La desconfianza por la consulta

Este jueves arrancará la consulta sobre el futuro del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) y lo hará en medio de cuestionamientos sobre su validez y la forma en que se ha operado.

Diversos encuestadores profesionales han criticado la forma en que el equipo del gobierno electo de Andrés Manuel López Obrador aplicará este instrumento.

Esta será la primera consulta de varias que podrían aplicarse en los próximos años del sexenio; el mandatario electo ha advertido que será un método al que recurrirá cuando haya que tomar “decisiones trascendentes”.

El resultado de este ejercicio será determinante no solo para el futuro del aeropuerto, sino también para la economía el país. Especialistas consideran que la decisión que tome el nuevo gobierno, basado en el resultado de la consulta, influirá en la calificación crediticia de México, en la confianza de los inversionistas y, al final del día, en el bolsillo de los mexicanos.

Proceso cuestionado

La consulta ciudadana sobre el destino del NAIM fue anunciada por Andrés Manuel López Obrador una vez que ganó la elección presidencial.

Aunque en un principio se dijo que la consulta sería nacional, la complejidad de llevar a cabo el ejercicio terminó limitándola solo a 538 municipios en los que se instalarán mil 73 mesas de votación; es decir, apenas dos mesas en promedio en cada una de las localidades.

Además de la consulta, que se efectuará del 25 al 28 de octubre, el equipo del nuevo gobierno anunció que se hará también una encuesta para tener una mayor certeza de los resultados; aunque no se ha dado a conocer la empresa u organización que la llevará a cabo.

A algunos días de que comience la votación, el gobierno electo no ha especificado los lugares precisos donde se ubicarán las urnas; solo se ha dicho que serán colocadas en las plazas públicas del país.

Las mesas no estarán en aeropuertos, por ejemplo, donde se podría consultar directamente a los viajeros; serán colocadas en plazas públicas.

A todo esto se suma que la consulta no será organizada por una autoridad oficial o por un tercero imparcial, lo que quita seriedad al ejercicio, pues el gobierno electo será juez y parte en la decisión.

Expertos de casas encuestadoras y de análisis político han criticado varios aspectos de la consulta, pues consideran que la falta de ellos afectará a la credibilidad y contundencia del ejercicio.

Edmundo Berumen, director de Berumen y Asociados, una empresa dedicada a la investigación de mercados y estudios electorales, cuestionó que el tiempo para aplicar la encuesta sea tan amplio.

“¿Porqué un día de consulta es mejor que cuatro? ¡Cómo, ello reduce la participación de votantes a un cuarto de los potenciales! Por una simple y sencilla razón: aumenta la credibilidad del resultado al eliminar posibles manipulaciones con datos del día 1.

“Y no cualquier día, que sea el 28 de octubre, con resultados al cierre del día, como lo ofrecieron”, escribió Berumen en su cuenta de Twitter (@EdmundoBerumen).

Luis Carlos Ugalde, director de Integralia, también criticó la forma en que se llevará a cabo este ejercicio y criticó varios aspectos.

“Problemas de la consulta del aeropuerto: 1) Primera decisión relevante del nuevo gobierno se basa en mecanismo sin sustento legal; 2) La realizan personas que todavía no son servidores públicos; 3) Falta de transparencia. Riesgo: se abre ventana para gobierno ‘a mano alzada’”, publicó en Twitter (@LCUgalde).

Consulta Mitofsky publicó el 3 de octubre pasado su Tercera Encuesta Nacional sobre el Nuevo Aeropuerto, aplicada a una muestra representativa de mil personas mayores de 18 años.

En ese ejercicio se mostró que a menos de un mes de que se realizara la consulta ciudadana, el interés de los ciudadanos por participar en ella pasó del 45 al 31 por ciento.

La encuesta mostró que los debates en medios de comunicación sobre las dos opciones no han cambiado las tendencias de votación hacia uno u otro proyecto; al contrario, en ambos casos hubo una disminución de 2 o 3 por ciento por Texcoco o Santa Lucía.

Consecuencias por preguntar

Someter la continuidad de un proyecto de la envergadura del NAIM a consulta ciudadana pone al país en una situación de incertidumbre que afecta económicamente al país en todos los niveles.

Para Ignacio Martínez, director del Laboratorio de Análisis en Comercio, Economía y Negocios (LACEN), la sola duda de qué pasará con una obra tan grande pone en entredicho la seriedad del gobierno, lo que afecta las inversiones.

“Esto nos mete en un tobogán de incertidumbre a raíz de que no se va a saber bien a bien cuál va a ser la decisión del gobierno, porque pone en duda los derechos de propiedad jurídicamente establecidos a través del Estado de Derecho y esto provocaría que la credibilidad del gobierno esté a la baja porque no se cumplen los compromisos.

“Son líneas paralelas. Hay que tener en cuenta que el Fondo Monetario Internacional bajó la expectativa de crecimiento de México; aunado a este clima de incertidumbre y sumando la expectativa de atracción de inversión hacia Estados Unidos, yo creo que el capital estaría reorientando su dirección hacia las economías que les ofrecen mejores expectativas”, comentó en entrevista.

Martínez consideró que para entender el efecto que tendría la negativa a continuar la construcción del NAIM en Texcoco esta no debe verse como un hecho aislado, sino como parte de un todo en las circunstancias que se vivirán en México y en el mundo.

“Esta semana el nuevo gobierno declaró que no se va a dar una licitación próxima en la tercera ronda de la reforma energética si no se revisan las anteriores; esto derivaría, junto con la posible cancelación de este proyecto aeroportuario, que los capitales no fluyan hacia el país”.

“También hay que ver hacia lo externo. La economía estadounidense es pujante; sumado a las tasas de interés y la reforma fiscal de (Donald) Trump ya estaría aplicándose fuerte el próximo año, lo que provocará un efecto de desinversión en economías emergentes como es la de México”, explicó.

El experto consideró que cancelar las obras en Texcoco tendría un costo de al menos 220 mil millones de pesos, sin considerar la habilitación de Toluca y Santa Lucía, así como la remodelación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.