La exigencia de la transparencia

Mientras, las órdenes del INAI se le acumulan a Segalmex. Este diciembre de 2022, el instituto le ordenó dar a conocer los contratos con la empresa Gainmate Comedores Industriales cuyo representante legal, Eduardo Alejandro Murillo Landeros, era el mismo de Servicios Integrales Carregin, una de las supuestas empresas “fantasma” a la que el organismo le compró azúcar y que estaría en la orquestación del desfalco, conforme a una investigación periodística de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad.

Entre 2020 y 2021, Gainmate Comedores Industriales fue un proveedor constante de Diconsa. Según lo que el organismo registró en Compranet, le compró 19 millones 476 mil 155 pesos a través de 13 contratos de agua purificada, alcohol y gel antibacterial.

Pero Diconsa reservó el contenido de esos contratos y la información sobre su cumplimiento por cinco años con el argumento de que la información estaba “sujeta a investigación”.

Norma Julieta del Río Venegas, comisionada ponente del asunto, expuso ante el pleno del instituto que Diconsa no tiene carácter de autoridad en las carpetas de investigación, facultad exclusiva del agente del Ministerio Público.

La instrucción para que Segalmex revele los contratos con Gainmate se suma a la de noviembre pasado en la que el instituto le ordenó dar a conocer el número de denuncias interpuestas ante la Fiscalía General de la República por la falta de casi 900 millones de pesos del presupuesto de 2020.

El organismo debe revelar el número de carpeta de investigación, las acciones jurídicas para recuperar los recursos, la cantidad de demandas mercantiles presentadas, las autoridades que conocen las denuncias, las razones que hubo en caso de que las denuncias no hayan sido presentadas y si se han iniciado otros procedimientos jurídicos, según explicó en la sesión del instituto, Blanca Lilia Ibarra Cadena, presidenta del INAI.

Además, empresas con anomalías

Más allá de las supuestas empresas “fantasma” a las que recurrió cuando fue conformada, Segalmex se abrió a dos firmas que en el pasado fueron señaladas de incumplimiento y anomalías.

De 2019 a 2020, Diconsa, Liconsa y la misma Segalmex le brindaron cuatro contratos a Casanova Vallejo que sumaron 399 millones 222 mil 321 pesos.

Esa empresa, en 2018 –el último año del gobierno de Enrique Peña Nieto– le hizo una entrega al Instituto Mexicano del Seguro Social de unidades sin placas ni llantas de refacción, además de extintores vacíos y camillas móviles, según la revisión de la cuenta pública de la ASF.

En la administración de Andrés Manuel López Obrador, Casanova Vallejo se había posicionado como proveedora de áreas estratégicas y emblemáticas. Además de Segalmex, el Tren Maya y la Secretaría del Bienestar le arrendaron vehículos. Pero en septiembre de 2022, la SFP la inhabilitó por 45 meses por incumplir con la renta de una flotilla de ambulancias para el ISSSTE.

Segalmex le había otorgado uno de sus contratos más altos –por 271 millones 57 mil 500 pesos– para arrendamiento de tiendas móviles con vigencia de abril de 2020 a febrero de 2023.

Segalmex también contrató a Productos Serel por 15 millones de pesos en 2019 para un servicio en la Ciudad de México. Cinco años antes, la Fiscalía General de Jalisco informó que la firma sirvió comida contaminada con salmonela en el penal de Puente Grande, Jalisco. Esa anomalía ocasionó uno de los cuadros de intoxicación más numeroso en la historia de los centros penitenciarios de México.

El saldo de Segalmex

A pesar del presunto desvío de miles de millones de pesos y de las múltiples investigaciones, la red de corrupción ha quedado en la impunidad

• 12 mil millones de pesos ‘perdidos’
• 40 denuncias ante la FGR
• 661 expedientes de investigación en la SFP
• 30 empresas involucradas
• 29 funcionarios públicos que habrían participado
• 1 funcionario imputado