede con el resto”, asegura Valeria Moy, directora general de México ¿cómo vamos?
La también economista destaca que la consolidación de estos organismos no ha sido fácil, pues la construcción de un andamiaje legal e institucional que propicie un clima de confianza y certidumbre en el país requiere de varios años.
Entre los órganos que han adquirido autonomía constitucional o que fueron creados con esta característica destacan Banxico; CNH; Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece); Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH); Comisión Reguladora de Energía (CRE); Instituto Nacional Electoral (INE), entre otros
La cúpula empresarial también se sumó a las voces de rechazo ante la posibilidad de una desestabilización de estos entes.
Mediante un desplegado, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), encabezado por Juan Pablo Castañón, hizo un llamado a respetar la ley y autonomía de los reguladores del sector energético argumentando que México necesita instituciones sólidas, imparciales y técnicamente capacitadas para construir un mercado dinámico y próspero.
Aun cuando el gobierno electo se ha comprometido a respetar la figura independiente de estas entidades, Valeria Moy mantiene sus reservas al tomar en cuenta lo ocurrido en días pasados, ya que manda una clara señal de que se busca lo contrario.
“Si vulneran la autonomía de uno qué nos hace pensar que no van a tocar a los demás. El futuro de estos organismos es incierto porque pareciera que no les interesa preservarlos, sino tener el control de toda la cadena desde arriba hasta abajo”, agrega la profesora del ITAM.
Equilibrio de poderes
Los órganos constitucionales autónomos surgen en Europa y su establecimiento se expandió por América y Asia como consecuencia de la nueva concepción del poder, refiere una publicación del Instituto de la Judicatura Federal.
En un inicio, su creación estaba justificada en la necesidad de tener instituciones que defendieran los derechos fundamentales. Por lo tanto, se establecieron en las normas jurídicas, dotándolos de independencia en su estructura orgánica para con ello poder alcanzar los fines para los que se fundaron.
En otras palabras, Yuri Pavón, profesor de Administración Pública y Derecho Constitucional en las Facultades de Derecho y Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, adjudica su creación a un tema de desconfianza pública, ya que las personas no estaban conformes con lo que realizaban los poderes públicos clásicos.
A pesar de que con anterioridad a algunos de ellos se les ha acusado de tomar decisiones con un sesgo político, el académico de la Máxima Casa de Estudios del país agrega que estos organismos son vitales para el desarrollo económico y político de México.
Los órganos autónomos fueron creados para garantizar el equilibrio y la distribución de poder en México
“Es más que relevante que la autonomía de estas entidades prevalezca por encima de cualquier decisión política, pues son esenciales para la existencia del Estado, en cierto sentido, son similares a un poder público”.
Principales organismos autónomos
Se han creado numerosas entidades para preservar, vigilar y regular la estabilidad de la moneda, el sector energético, la competencia y el acceso a la información, entre otros
> Banco de México (Banxico)
> Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece)
> Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH)
> Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH)
> Comisión Reguladora de Energía (CRE)
> Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT)
> Instituto Nacional Electoral (INE)
> Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi)
> Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai)
> Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE)
El costo de dejar ir talento
Con la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos que recién fue aprobada en la Cámara de Diputados, ningún burócrata percibirá un salario superior al del presidente de la República Mexicana.
Ante las nuevas reglas del juego, algunos funcionarios de órganos autónomos han comenzado a abandonar el barco por medio de renuncias o retiros anticipados.
Por ahora, el daño no es visible, pero especialistas coinciden en que esta situación podría convertirse en un dolor de cabeza para la siguiente administración en el corto plazo.
En un principio porque la pérdida de capital humano hace más profunda la curva de aprendizaje del nuevo gobierno, ya que no contará con el apoyo de personal calificado durante la transición.
Asimismo, esta iniciativa de austeridad trae consigo la llave para que muchos funcionarios que han sido preparados por el Gobierno federal a través de sus años de servicio busquen oportunidades laborales en instituciones privadas.
En el caso de temas financieros, energéticos o comerciales el próximo gobierno se enfrentará a algunas limitantes en términos de los recursos humanos disponibles ante la política de austeridad de AMLO
Gustavo López, especialista en política nacional del Tecnológico de Monterrey, advierte que esta propuesta ya comenzó a generar un impacto en ciertas dependencias. Prueba de ello es que algunas ya notificaron que hay servidores que se inscribieron en programas de retiro voluntario, sobre todo, en los órganos autónomos.
El académico también manifiesta que este éxodo implica un cambio de personal importante, ya que son áreas técnicas. El daño no sería tan significativo si se tratara sólo de personas que laboran en áreas administrativas y que realizan funciones que otros harían con facilidad.
Pero, en el caso de temas financieros, energéticos o comerciales, el próximo gobierno se enfrentará a algunas limitantes en términos de los recursos humanos disponibles.
“Tal vez la salida de estos funcionarios alimente a empresas privadas que no pagaron su especialización, pero se van a beneficiar de su conocimiento”, reconoce el doctor en Ciencia Política.
De igual forma, López considera que también existe un riesgo de que ante la falta de personal capacitado algunas plazas se mantengan vacías, además de que resultaría más costoso reemplazar a funcionarios que trabajan bajo un esquema de profesionalización.
Las primeras fugas de servidores públicos de alto nivel se han registrado en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y en el Banco de México
En la CNBV fueron cerca de 50 empleados especializados, entre ellos las de cuatro vicepresidentes y siete directores generales, quienes presentaron su renuncia el pasado 15 de noviembre, según declaraciones citadas por medios nacionales.
Por su parte, Carlos Ramírez, presidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), lamentó en su cuenta de Twitter la salida de funcionarios.
“Preocupante y triste el éxodo de talento que están sufriendo las Comisiones reguladoras del sistema financiero”, escribió Ramírez el pasado 15 de noviembre en la red social.
El futuro para aquellos que abandonen los órganos autónomos estaría en la iniciativa privada o en establecer sus propias consultoras, las cuales contrata el gobierno para generar servicios similares a los que hacían, pero con un mayor sueldo.
Opiniones divididas
La salida del personal especializado y funcionarios que fueron capacitados por años ha causado múltiples opiniones entre los diversos actores de la vida económica y social del país.
Julio Jiménez, analista político y profesor de la Universidad La Salle, comparte que esta política genera riesgos en varios factores porque el dinamismo de la economía va a provocar una reducción en la capacidad de compra de la población y eso afectará en el futuro los indicadores fundamentales del país.
El también director de la Asociación Nacional de Locutores considera que esta política podría llevar a la contratación de personal poco calificado o inexperto en organismos importantes dentro del país, o hasta provocar un aumento en la corrupción entre servidores públicos que buscarían obtener otros ingresos, aunque sea de forma ilegal.
“El personal calificado y con un nivel profesional no va a aceptar la reducción salarial, existen condiciones para que algunos se amparen y esa situación puede provocar un tsunami para la Administración Pública Federal”, declara.
La aprobación de la Ley que impide a los funcionarios ganar más que el presidente podría provocar que el personal ya capacitado renuncie ante la disminución de su sueldo y que éstos sean reemplazados por personas poco calificadas
La iniciativa para recortar los salarios fue promovida por el presidente electo Andrés Manuel López Obrador como uno de los pilares de lo que llamó la Austeridad Republicana.
El equipo del político tabasqueño dio a conocer que con el recorte de sueldos y prestaciones podrán ahorrar 5 mil millones de pesos que se destinarán al financiamiento de programas socialesque ayudarán a jóvenes que no estudian ni trabajan y a adultos mayores.
Jugadores de gran valor
Banxico es el órgano autónomo por excelencia en el país, pero no es el único. Por eso, la tarea de protegerlos ante cualquier amenaza es mucho más compleja.
Uno a uno, los demás organismos se fueron sumando a la lista que hoy se encuentra vigente, además de que se les otorgaron diversas facultades que van desde preservar el peso, regular las telecomunicaciones, la competencia y la energía, hasta los procesos electorales.
Por ejemplo, el mandato único de Banxico es procurar la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda nacional; la Cofece se encarga de garantizar la competencia, así como prevenir y combatir las prácticas monopólicas
La CNDH protege y observa los Derechos Humanos de la población en general y de los grupos sociales más vulnerables.
Por su parte, la CNH y Comisión Reguladora de Energía (CRE) vigilan y regulan de manera imparcial y transparente la industria relacionada con los hidrocarburos.
El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) está a cargo del desarrollo eficiente de la radiodifusión y las Telecomunicaciones en México con apego a lo establecido en la Constitución.
En tanto que el INE organiza las elecciones federales y en coordinación con los organismos electorales de las entidades locales.
En sintonía, el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) expide los lineamientos a los que se sujetarán las autoridades educativas federal y locales para llevar a cabo las funciones de evaluación.
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) da a conocer datos como el número de habitantes, empleos, densidad de la población, migración, entre otros, por medio de censos.
Y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) es el órgano encargado de facilitar y garantizar el acceso de las personas a la información pública y el acceso y protección de los datos personales.
En México los organismos autónomos como Banxico o el INE son de gran importancia ya que sus facultades van desde regular el peso y las telecomunicaciones hasta organizar los comicios
Amenaza lejana… por ahora
Aunque en este momento el partido del presidente electo es mayoría en el Congreso, Yuri Pavón, profesor en las Facultades de Derecho y Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, adelanta que en este momento sería complicado que se pudiera poner en riesgo a todos estos organismos.
“Es muy difícil que pierdan su autonomía por la norma que actualmente está vigente, aunque no podemos dejar de lado que hay fuerzas políticas que buscan modificar las leyes. Si lo hicieran se pondría en riesgo la estabilidad del Estado”, advierte el académico.
En caso de que quisieran hacerlo, Morena debería contar con las dos terceras partes de cada cámara y más de la mitad de los congresos locales.
Para conseguirlas, el doctor en derecho expone que Morena tendría que negociar con los otros partidos políticos.
“El proceso de reforma constitucional implica acuerdos que son muy severos porque no es tan sencillo alcanzar la mayoría calificada. Aunque Morena está muy cerca de tener todas esas posibilidades y con ello podría modificarla, primero tendría que negociar y ver qué sucede”, precisa Pavón.
