Las comunidades que se oponen al proyecto de la presa El Zapotillo no se dan por vencidas para frenarlo definitivamente, pese a que éste se encuentra detenido por tres suspensiones judiciales, un fallo de la corte y una suspensión de plano por un ejido que atraviesa el acueducto a la ciudad de León, en Guanajuato.
Por ello buscan la intervención del próximo Gobierno federal y durante la última visita de Andrés Manuel López Obrador a Guadalajara le hicieron entrega de una carta, tanto a él como presidente electo, como a Carlos Lomelí Bolaños, su enlace en Jalisco
El documento señala la problemática que atraviesan las comunidades afectadas del poblado de Temacapulín, la oposición al megaproyecto hidrológico y las irregularidades en la construcción del proyecto, que supuestamente podría empatarse con la bandera anticorrupción del proyecto lopezobradorista.
“Considerando que uno de los pilares centrales de la Cuarta Transformación que su gobierno quiere lograr es el Combate a la Corrupción, el Zapotillo justo representa la obra hidráulica de la corrupción”, dice la misiva.
“Sumando sus costos económicos de concluirse este proyecto podrían llegar a más de 40 mil millones de pesos, dinero del erario que estamos pagando con nuestros impuestos, sin haber generado hasta el momento una gota de agua, sólo violaciones a nuestros derechos como pueblos”, se lee en la carta encabezada por Gabriel Espinoza, vocero del Comité Salvemos Temacapulín, Acasico y Palmarejo.
Aunque es evidente el rechazo hacia esta obra, Guadalupe Espinoza, miembro del Colectivo de Abogados, expresó que entre los proyectos de la actual administración que podrían continuar está precisamente El Zapotillo.
“Hay señales que no son muy claras. Incluso andan circulando por ahí los cinco proyecto que van con Andrés Manuel, y entre ellos está El Zapotillo. Entonces estamos en alerta”, aseveró Guadalupe Espinoza en entrevista con Reporte Indigo.
La carta también va dirigida a otros virtuales funcionarios de primer nivel del gobierno obradorista, como Olga Sánchez Cordero, quien será secretaria de Gobernación, Josefa González Blanco Ortíz Mena, en la Secretaría de Medio Ambiente, y Blanca Juárez Cisneros, seleccionada como futura titular de la Comisión Nacional del Agua.
La intención es que las poblaciones afectadas puedan tener mesas de diálogo y trabajo con el futuro gobierno. Entre sus demandas solicitaron una reunión de trabajo con los citados titulares y el presidente electo “para exponer a detalle las irregularidades, violaciones y nuestras propuestas de solución a este conflicto”.
Exigen cancelación definitiva
La afectación social y ambiental es una de las principales causas por las que se busca que se cancele la presa El Zapotillo, dijo María González Valencia, coordinadora del área de acción para la defensa del territorio en el Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (IMDEC).
“La propuesta de las comunidad y su exigencia, pues es su exigencia histórica, es que el proyecto El Zapotillo tiene que ser cancelado.
“Entonces la exigencia es cancelación del proyecto, reparación integral de los daños que este proyecto ha ocasionado, auditorías y que se finquen responsabilidades a los diversos funcionarios que han tenido que ver con todas las irregularidades, la violación a los derechos humanos y la corrupción”
La activista dijo que se busca con la lucha en Temacapulín es visibilizar la problemática más allá de la mera presa, con referencia a toda la infraestructura que implica El Zapotillo.
En contraste, existen voces que siguen argumentando a favor de la continuidad de los proyectos hídricos al estilo de El Zapotillo. En días recientes se publicó ‘Reingeniería. El agua en México’, de Eduardo Maestre, respaldado por el Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco (CICEJ).
Dicho documento no habla explícitamente sobre la presa El Zapotillo, aunque se refiere a la misma en diversas fotografías en su apartado sobre Proyectos de inversión pública para el sector, agregando además que el país debe incrementar sus gastos en este tipo de medidas que ponderan el agua como un recurso económico y no como un bien comunitario.
“Para hacerle frente a sus necesidades y avanzar hacia el estado de país desarrollado, México necesita construir en los próximos treinta años más infraestructura hidráulica que la realizada en toda su historia”, se lee en el documento.
Sin embargo, la coordinadora del IMDEC señala que instituciones como el CICEJ están motivados por una política añeja en cuanto al manejo en el tema de abasto de agua y sus implicaciones sociales.
“Ellos van a seguir defendiendo un modelo de gestión del agua obsoleto y que, no sólo en el caso de El Zapotillo sino en su conjunto, a nivel Jalisco es una gestión del agua equivocada, y ahí podríamos hablar de las plantas de tratamiento, la situación en la ciudad sin ser atendida –como las inundaciones–, la política de construcción y desarrollo en la ciudad que trae una serie de consecuencias ambientales a los propios mantos acuíferos, cuencas y microcuencas de la ciudad”, explicó María González.
Los activistas que se oponen a la construcción de la presa El Zapotillo dicen que se trata de una obra a la corrupción
Uno de los socios y presidente fundador del CICEJ es Enrique Dau Flores, quien ha sido el principal promotor de El Zapotillo en las administraciones locales. Fue titular de Desarrollo Urbano en los noventas y de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento con la llegada del PAN al gobierno con Ramírez Acuña, ahora funge como consejero del Ejecutivo estatal.
María González concluye que si bien es cierto que la presa El Zapotillo tiene un fundamento oficial en cuanto al abasto de agua en las metrópolis, los nuevos gobiernos deben revisar lo que está en sus territorios para resolver la problemática antes de despojar a las comunidades rurales de estos bienes que constituyen una parte esencial de su trabajo y vida cotidiana.
“Si la presa El Zapotillo, supuestamente, es para abastecer de agua a grandes metrópolis, como León, en el Bajío, y la Zona Metropolitana de Guadalajara, antes de pensar en traer el agua de comunidades rurales, con una serie de impactos sociales, ambientales y económicos, las propias metrópolis o ciudades que busquen alternativas dentro de su ciudad en relación a sus microcuencas”, señaló González Valencia.
