La exoneración de Luis Octavio Cotero debilita caso del ‘tráiler de la muerte’

Con la exoneración de Luis Octavio Cotero Bernal, quien fungió como titular del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses durante el mandato del exgobernador Aristóteles Sandoval Díaz, la carpeta de investigación que se abrió por el caso del “tráiler de la muerte” perdió a una de las figuras de mayor peso para la indagatoria.

En lo que constituye un revés para la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, el exfunxionario logró revocar mediante un amparo la vinculación a proceso que se le determinó el 19 de septiembre de 2021.

A Cotero Bernal se le acusa por el delito de abuso de autoridad en agravio de la sociedad y de las víctimas.

El suceso conocido como el “tráiler de la muerte” se refiere al hallazgo de dos tráilers abandonados en un predio del municipio de Tlajomulco en septiembre de 2018.

Los vehículos transportaban 273 cuerpos sin identificar que fueron sustraídos de forma irregular de las instalaciones del Instituto.

La determinación

Hace casi dos años, la Fiscalía dio a conocer que el juzgador resolvió vincular a proceso al exdirector general del IJCF por abuso de autoridad.

“Que en su fracción cuarta señala que comete ese delito todo servidor público ‘cuando ejecute, autorice o permita cualquier acto atentatorio a los derechos garantizados por la Constitución Política por la del Estado’”, detalló el organismo.

Sin embargo, la defensa de Luis Octavio Cotero, un personaje vinculado con el grupo político que controla a la Universidad de Guadalajara (UdeG), logró un amparo que ordenó dejar insubsistente ese auto de vinculación a proceso.

En su lugar, se emitió un auto de no vinculación a proceso, con lo que el exfuncionario quedó liberado de las acusaciones que se formularon en su contra.

Por el momento, la Fiscalía Anticorrupción, que encabeza Gerardo Ignacio de la Cruz Tovar, no ha informado si combatirá jurídicamente la resolución favorable para Cotero Bernal.

De continuar con esa postura, la historia del “tráiler de la muerte” habrá finalizado para el exfuncionario, pues esa dependencia no tiene ninguna otra carpeta de investigación abierta en su contra por esos hechos.

El pronunciamiento

En declaraciones que Cotero Bernal vertió para el sistema de medios de la UdeG, indicó que se le instruyó ese proceso de forma indebida.

“Un juez me decretó un auto de vinculación y medidas cautelares de no salir del estado; desde luego indebidamente porque yo, evidentemente, no tuve responsabilidad en eso”, afirmó.

También dijo que ahora él procederá jurídicamente contra el fiscal anticorrupción y contra el juez, ya que “a todas luces, en un evidente abuso de autoridad, me vincularon a proceso”.

Las acusaciones

La Fiscalía Anticorrupción no es la única instancia que sostiene que el extitular del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses es uno de los responsables de lo sucedido; a la misma conclusión llegó la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco; así lo consignó en la recomendación 10/2019.

El listado de exfuncionarios responsables por este caso, según la Comisión, son Raúl Sánchez Jiménez, extitular de la Fiscalía estatal; Maricela Gómez Cobos, exfiscal central; Fausto Mancilla Martínez, exfiscal regional; y a José Lino Morales Estrada, exsubdelegado de la Dirección de Investigación y Persecución del Delito.

Además, enlista a Salvador Marco Antonio Cruz Flores, exdirector de Recursos Materiales; Bernardo Arzate Rábago, excoordinador general de Administración y Profesionalización.

Por parte del Instituto, están señalados Luis Octavio Cotero Bernal, exdirector general; Eduardo Mota Fonseca, exdirector del Servicio Médico Forense; y Francisco Javier Ortega Vázquez, excoordinador de Recursos Materiales y Servicios Generales.

La Comisión constató que los cuerpos del tráiler, bajo la guarda, custodia y conservación del Instituto, tuvieron un trato inadecuado.

“Los cuerpos estaban apilados, amontonados desordenadamente, revueltos y encimados unos de otros, además, en cantidad que rebasaba los parámetros internacionales, ya que habían colocado dentro de dicha caja refrigerada por lo menos 273 cuerpos, lo que rebasaba en más de cinco tantos la cantidad límite de 50”, detalló

Además, reveló que los cadáveres no contaban con las pruebas científicas que establece el Protocolo para el Tratamiento e Identificación Forense para conformar el Expediente Básico de Identificación.

Los cuerpos deberían haber contenido, como mínimo, el levantamiento o traslado de cadáver, fotografías, huellas dactilares (lofoscopía), necropsia, genética, identoestomatograma (examen dental u odontológico), antropología forense (en caso de restos óseos), y otra información consecuente que permita la identificación.

Cabos sueltos

En esa recomendación se recoge la declaración que rindió Mota Fonseca, exdirector del Servicio de Medicina Forense (Semefo), ante la Fiscalía y su Dirección de Visitaduría, Auditoría al Desempeño y Responsabilidades Administrativas, en la carpeta de investigación 96705/2018, donde afirmó que Cotero Bernal dio la orden de sacar los cadáveres del Forense.

“Posteriormente se trasladó el contenedor a dicho sitio (una bodega en Tlaquepaque, el 31 de agosto de 2018), esto por indicaciones del entonces director general, Luis Octavio Cotero, quien dio la indicación de que se trasladara el contenedor, desconociendo ya el paradero de la caja refrigerada”, precisó.

Se dio a conocer que el tráiler fue abandonado por personal de Fiscalía a la intemperie, luego de un intento fallido por ingresarlo en otras instalaciones.

También está la declaración ministerial de Arzate Rábago, excoordinador General de Administración y Profesionalización de Fiscalía, del 20 de septiembre de 2018.

“En varias ocasiones, vía telefónica, el maestro Cotero Bernal me había dicho de manera molesta y con palabras altisonantes que, si nosotros no movíamos esa chingadera (sic.), refiriéndose a la caja refrigerante, él la iba a agarrar y la iba a mandar afuera de la Calle 14 (en la Fiscalía) o bien fuera de Palacio de Gobierno o Casa Jalisco”, dijo.