De acuerdo con la titular de la Secretaría de Economía, Tatiana Clouthier, una de las principales tareas que está realizando el Gobierno federal para lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU es reducir el gasto público excesivo y aumentar la inversión social.
Al respecto, Katia Guzmán, coordinadora de datos de la organización México, ¿Cómo vamos?, advierte que las palabras de la funcionaria federal no necesariamente reflejan lo que ocurre en la realidad.
“Los compromisos de la Agenda 2030 se van a alcanzar si implementamos una política pública no solamente cortoplacista. También, debemos de revisar las políticas a corto plazo porque no están siendo suficientes para alcanzar las metas.
“Otra vez mucho queda en el discurso, lamentablemente, y cuando nos ponemos a revisar indicadores o evaluamos programas sociales, nos damos cuenta que no se está logrando lo que se supone que la administración en turno dice que quiere lograr”, señala la especialista.
Un ejemplo de esto es lo revelado recientemente por la “Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares del INEGI” y datos del Instituto de Estudios sobre la Desigualdad, los cuales señalan que los programas sociales en 2020 han reducido sus alcances si se compara el impacto con 2016.
“Han sido más regresivos y no están llegando a la población objetivo. Esto es por la universalidad como la pensión para adultos mayores que no alcanza.
“En 2016 el 61 por ciento de los hogares más pobres eran beneficiados por programas sociales, el año pasado solo lo fue el 35 por ciento. Además, se duplicaron los beneficiarios de los hogares más ricos del país. Esto nos dice que no están sabiendo identificar cuáles son las personas que se benefician con el gasto público. Más allá del discurso que coquetea con ideales de izquierda, el gasto público indica todo lo contrario”, acusa.
Otro de los indicadores de que no se están cumpliendo los objetivos pactados con la ONU, dice Guzmán, es la poca inversión que hizo el Gobierno federal para atender la crisis de salud, económica, social y educativa que propició la pandemia de COVID-19.
“Hemos detectado, y se ha hecho más evidente desde la crisis del año pasado, que el gobierno además de ser cortoplacista no ha sabido atender las crisis sanitaria, económica, social y educativa con los recursos disponibles.
“Hasta diciembre de 2020 solamente se invirtió del gasto público 0.68 puntos porcentuales del PIB, fuimos de las economías que menos gastó para atender la crisis por COVID-19, en comparación con economías en desarrollo similares nos quedamos en el lugar 53 de 59, no se redireccionó gasto público para atender la crisis de salud, ni la económica, ni la social ni la educativa”, señala la especialista.
Finalmente, la coordinadora de datos recuerda que otro de los puntos donde más falla esta administración es en los compromisos con el medio ambiente.
“La política energética actual nos dice que no vamos a cumplir con ningún compromiso medioambiental que hayamos aceptado o firmado”
