La creación de la Agencia de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria de Jalisco (ASICA), en julio de 2020, significó un nuevo diferendo entre el Gobierno estatal y la Federación que estuvo a punto de llegar a tribunales, sin embargo, al final las instancias federales optaron por no proceder contra la determinación local.
La ASICA es el nuevo órgano que creó el gobierno de Enrique Alfaro Ramírez para inspeccionar y verificar que los productos agropecuarios cumplan con las normativas del ramo y los estándares de calidad establecidos, una labor que, en esencia, es la misma que desempeña el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), de nivel federal.
De hecho, cuando el área jurídica del Senasica analizó la Ley Estatal de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria de Jalisco, de forma previa a su aprobación, advirtió que esa legislación y el órgano estatal al que daría vida –la ASICA—, terminarían invadiendo competencias federales.
Así consta en el Oficio B00.05.02- 1611-2019, emitido el 23 de agosto de 2019, por Marco Antonio Ramírez Velázquez, titular de la Dirección General Jurídica del Senasica, y dirigido a Alberto Esquer Gutiérrez, en ese momento secretario de Agricultura y Desarrollo Rural de Jalisco (hoy secretario del Sistema de Asistencia Social), tras analizar esa ley alfarista.
“En conclusión, el anteproyecto de Ley Estatal de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, invade el ámbito de competencia de la SADER, que en muchos de los casos han sido delegadas al SENASICA; genera una antinomia entre la legislación local y la federal, propicia la sobrerregulación, por lo que, de aprobarse y publicarse en sus términos el contenido del Anteproyecto, lo procedente sería que la Federación inicie una controversia constitucional ante la invasión de atribuciones”, se lee.
El documento fue proporcionado por el Senasica vía transparencia (recurso de revisión RRA 13915-20).
La vía de la controversia
Aún tras la advertencia del área jurídica del Senasica, el Congreso de Jalisco aprobó la ley impulsada por el gobierno de Alfaro Ramírez en diciembre de 2019; medio año después, cuando se puso en operación la ASICA estatal, el director en jefe del Senasica, Francisco Javier Trujillo Arriaga, reconoció que habían valorado la interposición de una controversia constitucional.
Así lo señaló el funcionario federal el 31 de julio del 2020, ante las autoridades estatales; sin embargo, también indicó que finalmente optaron por una vía de “cooperación”.
En su estudio, la Dirección General Jurídica del Senasica señala que se “pretende conferir atribuciones a la Secretaría estatal (SADER)” en múltiples materias, “lo que permite advertir que con esa Iniciativa se busca que el gobierno estatal se arrogue facultades que se encuentran reservadas a la Federación, aunado a la sobrerregulación”.
Entre las cuales cita ejecutar actos de control de plagas y enfermedades; control sanitario del comercio exterior; ejecutar en cualquier momento inspecciones y verificaciones; regular programas de sanidad, inocuidad, calidad, control de residuos físicos, químicos y biológicos, y de bienestar animal; asegurar, disponer o destruir mercancías reguladas; verificar e inspeccionar en puertos aéreos, marítimos y terrestres las mercancías reguladas; y todas aquellas que no lo estén y puedan representar un riesgo.
Riqueza agropecuaria, objetivo de ASICA
Como lo ha señalado el propio gobierno de Alfaro Ramírez, el objetivo es que la ASICA estatal se consolide como el nuevo órgano “que vigile y regule la producción jalisciense” agropecuaria, lo que implica necesariamente el desplazamiento del organismo que venía concentrando esa tarea: el Senasica federal.
Por ello, lo que está en juego es el control sobre el campo jalisciense, que es el más rico del país, pues genera un PIB Primario de 67 mil 887 millones de pesos, más que cualquier otro estado de la república, y contribuyendo así con más de una décima parte (11.7%) del PIB Primario nacional, según el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (Infografía Agroalimentaria 2019).
Inclusive, el Gobierno de Jalisco pretende que próximamente sea la ASICA estatal, y ya no el Senasica federal, la instancia que otorgue los certificados exigidos para poder exportar los productos agropecuarios hacia otros países. Así lo dijo ese 31 de julio de 2020, el propio Esquer Gutiérrez, el funcionario estatal que impulsó este cambio legal.
Ello a pesar de que la Dirección General Jurídica del Senasica ya señaló en su análisis que el “control sanitario del comercio exterior” es una de las “facultades que se encuentran reservadas a la Federación”.
“En el tema relativo a la importación de mercancías agroalimentarias y la inspección fitozoosanitaria en vía turística, se sobrerregulan las acciones que ya implementa el Senasica, aunado a que la materia de comercio exterior es de orden federal”.