Las instituciones públicas que fueron responsables del hecho conocido como el “tráiler de la muerte” en el año 2018: la Fiscalía de Jalisco y el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF), se comprometieron por escrito a ofrecer una disculpa pública a la sociedad por esos acontecimientos, sin embargo, no lo han cumplido.
Han transcurrido ya dos años del hallazgo de un tráiler que se encontraba abandonado en un predio a cielo abierto de Tlajomulco de Zúñiga, y que resultó ser un contenedor con 273 cuerpos no identificados, mismos que habían sido extraídos irregularmente del centro forense, en una operación coordinada entre la Fiscalía y el propio IJCF.
El Gobierno de Jalisco se niega a ofrecer disculpas por “el tráiler de la muerte” pero solicita que el Gobierno federal actual ofrezca disculpa por los estallidos de 1992 en Guadalajara
Fue la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) la que determinó que, dada la profunda indignación social que había suscitado ese hecho, que el Gobierno de Jalisco debía ofrecerle una disculpa a la sociedad por esa actuación ilegal, sin importar que la administración en la que se dieron los hechos, la de Aristóteles Sandoval Díaz, ya había cedido su lugar a la de Enrique Alfaro Ramírez.
Así lo señaló la CEDHJ el 20 de mayo de 2019, en su Recomendación 10/2019 sobre este caso, dirigiéndose específicamente a Gerardo Octavio Solís Gómez, fiscal del estado, y a Gustavo Quezada Esparza, titular del IJCF:
“Como medida de satisfacción de la reparación del daño, a nombre de las instituciones que representan, realicen un acto público de reconocimiento de responsabilidad por las omisiones o indebida actuación de parte de servidores públicos y ofrezcan una disculpa pública a los familiares de personas desaparecidas, colectivos y a la comunidad en general por los hechos que conmocionaron a la opinión pública y generaron particular sufrimiento a quienes buscan a sus familiares y seres queridos; en ese sentido, la disculpa deberá estar orientada a dignificar a las víctimas y una crítica a la actuación que derivó en violaciones de derechos humanos”.
Ante ello, esos dos funcionarios del gobierno de Alfaro Ramírez respondieron a la CEDHJ que sí cumplirían con esa medida, y que las gestiones de la misma serían realizadas en particular por la Fiscalía estatal; lo anterior se puede corroborar en un oficio que entregaron a la CEDHJ en junio de 2019, firmado por ambos, y en el que se lee:
“Relativo a que, como medida de satisfacción de la reparación del daño, se reconozca la responsabilidad que por omisión o indebida actuación hayan cometido los servidores públicos de ambas instituciones y que derivaron en los hechos materia de la investigación realizada por ese organismo, así como para que se ofrezca una disculpa pública por los hechos que conmocionaron a la sociedad; respecto a ese punto, la Fiscalía del estado realizará las gestiones correspondientes para otorgar las disculpas en los términos de ley”.
Y agrega: “Si bien es cierto los hechos indagados no ocurrieron dentro de la presente administración se ha instruido a los servidores públicos para que en su actuar se rijan por los principios de certeza, legalidad, objetividad, imparcialidad, eficiencia, profesionalismo, honradez, lealtad y sobre todo, respeto a los derechos humanos, a efecto de garantizar la dignidad y el trato respetuoso de las personas fallecidas sin identificar”.
La renuencia
Sin embargo, a más de un año de que el fiscal de Jalisco y el titular del IJCF notificaran a la CEDHJ que sí se llevaría a cabo la disculpa pública por el caso del “tráiler de la muerte”, hasta estos momentos no ha sucedido.
Así lo confirmó la misma CEDHJ este 17 de septiembre de 2020, al ofrecer un corte de caja de los avances en el cumplimiento de la Recomendación 10/2019, pues señaló que: “De los puntos emitidos de manera conjunta a la Fiscalía del estado y al IJCF se encuentran pendientes: Ofrecer una disculpa pública a los familiares de personas desaparecidas”, además de otras medidas tampoco cumplidas.
Aunque ninguna autoridad ha esclarecido formalmente por qué no se ha efectuado esta disculpa pública a la sociedad jalisciense, un factor que no se puede soslayar es que el gobernador Enrique Alfaro se ha manifestado abiertamente contra esa medida solicitada por la CEDHJ.
En declaraciones vertidas el 25 de mayo de 2019, el gobernador advirtió: “Yo respeto mucho a la CEDHJ; lo he explicado, nunca en mi responsabilidad de gobierno he desatendido una recomendación, pero me parece que eso es lucimiento personal. ¿Nosotros nos vamos a disculpar de qué?”.
Nosotros no hicimos nada de lo que están señalando; estamos trabajando para resolver el problema y yo creo que hay que serenarse y mejor apostarle, como yo le he planteado al presidente (de la Comisión), hacer una agenda de trabajo que le dé resultado a Jalisco, y no dedicarnos a mandarnos mensajes en ruedas de prensa
Y remató: “Vamos a atender la recomendación, pero nos parece inapropiado pedir disculpas por algo que nosotros no hicimos”.
No obstante, estas declaraciones del gobernador se dieron antes de que la Fiscalía y el IJCF remitieran su oficio a la CEDHJ confirmando que sí habría disculpa pública”.
La contradicción en el tráiler de la muerte
El gobernador jalisciense se niega a que su gobierno ofrezca una disculpa por el caso del “tráiler de la muerte”, aduciendo que esos hechos no se dieron en su administración.
Sin embargo, el gobernador exige al actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que se disculpe por las explosiones del 22 de abril de 1992 en Guadalajara, que se atribuyen a Pemex.
El 12 de febrero de 2020 el gobernador emitió un oficio para el presidente, en el que le señala: “Me dirijo a usted en representación del pueblo de Jalisco para solicitarle que en su calidad de Presidente de la República, llame a la empresa productiva del Estado denominada Pemex, a ofrecer una disculpa pública a las víctimas de las explosiones acontecidas en la ciudad de Guadalajara el día 22 de abril de 1992”.
Si el Gobierno de México aplica en este caso el mismo razonamiento de Alfaro Ramírez para eludir así toda responsabilidad institucional, habrá pocas probabilidades de que se concreten esas disculpas por las explosiones de 1992.
