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A partir del martes 5 de septiembre las instituciones de salud pública federales quedaron obligadas a ofrecer de manera gratuita el servicio de aborto seguro en todo el país. Foto: Especial

La despenalización del aborto a nivel federal llega a un panorama sin inversión

El gasto para generar condiciones seguras para la interrupción legal del embarazo, en la pasada década, no representa ni el 1 por ciento de lo que costaron la Clave Única de Identidad o Playa Espíritu, proyectos que fracasaron en su última etapa

De 2013 a 2023, el aborto seguro en México significó un gasto de 11 millones 314 mil 11 pesos, una de las erogaciones más bajas que el Estado hizo en esa década.

La cantidad, gastada en su mayor parte por la Secretaría de Salud federal, es el 0.3 por ciento de la Clave Única de Identidad, cuyo fin era poner todos los documentos oficiales de los ciudadanos mexicanos en una sola credencial, pero que fracasó, y es el 0.8 por ciento de Playa Espíritu, el complejo en Mazatlán, Sinaloa, concebido para atraer inversiones, pero que no logró vender ninguno de sus 5 mil lotes.

Del total, 9 millones 23 mil 266 pesos; es decir, el 79.7 por ciento, se fueron en difusión en campañas en radio y algunos otros medios. La otra parte del dinero fue para infraestructura hospitalaria, adquisición de equipo médico y capacitación de personal.

Una revisión de Reporte Índigo de los títulos de los contratos de las instancias de gobierno en ese periodo en el archivo del antiguo Portal de Obligaciones y Transparencia, así como Compranet, arrojó que el concepto de “aborto seguro” se empezó a mencionar en el argot de las compras públicas a partir de 2021. Ello, no obstante que la Ciudad de México lo aprobó en 2007.

Fue justo en 2021 cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dictaminó que ninguna mujer en México fuera a prisión por abortar; además, le ordenó a Coahuila, donde se había presentado una acción de inconstitucionalidad, a cambiar su Código Penal. Ese fue el primer paso para que las demás entidades retiraran de sus marcos jurídicos las penas por interrumpir el embarazo.

También en 2021, la Secretaría de Salud emitió por primera vez una política pública para el aborto seguro a través del Centro de Equidad de Género y Salud Reproductiva (CNEGSR). Ese organismo contribuyó con el gasto en esta década con dos campañas en radio. Una se difundió en 2021 y costó 344 mil 657 pesos y la otra al siguiente año por 219 mil 185 pesos.

A partir del martes 5 de septiembre las instituciones de salud pública federales como el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y Petróleos Mexicanos quedaron obligadas a ofrecer de manera gratuita el servicio de aborto seguro en todo el país antes de los tres meses de gestación.

Así lo resolvió la SCJN gracias a un amparo del Grupo de Información en Reproducción Elegida. “Es inconstitucional el sistema jurídico que penaliza el aborto en el Código Penal Federal, ya que viola los derechos humanos de las mujeres y personas con capacidad de gestar”, determinó el máximo tribunal del país.

A cuentagotas, los recursos para el aborto seguro

El 24 de abril de 2007 la entonces Asamblea Legislativa del Distrito Federal (hoy Congreso de la CDMX) aprobó la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) hasta las 12 semanas de gestación.

Pasaron 12 años y la despenalización del aborto alcanzó un nuevo hito. El 25 de septiembre de 2019, en el Congreso de Oaxaca, también fue aprobada. Dos años después empezaron a sumarse al aval Hidalgo (2021), Veracruz (2021), Coahuila (2021), Baja California (2021), Colima (2021), Quintana Roo (2022, Sinaloa (2022), Guerrero (2022), Baja California Sur (2022) y Aguascalientes (2023).

De los estados que han aprobado la ILE, sólo Oaxaca, Colima y Aguascalientes aparecen con erogaciones relacionadas con el aborto seguro de 2013 a 2023. En Oaxaca el gobierno gastó en 2022 en la capacitación del personal de las instituciones públicas sobre prevención del embarazo adolescente, el acceso a los servicios de anticoncepción, anticoncepción de emergencia, aborto seguro para adolescentes y atención a víctimas de violencia sexual. Gastó en ello 339 mil 984 pesos en un contrato que duró del 3 de agosto al 31 de diciembre de 2022 con la empresa Mofag A.C. Luego, pagó por otro curso similar para fortificar lo aprendido con Hermas, Valores y Negocios, del 1 de septiembre al 31 de diciembre de 2022.

En Colima, en 2021, el gobierno invirtió 51 mil 120 pesos en la rehabilitación e instalación de infraestructura para espacios de aborto seguro en el Hospital Regional Universitario. La administración de Aguascalientes, por su parte, compró equipo médico y de laboratorio para un programa de aborto seguro por 159 mil 458 pesos en 2022.

Pero en algunas entidades en las que no se ha aprobado la despenalización del aborto también hubo gasto. Por ejemplo, Yucatán adquirió combustible para traslados por tierra para realizar programas dirigidos a adolescentes sobre el aborto seguro. Campeche también erogó en el “fortalecimiento de capacidades en grupos estatales” para la prevención del embarazo adolescente por 339 mil 999 pesos.

En este panorama se inició una nueva etapa en México donde el aborto en condiciones clandestinas se convirtió en la pasada década en la tercera causa de muerte materna con más de 30 defunciones cada año.

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