Desde su llegada a Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador puso en la “congeladora” el modelo de concesiones en prácticamente todas las áreas de la administración pública federal.
Además, aclaró que su administración no entregaría más concesiones ni adendas que prolonguen las existentes, por lo que el primer mandatario comenzó a implementar, desde 2019, los llamados “desdoblamientos de contrato” para los otorgados al sector carretero.
Con este esquema, el primer mandatario consiguió que los concesionarios de siete contratos hicieran nuevas inversiones por 22 mil 628 millones de pesos, según informó la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en septiembre de 2020, en el marco del Segundo Informe de Gobierno del primer mandatario. Entre estos desdoblamientos se encuentra el contrato de la carretera Durango-Yerbanis, programado para expirar en 2022.
Ante este nuevo panorama, Reporte Índigo cuestionó a Eduardo Bohórquez, director Ejecutivo de Transparencia Mexicana, sobre otras posibles alternativas para mejorar los servicios brindados a los usuarios de las infraestructuras carreteras. Esto si bien reconoce la dificultad de hacer valer la legalidad, pues admite que un gran número de contratos fueron otorgados meramente a empresarios coludidos con autoridades.
“Los inversionistas que ganan la concesión saben que las corridas financieras no dan, pero le apuestan a elevar tarifas o de plano buscan una fuerte compensación por su revocación o hasta un rescate financiero.”
Por otro lado, Bohórquez también apunta alternativas a los incumplimientos, señalando que “hay concesiones carreteras, por ejemplo en Colombia, donde los costos negativos de la operación no son absorbidos por el usuario. Cuando una fila de autos alcanza cierto número en la caseta, el concesionario está obligado a dejar pasar sin costo a los vehículos. El título de concesión castiga al concesionario cuando no está cumpliendo con las condiciones de servicio”.