[kaltura-widget uiconfid=”39952882″ entryid=”0_e2l9krt2″ responsive=”true” hoveringControls=”false” width=”100%” height=”75%” /] La vida y la tranquilidad de la Huasteca Potosina penden de una promesa. Pero al igual que el resto de los compromisos adoptados por el presidente electo Andrés Manuel López Obrador, no existe ninguna garantía de que se cumpla.
“No vamos a utilizar el famoso ‘fracking’ para explotar petróleo, no vamos a usar esos métodos de extracción de hidrocarburos. Eso no se va aplicar aquí en San Luis Potosí ni en el resto del país. No vamos a utilizar ese método para extraer petróleo o gas”
La lucha de los habitantes de la región por defender de la facturación hidráulica sus ríos color turquesa y sus bosques y selvas que son el hogar de miles de especies de animales y plantas ha sido larga y cansada, pero lo que la ha caracterizado por sobre todos los demás factores es que son los primeros en obtener una victoria real contra el problema al que se enfrentan.
Esto obliga a que pobladores de otros países como quienes viven en el estado de Texas en Estados Unidos y han buscado detener esta práctica sin éxito, volteen a ver lo que las comunidades en la Huasteca Potosina han logrado.
Pero no sólo ellos, incluso dentro del mismo país, la batalla contra esta técnica que libran los habitantes de la huasteca se ha vuelto un referente para entidades como Veracruz, Nuevo León, Tamaulipas o Tabasco que han fracasado en su intento por evitar la destrucción de su medio ambiente
“Hasta con la vida defenderemos la tierra”, es una de las consignas que la gente del lugar ha lanzado como advertencia para que el gobierno en turno, el cual fue el principal promotor de esta técnica a partir de la implementación de la Reforma Energética, o el que entrará en funciones el próximo 1 de diciembre, sepan a lo que se enfrentarán en caso de hacer cumplir el contrato ‘AE0391-M-Ébano’, en el cual se establece que empresas extranjeras como la petrolera china Sinopec podrán explotar las tierras en busca de gas natural y petróleo mediante esta técnica.
El documento contempla 18 de los 20 municipios que conforman la Huasteca Potosina y la superficie prevista para este fin es de aproximadamente 382 mil hectáreas, lo cual implica casi la mitad del territorio de la región.
Para evitar que el contrato firmado por Pemex y la Comisión Nacional de Hidrocarburos se cumpla, los presidentes municipales, los cabildos y los líderes de las comunidades indígenas, en conjunto con asociaciones civiles, han emprendido una estrategia tanto legal como política para combatir una acción que no sólo acabaría con la biodiversidad y los recursos naturales, sino que además traería conflictos sociales y políticos.
Esta situación pone a su vez al gobierno mexicano en una encrucijada, pues las empresas a las que se les otorgaron los permisos no se quedarán con los brazos cruzados en caso de que las autoridades mexicanas se retracten de sus promesas
A esto se suman otros proyectos ligados a esta práctica que líderes indígenas como Rogel del Rosal, quien encabeza la Coordinadora de Organizaciones Campesinas e Indígenas de la Huasteca Potosina, asegura que también pondrían en grave peligro a la región y que están ligados a la extracción de hidrocarburos mediante la técnica del‘fracking’, como la edificación de dos plantas hidroeléctricas nuevas o la construcción de las supercarreteras Ciudad Valles-Tampico y Ciudad Valles Tamazunchale, las cuales permitirían a las pipas de las empresas nacionales o extranjeras que buscan realizar el ‘fracking’ llevar los miles de litros a las zonas de las cuales extraerían gas y petróleo principalmente.
En pie de lucha
Habitantes de la región se mantienen firmes en su rechazo al ‘fracking’
> El contrato ‘AE-0391- M-Ébano’ establece que empresas extranjeras podrán explotar las tierras en busca de gas natural y petróleo mediante esta técnica.
> El documento contempla 18 de los 20 municipios que conforman la Huasteca Potosina, una superficie de alrededor de 382 mil hectáreas, casi la mitad del territorio de la región.
> Presidentes municipales, cabildos, líderes de las comunidades indígenas y asociaciones civiles han emprendido una estrategia tanto legal como política para combatir esta acción que acabaría con la biodiversidad, los recursos naturales y traería conflictos sociales y políticos.
La lucha de las comunidades indígenas
Algunos de los principales afectados en caso de que se comenzara a llevar a cabo la extracción de gas natural y petróleo a través de la fractura hidráulica serían las comunidades indígenas que forman parte de la Huasteca Potosina.
Ante la posibilidad de que las tierras en donde viven y que usan para sembrar, su forma de vida y sus actividades de ganadería se vieran afectadas por esta práctica, fue que las más de 397 poblaciones indígenas, las cuales representan a cerca de 360 mil habitantes, comenzaron a organizarse y a informarse para evitar que esto les sucediera como ya ocurre en otras partes del país como en el caso Veracruz o Tamaulipas
Rogel del Rosal, quien preside la Coordinadora de Organizaciones Campesinas e Indígenas de la Huasteca Potosina (COCIHP), ha sido junto con su esposa Rosa Esther, uno de los principales responsables de llevar a cabo esta labor en la que ya llevan años trabajando.
“Entramos de lleno a promover con la gente la información de la Reforma Energética a partir de su aprobación en 2013 porque en el transitorio número ocho decía que se podría crear la servidumbre, algo que nos preocupó mucho porque identificamos que la pretensión era el despojo de la tierra hacia ejidos, comunidades y pequeñas propiedades”, relata.
Sin embargo, no fue hasta agosto de 2014 cuando se dieron cuenta que en la Ley de Hidrocarburos, en el artículo 96, se establecía de forma explícita que la exploración y extracción de gas y petróleo sería una de las mayores prioridad del gobierno actual, hecho que reforzó su lucha.
Ante los daños a sus tierras y a su forma de vida, comunidades indígenas de la huasteca comenzaron a organizarse e informarse para evitar este método de extracción con asambleas comunitarias y foros regionales
“Al darnos cuenta de esto la prioridad para nosotros con la Coordinadora de Organizaciones Campesinas e Indígenas de la Huasteca Potosina ya no fue impulsar sólo actividades sustentables como la producción de café orgánico, sino luchar por la defensa del territorio”, asegura.
Una de las primeras acciones que decidieron llevar a cabo fue la realización de asambleas comunitarias y foros regionales en los distintos municipios de la huasteca para informar a sus habitantes del tema y de esa forma poder organizarse para prevenir que empresas extranjeras o nacionales pudieran llegar a explotar esta zona.
“Lo que hicimos con estas reuniones fue promover el levantamiento de actas en cada comunidad. Hay que recordar que la autoridad máxima en estas comunidades es la asamblea general, por lo tanto, en esas circunstancias la tarea principal fue el levantamiento de actas de asamblea, las cuales tienen el sustento jurídico apoyadas en los artículos 1º, 2º y 4º de la Constitución.
“Además de respaldarnos con el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y también en el artículo 9º de la Carta Magna de San Luis Potosí y en la Ley de Consulta Indígena, la cual establece de forma explícita que a estas comunidades se les debe preguntar antes de que se lleven a cabo este tipo de acciones, pues ellos son quienes tienen la última palabra cuando de sus tierras se trata”, explican Rogel y su esposa Rosa Esther en entrevista para Reporte Indigo.
Actualmente, en términos del proceso organizativo, ya han logrado que cerca de 200 comunidades indígenas y que la mayor parte de los ayuntamientos municipales se declaren libres de fracking mediante el levantamiento de actas de cabildo en las que no autorizan el uso de suelo para proyectos de hidrocarburos.
“Afortunadamente gracias a que la gente está cada vez más informada en la región de la Huasteca hay más personas involucradas en la lucha contra el fracking y les ha quedado claro la importancia de impedir esta práctica que a futuro provocaría una destrucción total de la región, haciendo que ésta zona se vuelva inviable para cualquier actividad productiva y afectando gravemente el futuro de las comunidades indígenas”
Del rumor a la acción
El jueves 4 de octubre pasado el Congreso de San Luis Potosí aprobó un punto de acuerdo para enviar al Congreso de la Unión una iniciativa pidiendo la creación de una comisión especial encargada de abordar el tema del uso de la fractura hidráulica para la extracción de hidrocarburos y para que ésta promueva la creación de una ley a nivel nacional que prohíba de manera definitiva esta práctica.
El documento fue presentado por el diputado local panista Rolando Hervert Lara, sin embargo, el trabajo de fondo para que esto se pudiera realizar no fue exclusivamente de él.
Detrás de este esfuerzo se encuentra Agenda Ciudadana, una de las asociaciones que más esfuerzos ha realizado para combatir el fracking en la región de la Huasteca Potosina.
Entre sus principales contribuciones se encuentra la recolección de más de 16 mil 200 firmas por parte de la población huasteca oponiéndose a que empresas nacionales o internacionales exploten sus recursos y dañen de manera irreversible su medio ambiente a cambio de la extracción de gas natural y petróleo.
Aunado a esto, fueron sus integrantes, liderados por el ingeniero Edgar Ramos, presidente de la asociación, quienes lograron incluir en la agenda del Congreso local la problemática del ‘fracking’ y que esta se discutiera, una labor que concluyó con la promesa del presidente electo Andrés Manuel López Obrador de no permitir que en su administración se lleve a cabo esta técnica.
Pero ahí no concluye su esfuerzo, pues actualmente se encuentran trabajando en una estrategia jurídica en caso de que el tabasqueño falte a su palabra para aún así poder evitar que se extraigan hidrocarburos y que con esto se dañe a toda la región de la Huasteca Potosina.
José Ignacio de la Rosa Martínez, secretario de Agenda Ciudadana de la Huasteca Potosina y presidente de la barra de abogados de Ciudad Valles y la Huasteca, relata que su labor la han realizado desde que entró en vigor la Reforma Energética, sin embargo explica que sus actividades se intensificaron a partir de un rumor.
“Incrementamos nuestros esfuerzos para evitar que esto sucediera cuando en la comunidad de San Pedro, perteneciente al municipio de San Antonio, se corrió la voz por parte de autoridades municipales, incluidas las de otro municipio cercano llamado Tanlajás, de que andaban camionetas de Pemex protegidos por elementos de la Sedena donde aparentemente llevaban explosivos que se utilizarían para el ‘fracking’”.
Aunado a esto, de la Rosa Martínez cuenta que en redes sociales comenzó a difundirse un supuesto documento emitido por la Sedena donde autorizaban a Pemex el permiso general número 63-S.L.P para la compra y consumo de 190 mil kilogramos de material explosivo para ser utilizado en la extracción de hidrocarburos. Sin embargo no se ha podido comprobar la autenticidad de la presunta filtración.
El miedo a que esto fuera una realidad los llevó a buscar una estrategia legal que les permitirá protegerse.
El presidente de la barra de abogados de la Huasteca explica que en una primera instancia pidieron a los 20 municipios que conforman la Huasteca Potosina que en dado caso de que se llegara a realizar esta práctica del ‘fracking’ ellos cumplan con su obligación que marca la Constitución estatal, la cual establece en sus artículos 15 y 57 que el gobierno del estado a través de los ayuntamientos tiene la obligación de promover todo tipo de acciones preventivas, conservativas y paralizar cualquier acción que perjudique o violente el medio ambiente sano en perjuicio de sus pobladores.
“De esta forma estamos haciéndole ver a nuestras autoridades de gobierno tanto municipal como estatal que estamos en contra del fracking”, indica.
El 3 de agosto de este año se dio a conocer que se firmó un contrato entre una empresa china llamada Sinopec y Pemex respecto a la extracción de hidrocarburos, un documento que los integrantes de la asociación también están estudiando para que en caso de que ponga en riesgo la región que habitan puedan echarlo para atrás
“Si se corroborara que en alguno de los municipios de la Huasteca se fuera a dar la fracturación hidráulica y de que nuestra petición para la creación de una comisión que impulse una ley nacional contra el ‘fracking’ fracase, recurriríamos a lo que sería el juicio de garantías, el cual está contemplado en la ley de amparo”, relata el abogado, quien dice que la ventaja es que no nada más las personas mayores de edad pueden tramitarlo, sino que también los menores de edad pueden hacerlo cuando se sientan afectados ante la amenaza de que se les prive de vivir en un medio ambiente sano.
De acuerdo con Ignacio del Rosal esto lo contempla el artículo 8º de la Ley de Amparo y lo que se lograría es que cuando un menor acuda a realizar el trámite ante un juez federal éste, sin mayor preámbulo, debe acoger el derecho del menor basándose en el interés superior del infante, lo que lo obligaría a nombrarle a un representante especial el cual buscaría la manera de hacerse de documentos municipales, estatales o federales para verificar si la práctica del fracking se llevará a cabo y ponerle un alto.
Uno de los problemas que también están contemplando es el intento de las empresas de comprar a los dueños de los ejidos para que estos les permitan llevar a cabo la extracción de gas natural o petróleo, pues aseguran que los interesados cuentan con el poder económico suficiente para corromper a más de un ejidatario o líder indígena.
La falsa noticia de que había camionetas de Pemex con explosivos para ‘fracking’ intensificó los esfuerzos contra este tipo de extracción e impulsó una iniciativa para prohibir esta práctica a nivel nacional
“Si una comunidad o ejido dijera que sí a cualquier empresa para que haga uso de la fractura hidráulica acudiríamos a las poblaciones colindantes o con miembros del mismo ejido que se opongan para ayudarles a tramitar un juicio de garantía porque el derecho a un medio ambiente sano es regional, no es exclusivo de alguna comunidad en específico. Y el daño que genera el ‘fracking’ es en muchos niveles”, asegura el abogado.
El dilema del gobierno mexicano
La promesa de Andrés Manuel López Obrador de no permitir la fractura hidráulica para la extracción de hidrocarburos de manera no convencional podría acarrear al gobierno en turno e, incluso al suyo, una serie de problemas tanto a nivel nacional como internacional.
En su búsqueda por atraer inversión extranjera al país con la implementación de la Reforma Energética, la actual administración asignó a diversas empresas internacionales como son D&S Petroleum, SA de CV y DS Servicios Petroleros SA de CV, ambas asociadas a la empresa petrolera China Sinopec, contratos para buscar y explotar gas en algunas partes del territorio potosino donde se incluye, por ejemplo, el municipio de Ébano
Aunque no se sabe con certeza las garantías que el gobierno mexicano dio a estas empresas a cambio de su inversión, es un hecho que de no cumplir con estas asignaciones las empresas perderían millones de dólares y buscarían ser indemnizados por ésta situación, una realidad que no sólo le podría costar mucho a las arcas del país, sino que también podría espantar a futuros inversionistas y generar fricciones con otros gobierno como sería el Chino en este caso.
Sin embargo esta no sería la primera vez que el gobierno en turno se ve involucrado en este tipo de conflictos.
En 2013 firmas chinas ganaron la licitación para el Tren México-Querétaro junto con otras compañías mexicanas pero debido al ajuste al gasto público por la crisis petrolera, se canceló el proyecto afectando a sus inversionistas. Aunque China ha solicitado al gobierno el pago de más de 11 mil millones de pesos por cancelar el contrato esto nunca sucedió, lo que provocó un conflicto diplomático entre ambos países
Este escenario se podría repetir. Especialmente porque Andrés Manuel López Obrador ha dicho que al tomar posesión de su cargo se revisarán los contratos otorgados a partir de la Reforma Energética y muchos de ellos se echarán para atrás, una opinión que no todos lo políticos mexicanos comparten.
Vicente Fox, el primer presidente panista en llegar a Los Pinos, manifestó su inconformidad a través de un video que publicó en su cuenta de Twitter en donde dice que no permitir la técnica del ‘fracking’ es un retroceso para México y asegura que esta práctica se puede llevar a cabo sin dañar el medio ambiente
“Es urgente recuperar nuestra capacidad de producir petróleo, es urgente aprovechar los grandes yacimientos que tenemos en el norte del país. Es urgente aprovechar el ‘fracking’ como tecnología moderna. No hay tal, es falso que afecta los recursos naturales y el medio ambiente. Hoy con tecnología se logran las dos cosas, generar riqueza y a la vez proteger el medio ambiente. En este proceso podemos resolver y vamos a resolver la pobreza en México de una vez por todas.
“López Obrador en esta ocasión no está correcta la información que tiene, debe de rectificar y debe avanzar a toda velocidad en muy corto plazo, México puede ser el gran productor de petróleo y gas natural que siempre fue. Es muy desafortunado que hoy importamos gas natural, importamos gasolinas y estamos a punto de importar petróleo. ¡Increíble cuando tenemos los yacimiento aquí!”, dijo.
Por su parte, Enrique Ochoa Reza, extitular de la CFE y ahora diputado federal por parte del PRI, aseguró que la fracturación hidráulica es amigable con el ambiente y ayuda a incrementar la producción de gas natural nacional y la generación de energía a bajo costo.
“Esa técnica ha ido evolucionando para atender puntualmente los señalamientos de distintos grupos medio ambientalistas que están preocupados de proteger que esa técnica de extracción no afecte ni lo suministros de agua potable, ni tampoco el medio ambiente en donde se extrae el hidrocarburo”, planteó.
A pesar de lo que Ochoa reza y Fox dicen, no existe ningún estudio que compruebe que el uso del ‘fracking’ no daña el medio ambiente, algo que incluso ha llevado a países de primer mundo como Francia y Bélgica a prohibir este tipo de técnicas.
En relación a los conflictos que la prohibición del fracking podrían causar a México con otros países, el jurista Ignacio de la Rosa dice que por supuesto que habrán consecuencias pero ya será un tema del gobierno con las empresas.
“A nosotros lo que nos interesa es que a los mexicanos se le garantice su derecho a vivir en un medio ambiente sano. Es inaceptable que se violen los derechos humanos de las personas sólo para beneficiar a los inversionistas extranjeros o nacionales”.
En cuanto al tema jurídico asegura que en caso de que se logre generar una ley nacional que prohiba el ‘fracking’ está tendría que ser retroactiva porque es lo que invocarían los ciudadanos o comunidades afectadas para que se detengan las obras, la cual formaría parte del artículo 4º constitucional que precisamente prevé el derecho de todo mexicano a vivir en un medio ambiente sano.
“Las consecuencias de esto serían benéficas para la gente afectada del lugar pero serían negativas para las empresas a las que se les otorgaron permisos pudiéndose crear incluso un conflicto diplomático.
“La empresa a través de sus representantes legales lo más seguro es que pelearían una indemnización por los daños y perjuicios si es que sus obras se paralizan”, concluye.
Incumplir con contratos que la actual administración ha dado a empresas extranjeras para buscar y explotar gas provocaría que éstas pidieran millonarias indemnizaciones, alejaría a futuros inversionistas y generaría fricciones diplomáticas
