El programa del Seguro Popular cuya extinción fue recientemente aprobada por el Senado de la República para dar lugar al Instituto Nacional de Salud y Bienestar (Insabi), se despedirá de Jalisco entre señalamientos de malos manejos concentrados principalmente en sus gastos de nómina.
La Cuenta Pública 2018 de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), que probablemente sea el penúltimo ejercicio del Seguro Popular –pues está previsto que el Insabi comience a operar en el 2020-, arrojó para Jalisco gastos irregulares dentro de ese programa federal como pagos a aviadores y a personal médico con licencias sindicales o carente de contratos.
En el 2018 el Gobierno de Jalisco, entonces encabezado por el priista Aristóteles Sandoval Díaz, recibió de la Federación por concepto del Seguro Popular una bolsa de 3 mil 254 millones 253 mil pesos, de los cuales el 79.4 por ciento fue examinado por la ASF (2 mil 583.6 millones de pesos).
Como conclusión de su revisión, el órgano federal auditor observó 118 millones 825 mil 447.92 pesos que el gobierno de Sandoval Díaz ejerció con irregularidades, en un periodo en el que la Secretaría de Salud del Estado ya no estaba en manos del polémico Antonio Cruces Mada, sino de su relevo: Alfonso Petersen Farah.
Entre las irregularidades que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) encontró en el gasto 2018 del Seguro Popular en Jalisco, destacan las siguientes.
Salarios a aviadores, es decir, a personal médico que no acudió a los lugares de trabajo. En esta falta se hallaron dos casos. Primero, el de 12 trabajadores que “no se encontraron en su Centro de Trabajo a los cuales se les realizaron pagos (…) en incumplimiento de las Condiciones Generales de Trabajo de la Secretaría de Salud”.
Por este hecho la ASF presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por una bolsa que asciende a 4 millones 107 mil 755.76 pesos, además de los rendimientos financieros que se generen desde su disposición hasta su reintegro a la Tesorería de la Federación, los cuales siempre son exigidos por la ASF.
El segundo caso de aviadores involucra a 13 trabajadores que “no se localizaron en su centro de trabajo, en incumplimiento a las Condiciones Generales de Trabajo de la Secretaría de Salud”, de los que 12 pertenecen a la Unidad Médica Hospital Comunitario Atotonilco El Alto, y otro más a la Unidad Médica Hospital Comunitario Colotlán.
Por este segundo grupo de aviadores la ASF presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Federal por un monto de 3 millones 242 mil 859 pesos.
Pagos a sindicalistas
El Gobierno de Jalisco también utilizó los fondos del Seguro Popular para emitir pagos a favor de 17 servidores públicos que estaban comisionados a funciones sindicales, por lo que no tenían derecho a tal remuneración; esto violó el Acuerdo de Coordinación para la Ejecución del Sistema de Protección Social en Salud entre Jalisco y la Secretaría de Salud.
Por estos pagos la ASF determinó daños hacendarios por 4 millones 583 mil 764.37 pesos “por destinar recursos de la Cuota Social y Aportación Solidaria Federal 2018 para el pago de comisiones sindicales a 17 servidores públicos”
De igual forma se emitieron pagos para más de 100 personas cuyo estatus contractual con el Seguro Popular es un misterio, pues “no proporcionaron contratos supernumerarios de 137 trabajadores (…) en incumplimiento de la Ley Federal de Trabajo”, esto por otros 14 millones 281 mil 800 pesos.
El Gobierno de Jalisco utilizó los fondos del Seguro Popular para emitir pagos a 17 servidores públicos con funciones sindicales, por lo que no tenían derecho a tal remuneración
Plazas fantasma
Las irregularidades descubiertas en la implementación del Seguro Popular de Jalisco en 2018 tuvieron al menos otras dos vertientes: en una de estas se constató la erogación de recursos hacia plazas laborales que nunca fueron autorizadas por la Federación; en la otra se detectaron pagos extras a burócratas que no estaban respaldados en sus contratos.
Con respecto al primer tipo de irregularidad, la ASF señala que la estructura organizacional del Seguro Popular en Jalisco cuenta con un total de 705 plazas por un importe de 124 millones 727 mil 100 pesos, sin embargo, la Comisión Nacional de Protección Social en Salud (CNPSS) “sólo validó 437 plazas” con un costo anual de 89 millones 915 mil 600 pesos.
Esto significa que al cotejar la estructura organizacional financiada por el Gobierno de Jalisco con la que fue autorizada por la CNPSS, “existe un excedente de 268 plazas” por un monto que supera los 34 millones 811 mil pesos. Por este motivo la ASF generó una observación sobre 34 millones 811 mil 488.54 pesos “por concepto de excedente de 268 plazas con las autorizadas ante la CNPSS”.
Finalmente la ASF observó otros 36 millones 828 mil 900 pesos luego de detectar que se habían distribuido estos fondos entre 2 mil 439 trabajadores eventuales, por concepto de “medidas de fin de año”, pero “sin que se estipule en el nombramiento supernumerario por tiempo determinado el pago de esta prestación”.
Estos pagos extra sin sustento violaron la cláusula quinta de los Nombramientos Supernumerarios por Tiempo Determinado.
Adiós al Seguro Popular
El 14 de diciembre de 2018, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) abordó en su conferencia matutina las condiciones en que encontró el sistema de salud del país y aseguró que uno de los principales problemas era la corrupción.
Sobre el Seguro Popular dijo que “es evidente que no ha funcionado, que ni es seguro, ni es popular. Y va a ser sustituido por un sistema de salud pública que garantice la atención médica de calidad y medicamentos gratuitos”.
Aseguró que “hay presupuesto suficiente para las medicinas, como 90 mil millones de pesos para compra de medicamentos y de equipos y, sin embargo, no hay medicamentos en los centros de salud, en los hospitales”.
