El Gobierno de Jalisco presentó en febrero una solicitud al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) para que Petróleos Mexicanos (Pemex) asuma la responsabilidad de las explosiones ocurridas el 22 de abril de 1992 en Guadalajara y emita una disculpa pública por el daño causado a cientos de familias jaliscienses.
El documento en poder de Reporte índigo está firmado por Enrique Alfaro Ramírez, gobernador de Jalisco y también está dirigido a Octavio Romero Oropeza, director general de la petrolera.
“Me dirijo a usted en representación del pueblo de Jalisco para solicitarle que en su calidad de Presidente de la República, llame a la empresa productiva del Estado denominada Pemex, a ofrecer una disculpa pública a las víctimas de las explosiones acontecidas en la ciudad de Guadalajara el día 22 de abril de 1992. Como usted sabe, ese día emergieron de las entrañas de la ciudad, una serie de explosiones que dejaron una profunda herida en la vida de miles de familias y que, lamentablemente, sigue abierta”, dice el documento.
La solicitud de disculpa está fechada el 12 de febrero de 2020 y fue recibida de manera oficial por el Gobierno federal el 18 de febrero; en ella Alfaro Ramírez le recuerda al presidente, López Obrador, cómo se dieron esos hechos considerados como la peor tragedia por la que ha pasado Guadalajara.
“De acuerdo a la información con la que se cuenta en la actualidad, durante los días previos a la fecha de las explosiones, en algunas colonias del municipio de Guadalajara se detectó la presencia de un fuerte olor a gasolina procedente de la alcantarillas. Posteriormente, en el fatídico 22 de abril de 1992, se registraron cinco grandes explosiones entre las 10:06 horas y las 14:20 horas”, establece la solicitud.
El recuento de los daños que presenta el gobernador se basa en las “cifras que en su momento fueron dadas a conocer como oficiales”, y que incluyen a 212 personas fallecidas, 69 en estatus de desaparecidas y otras mil 470 lesionadas. Además de afectaciones en mil 142 viviendas, 450 comercios, 100 centros escolares, ocho kilómetros de calles, y 600 vehículos.
Con respecto a las cifras mencionadas en la carta, Alfaro pide al presidente que “se debe de reconocer que estos datos podrían no ser precisos, como lo han señalado las víctimas directas de los hechos”. Pese a la magnitud de los daños, lo que hizo Pemex fue alejarse de las víctimas:
“Lamentablemente al cabo de 27 años, Pemex, la entidad que las víctimas reconocen como principal causante de esta tragedia, no ha asumido su responsabilidad. Así lo señalan las propias víctimas, quienes se duelen de que en los años posteriores a este doloroso episodio, solo algunas administraciones de los gobiernos del estado y del municipio de Guadalajara, les han ofrecido su apoyo, mientras que la empresa se alejó de ellas, sin tomar en cuenta que los daños causados les afectarían de por vida”, establece el oficio.
El Estado mexicano defendió la inocencia de Pemex ante la CIDH, cuando organizaciones mexicanas acudieron en 1997 ante esa instancia
Pemex responsable de explosiones
Después de retomar el contexto en el que ocurrieron las explosiones aquella mañana de 1992, Alfaro Ramírez pide entonces la intervención directa de López Obrador.
“Me acerco a usted con el objetivo de lograr que la actual directiva de Pemex, se dirija a las víctimas y reconozca la responsabilidad de esta entidad en los hechos, y que ofrezca una disculpa como un acto de justicia y memoria histórica hacia las personas que perdieron la vida o que vieron afectada su salud, patrimonio y proyecto de vida, a causa de las explosiones”.
Al final del documento, el gobernador expresa que confía en la comprensión y el apoyo del jefe del Ejecutivo para hacer justicia a cada una de las víctimas y a la sociedad jalisciense por los hechos ocurridos hace casi tres décadas.
El Estado mexicano defendió la inocencia de Pemex incluso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), cuando organizaciones mexicanas acudieron en 1997 ante esa instancia esperando lograr que interviniera en el caso –lo que finalmente no sucedió-.
“A Pemex no se le acreditó responsabilidad en los hechos ocurridos el 22 de abril de 1992; el personal de esta empresa, a quien se le imputó, por omisión, hechos presuntamente delictivos, recobró su libertad plena al decretarse el sobreseimiento de la causa penal, acto que quedó firme”, sostuvo el Estado mexicano en el proceso ante la CIDH.
Esa defensa alude a la causa penal 70/92, en la que la Procuraduría General de la República (PGR) había consignado a nueve funcionarios por las explosiones, cuatro de Pemex y el resto locales, incluyendo a Enrique Dau Flores, alcalde de Guadalajara en funciones cuando ocurrió la explosión.
El caso se sobreseyó el 28 de enero de 1994, luego de que la PGR reculara en los cargos y emitiera “conclusiones no acusatorias”.
Los peritajes de la PGR concluyeron que el poliducto Salamanca-GDL había sufrido una perforación de 8 milímetros de diámetro, al ser corroído por una tubería de agua potable, fue así como supuestamente se filtró la gasolina al drenaje de la ciudad, donde sus emanaciones se concentraron y terminaron por explotar.
La tardanza
Aunque el gobernador de Jalisco anunció desde el 22 de abril de 2019 que presentaría esta solicitud de disculpa ante Pemex, el acto se formalizó 10 meses después, sin que se aclarara el porqué de esta tardanza.
En aquella ocasión el mandatario dijo frente a las víctimas que “se trata de ir cerrando capítulos, no podemos dejar heridas abiertas para siempre y Pemex le debe a nuestro estado una disculpa de inicio, y le debe sobre todo lo mínimo que se requiere en este tipo de asuntos que es asumir su responsabilidad. Les propongo que podamos hacer juntos la redacción de un documento, que es una recapitulación histórica de los hechos”.
El Despacho del Gobernador confirmó que al momento no ha obtenido ninguna respuesta federal.
