"El régimen de la pluralidad ha sido ineficaz a la hora de acortar las desigualdades y confrontar los privilegios"
La discriminación persiste. Las desigualdades también. Todo producto de milenarios mecanismos sociales que hasta ahora han sido imposibles de revertir
La legislación en torno a la no discriminación ha sido vasta en la última década en México. Se han incluido cláusulas antidiscriminatorias en varias leyes, se han creado instituciones en el marco federal y estatal, así como políticas públicas para integrar a los grupos de población que han padecido discriminación.
Casi todo el país cuenta con leyes de igualdad sustantiva entre hombres y mujeres y también hay instituciones privadas y educativas que han incorporado acciones afirmativas. Sin embargo, no se han podido revertir las desigualdades sociales y económicas existentes.
Lo anterior se refleja en el Informe sobre la Discriminación en México 2012, a casi 10 años de la creación del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred). Elaborado en conjunto con el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), el estudio fue coordinado por el analista Ricardo Raphael, de la Comisión Ciudadana de Estudios para Eliminar y Prevenir la Discriminación.
El informe pretende delinear e incidir en la agenda nacional de los próximos años: “No solo tener el marco, sino tener en cuenta que las distintas formas de desigualdad que vive el país –en bienes, derechos y libertades– tienen como sustrato la discriminación: la desigualdad de trato entre las personas y grupos sociales en México”, refiere Ricardo Bucio Mújica, presidente del Conapred.
En su opinión, los esquemas de discriminación persisten porque no solo tienen que ver con acciones y prácticas sociales, sino con la cultura misma. Durante siglos se han construido mecanismos de desigualdad entre las personas donde hay ventajas comparativas entre unos y otros grupos sociales.
“Modificar esta forma de organización social y los sistemas sociales que se fueron haciendo a partir de esta visión es una cuestión muy complicada”, dice Bucio.
Un caso: el sistema laboral, que se creó con base en percepciones de la primera mitad del siglo pasado; así se definió la Ley Federal del Trabajo que hoy, apunta Bucio, se está queriendo modificar.
Por ejemplo, nunca se contempló que las trabajadoras del hogar contaran con acceso a la seguridad social como otros trabajadores. La labor doméstica fue minusvalorada. Así, como la mayoría de esas trabajadoras eran mujeres indígenas con bajo nivel socioeconómico y poca formación profesional, esto “redundó en la definición de la ley y el sistema que hoy tiene en desventaja a 2.1 millones de mexicanos”.
Lo mismo ocurre con el sistema de salud. A diferencia de muchos países, en México se estableció que la seguridad social es para quienes acceden a un trabajo formal. Aún contando con el seguro popular no existe con una seguridad social completa.
Completo reporte
El Reporte sobre la Discriminación en México 2012 está formado por 11 cuadernillos. Describen los espacios, ámbitos o procesos donde hay más discriminación: trabajo, acceso a crédito, alimentación, salud, educación, proceso civil, proceso penal, derechos políticos, libertad de conciencia, libertad de expresión y acceso a la información.
En el apartado “Proceso Penal” se observa, por ejemplo, que las mujeres que cometen un delito son un 25 por ciento más sancionadas que los hombres por parte de jueces y magistrados. Otro caso es el de los índigenas con menores posibilidades de acceder a una defensa efectiva, ya sea por falta de traductores o por la misma concepción del sistema judicial.
En la categoría “Proceso Civil” ocurre lo mismo, pero con las personas discapacitadas. Falta información adecuada para comunicarse con ellas.
También destaca que, aunque el sistema de adopción se ha modificado en los últimos 20 años, sigue teniendo visos discriminatorios ya que hay restricciones “dependiendo de si los adoptantes son o no extranjeros, si tienen trabajo formal, si están casados, si son heterosexuales”.
El objetivo del Conapred es que las administraciones públicas, así como el poder judicial y legislativo, y los económicos, tomen en cuenta sus recomendaciones. “La perspectiva de transversalización tendría que venir desde el Plan Nacional de Desarrollo”, remata Bucio.
