[kaltura-widget uiconfid=”39952882″ entryid=”0_tdulbwp6″ responsive=”true” hoveringControls=”false” width=”100%” height=”75%” /] El tráiler con 273 cadáveres que fue extraído de la morgue jalisciense para deambular por Guadalajara retrató fielmente la saturación que presentan los servicios forenses de los estados y su incapacidad para atender conforme a la ley la enorme cantidad de cuerpos que genera todos los días la violencia en México.
Si bien la bomba de tiempo terminó por estallar en las manos del mandatario jalisciense, Aristóteles Sandoval Díaz, lo cierto es que esa problemática en torno al tratamiento de los restos humanos es de carácter nacional con réplicas en entidades como Guerrero, Morelos, Veracruz, Guanajuato, Chihuahua, Baja California, Michoacán o Quintana Roo, por mencionar solamente las más visibles.
El temor de que la misma crisis jalisciense se esté desarrollando calladamente en el resto de las entidades del país con el manejo, identificación y resguardo de los cadáveres incluso ya llegó a instituciones como la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), cuyo titular, Sergio Jaime Rochín del Rincón, lo reconoció en su reciente visita a Guadalajara del 21 de septiembre.
“Nuestra visión también es que estos lamentables y dolorosísimos hechos de revictimización en el caso de los restos localizados, nos levanta una alerta muy importante de que hechos como los ocurridos ahora aquí en el estado de Jalisco pueden estar pasando en otros lugares del país. Por eso también estamos anunciando que a partir de hoy vamos a empezar un diagnóstico en todos los estados sobre los servicios forenses y la atención que se le está dando a esta situación donde se localizan restos humanos y la falta de capacidad de las entidades federativas para atenderla”, reveló.
Por ese motivo, el titular de la CEAV, exhortó a todos los gobiernos estatales en México a que observen los errores que cometió el Gobierno de Jalisco en el tratamiento de los cuerpos contenidos en el tráiler y obtengan así un aprendizaje de los mismos.
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“Para nosotros lo más importante es cuidar la dignidad y primero decir que aquí (en Jalisco) no hubo ese cuidado en todo este proceso y lo que sí estamos exigiendo y pidiendo al gobierno del estado es que a partir de hoy se haga este cuidado y se garantice que hechos como este no se vuelvan a repetir aquí. También queremos insistir a todos los gobiernos de los estados en México que tomemos lección del caso Jalisco para cuidar con respeto los restos de las personas”, aseveró.
El estudio que hará la CEAV sobre la manera en que están operando los servicios forenses estatales del país podría tener sus primeros resultados en seis meses, sin embargo, por ahora, hay una laguna de información en esa materia.
“Hay elementos que nos alertan claramente a revisar no sólo los estados más violentos del país, sino todos, pero hay que empezar por aquellos donde el grado de homicidios es mucho más fuerte, donde la violencia lleva años instalada como es el caso de Jalisco, por supuesto, para que podamos hacer un diagnóstico y, sobre todo, corregir antes de que truene el tema como sucedió aquí en el estado (…) no tenemos hoy por hoy un diagnóstico y ese es precisamente el tema en el que nosotros nos vamos a enfocar”, señaló Rochín del Rincón.
El comisionado también advirtió a los gobierno estatales que deben garantizar el tratamiento adecuado y digno de todos los restos humanos.
“Son personas que fallecieron y no porque no estén reconocidas o no estén buscadas por sus familiares tienen menos dignidad”.
Lo que hay frente a los servicios forenses de los estados es una tormenta perfecta: por un lado una espiral de violencia que sigue alcanzando nuevos máximos históricos, y por el otro, el mandato del Código Nacional de Procedimientos Penales que obliga desde 2016 a conservar los cadáveres vinculados con indagatorias en curso
Son múltiples los casos que han surgido en la geografía nacional sobre anomalías y deficiencias en la gestión de los restos humanos que yacen en manos de las autoridades estatales, unos más graves que otros, pero todos apuntando a una crisis forense cuyas dimensiones reales aún están por conocerse.
Sin capacidad de resguardo
Un caso paradigmático es el que se vivió en noviembre pasado en Guerrero, uno de los estados más afectados por los altos niveles de violencia, y donde los servidores públicos de su Fiscalía tuvieron que parar labores en sus oficinas de Chilpancingo debido a la intensidad de los olores que expedían los restos humanos acumulados en el Servicio Médico Forense (Semefo) adjunto.
Fue entonces que se reveló que las morgues de los municipios de Acapulco, Iguala y justamente Chilpancingo, con una capacidad de resguardo de 270 cadáveres, mantenían en ese momento 646, lo que duplicaba los espacios de la institución para el trato adecuado y digno de cuerpos.
La situación de Guerrero, antes que mejorar desde aquel episodio, ha empeorado a la fecha, pues apenas en septiembre pasado se reportó que la cantidad de cadáveres en sus morgues había crecido a 800.
La capacidad por morgue en Guerrero es de cerca de 270 cadáveres y se calcula que reciben más del doble
Las alarmas por la saturación forense también se han encendido en estados del norte del país: en el Semefo de Ciudad Juárez, Chihuahua, apenas en mayo pasado, las autoridades reconocieron que la gran cantidad de cuerpos que se mantenían resguardados en esa morgue había rebasado las capacidades de enfriamiento de su sistema de refrigeración.
Eso provocó que los cadáveres no pudieran conservarse en un estado adecuado sino que, por el contrario, entraran en putrefacción. La problemática tuvo efectos de revictimización, pues existieron quejas de ciudadanos hacia el gobierno de Javier Corral Jurado tras recibir los restos de sus seres queridos en un avanzado estado de descomposición y expidiendo olores fétidos.
La prensa local documentó que habrían sido hasta 140 cadáveres los que resultaron afectados por este manejo inadecuado por parte del gobierno chihuahuense.
Algo similar ocurrió en el Semefo de Morelia, Michoacán, otra entidad con una fuerte presencia del crimen organizado; en esas instalaciones los cuerpos que estaban en resguardo entraron igualmente en un estado avanzado de descomposición en enero de 2018 debido a que no se pudieron mantener en condiciones óptimas de refrigeración.
La putrefacción de los restos humanos en el Semefo de Morelia no pudo ocultarse debido a los malos olores que comenzaron a liberarse en el lugar, y aunque las autoridades se limitaron a referir que el hecho se debió a una “falla” del sistema de refrigeración, trascendió que había cuerpos dispuestos incluso sobre el suelo del lugar.
En el Semefo de Tijuana, Baja California, al menos desde julio pasado, las autoridades concentran sus esfuerzos en intentar mantener dentro de la capacidad máxima el reguardo de cadáveres -la morgue tiene cabida para 150-, sin embargo y debido a la violencia extendida, hay reportes de prensa sobre personas que deben aglomerarse en su exterior en busca de los restos de sus seres queridos.
En Colima a mediados de 2017 el Semefo de Manzanillo también enfrentó un problema muy serio de olores fétidos que se habían esparcido sin control por esas instalaciones; finalmente en agosto de ese año la autoridad atribuyó el problema a la mala operación de su planta de tratamiento de aguas rojas.
Finalmente, Nuevo León también ha pasado por la experiencia de ver sus morgues llenas: a mediados de 2010, con la disputa entre el Cártel del Golfo y Los Zetas, el gobierno estatal tuvo que recurrir, como Jalisco, a la contratación de un camión refrigerante para el resguardo de cuerpos.
En por lo menos cinco entidades del país, de entre las cuales destacan Nuevo León, Guerrero, Chihuahua, Morelia, Baja California y Colima la falta de espacio para la conservación de cadáveres ha provocado la mala manipulación de los mismos, lo que se considera como un acto de revictimización
Sobre carga laboral y falta de registros
En Veracruz el Semefo del Gobierno de Miguel Ángel Yunes también presenta rasgos claros de saturación por las condiciones de violencia de la entidad.
Ese estado, de hecho, al igual que lo hizo el gobierno de Sandoval Díaz en Jalisco, ha recurrido a la contratación de tracto-camiones con frigoríficos para el mantenimiento de los cadáveres.
La carencia de espacio en los Semefos no es el único problema en México. En el país tampoco se cuenta con el número de médicos forenses necesarios, además de que no existe un listado claro con la cantidad de cadáveres y el lugar dónde están ubicados
De igual forma y ante la limitación de sus instalaciones, el Semefo veracruzano tuvo que instalar una carpa dentro de la cual se desarrollan las labores de identificación de cuerpos y restos humanos encontrados en la entidad.
Lucía de los Ángeles Díaz Genao, del Colectivo Solecito, la organización de madres y familiares de desaparecidos que han emprendido por cuenta propia la búsqueda de los suyos, lo denunció en junio de 2017.
“Los servicios periciales están rebasados”, ella misma ha atestiguado al interior de la carpa las bolsas con restos humanos que lo ocupan todo, aun el piso.
El forense veracruzano no sólo debe atender los cadáveres que deja cotidianamente la violencia local, también los que llegan en grandes oleadas con cada nuevo descubrimiento de una fosa, como las encontradas en el predio Colinas de Santa Fe, de donde se estima que se han extraído ya más de 300 cuerpos.
Por su parte, en Guanajuato, que se ha vuelto uno de los principales polos de violencia del país, apenas en febrero pasado, los medios forenses dieron cuenta de su inconformidad al Semefo de Celaya.
Apoyados por sus pares de León e Irapuato, denunciaron la sobrecarga laboral que les ha traído el tratamiento de los cientos de cuerpos que deja a su paso el crimen organizado.
El personal forense denunció la saturación de la morgue celayense donde también hay cadáveres hasta en el piso, y exigió la mejora de las instalaciones; la ampliación de los recursos humanos con más profesionales médicos; y el pago en forma del tiempo extra laborado.
Médicos forenses de Guanajuato, respaldados por sus homólogos de León e Irapuato, denunciaron ante el estado la sobrecarga laboral de la que son víctimas
La expansión de la violencia hacia zonas turísticas del país de la mayor relevancia como las localizadas en Quintana Roo, ha impactado también en sus servicios forenses, los cuales no estaban preparados para lidiar con dinámicas criminales de tal intensidad.
Es el caso específico del Semefo de Cancún, en ese estado, que pese a tener una capacidad máxima de resguardo de apenas 32 cuerpos, sólo en mayo pasado llegó a acumular más de 40 según la prensa local.
El propio titular de la Fiscalía local, Miguel Ángel Pech Cen, reconoció el 6 de abril de 2018 que los servicios forenses están rebasados.
“No tenemos el suficiente personal, son humanos, los médicos legistas descansan y después de cinco horas de una necropsia lo menos quieres hacer es una segunda, pero ya te están esperando siete u ocho más”.
Si en algún otro estado del país han surgido anomalías en la gestión de los restos humanos tan graves como las de Jalisco ese es Morelos, con los casos de las fosas de Tetelcingo y Jojutla donde se han confirmado inhumaciones irregulares efectuadas por el propio gobierno estatal
En su “Informe sobre las fosas de Tetelcingo”, del 22 de junio de 2016, la Universidad Autónoma del Estado de Morelos indicó que de los 117 cuerpos exhumados, 34 no tenían o no estaban vinculados a carpeta de investigación alguna, por lo que se les asignó un número de carpeta de investigación en esa diligencia; lo que significa que se cometieron actos criminales al inhumar personas ilegalmente y en fosas clandestinas sin cumplir con los protocolos para la identificación humana.
En Jojutla, por su parte, se reportó la recuperación en marzo de 2017 de al menos 45 cadáveres, esto es, una decena más de los que constaban en los registros de las autoridades.
Por si fuera poco, el Semefo de Morelos también ha ameritado quejas ciudadanas que llegaron a los medios en enero pasado, y que dan cuenta de cuerpos refrigerados cuya identificación y entrega a familiares se ha demorado por más de un año.
Atender los pendientes
México requiere avanzar en la elaboración de regulaciones específicas en materia de tratamiento y resguardo de restos humanos como quedó evidenciado en Jalisco, donde el propio Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) reconoció que carecía de protocolos para el traslado de cuerpos de sus instalaciones a otras distintas.
Esa advertencia la había lanzado ya desde el 21 de abril de 2017 Jesús Peña Palacios, representante adjunto en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Los rezagos en materia forense que enfrenta el país no es algo nuevo, ya que por lo menos desde el 2015 la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humano ha emitido recomendaciones para atender la situación, las cuales han sido ignoradas por el Estado mexicano
“A partir de lo que revelan los casos que se vienen conociendo sobre fosas, miles de cuerpos sin identificar, inhumaciones y exhumaciones que no respetan unos mínimos estándares internacionales de derechos humanos, es imperioso avanzar en la reglamentación de lo relativo a cementerios, inhumaciones, exhumaciones, conservación y entrega de restos óseos. El adecuado trato y conservación de cadáveres y restos óseos es fundamental para la investigación y para garantizar una reparación digna”, destacó.
Lo dijo desde el Senado en el marco del seminario ‘Necesidades forenses en México frente a las desapariciones y fosas’, donde aunó que un adecuado funcionamiento de los servicios forenses, lo que incluye su absoluta independencia y que cuenten con recursos humanos y técnicos acordes a las necesidades del país, es esencial para el correcto funcionamiento de la administración de justicia, además de que deben de contar con capacidad técnica, científica y profesional para el desarrollo de sus labores.
Sin embargo, dos años antes, el entonces Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, incluyó la problemática en las recomendaciones dirigidas a México tras su visita de octubre de 2015.
En aquella ocasión se le remendó al Estado Mexicano “crear una institución nacional forense que sea autónoma e independiente con suficientes recursos, que pueda dar servicio a todos los órganos de administración de justicia, incluyendo los tribunales, autoridades de procuración de justicia y representantes legales”.
A lo cual respondió México que se considera una idea muy interesante que está siendo analizada.
“México se encuentra considerando la creación de una institución de esta naturaleza; en particular, se destaca que actualmente existe en el Senado una iniciativa para crear el Instituto Nacional de Servicios Forenses con la intención de que este Instituto tenga competencia federal y local”.
Lo cierto es que las condiciones actuales de los servicios forenses estatales son muy precarias, lo que demuestra que las recomendaciones aún duermen el sueños de los justos.
En 2017 las instancias forenses estatales recibieron 2 millones 949 mil 574 solicitudes de peritajes tanto de juzgados, Ministerios Públicos y otros entes
De acuerdo con los datos más recientes del INEGI, los gobiernos de los estados tienen apenas 8 mil 945 miembros en sus servicios periciales, que disponen de sólo mil 445 vehículos (590 autos, 799 camionetas, 24 motos y 32 no precisadas), según el Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal 2017.
No obstante, la demanda de servicios periciales es enorme: las instancias forenses estatales recibieron 2 millones 949 mil 574 solicitudes de peritajes ese año tanto de juzgados, Ministerios Públicos y otros entes, teniendo en cuatro especialidades el mayor número: Forense, con 997 mil 941; Criminalística, con 474 mil 469; Valuación de bienes o servicios, con 251 mil 448; e Identificación de individuos, traducción, interpretación y procesos de la comunicación, con 208 mil 051.
Las instancias forenses de los Estados reportaron la conclusión de 2 millones 758 mil 609 de peritajes y un rezago de otros 325 mil 778.
Un adecuado funcionamiento de los servicios forenses es esencial para la correcta aplicación de la justicia en México
