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El excandidato presidencial de la izquierda es consciente de que una consulta popular no podría realizarse antes de 2015, según la modificación al artículo 35 constitucional aprobada el año pasado
La reforma energética se empantana en el Congreso. A pesar de que el PRI cuenta con una mayoría “técnica” de votos para aprobar en este periodo legislativo la modificación a los artículos constitucionales 27 y 28, la amenaza de que se realice una consulta popular ha dado combustible a la izquierda.
Hasta ahora Andrés Manuel López Obrador ha sacado el mayor jugo político de este “amago de consulta” que pone freno a los inversionistas, quienes no pondrán sus capitales en contratos de riesgo a largo plazo sin una seguridad jurídica.
Así lo considera el abogado constitucionalista Miguel Eraña, profesor de la Universidad Iberoamericana y experto en derecho parlamentario.
El excandidato presidencial de la izquierda es consciente de que una consulta popular no podría realizarse antes de 2015, según la modificación al artículo 35 constitucional aprobada el año pasado.
Este mecanismo no tiene aún reglamento y su realización debe llevarse a cabo al mismo tiempo en que se realicen elecciones federales, lo cual sucederá en julio de 2015.
Ello no impide que gane espacios políticos gracias a la recolección “urgente” de firmas.
Eraña es doctor en derecho por la Universidad de Salamanca y realizó estudios de posgrado en derecho constitucional en la Universidad de Sevilla, ambas en España.
Considera que el anuncio permanente de cuántas firmas se llevan recaudadas le permite al tabasqueño mantenerse en la agenda y presionar, desde la calle, en contra de una posible aprobación exprés de los cambios constitucionales.
A diferencia de Cuauhtémoc Cárdenas, quien propuso originalmente la consulta, López Obrador busca conseguir un millón 750 mil firmas antes de que la propuesta peñista sea votada en las Cámaras.
La cifra representa el dos por ciento del padrón electoral actualizado al 27 de septiembre de este año, según cifras oficiales del Instituto Federal Electoral (IFE).
Durante una conferencia de prensa ayer en Veracruz, el tabasqueño anunció que había recaudado 421 mil 233 rúbricas en las últimas dos semanas.
Adelantó que la campaña para que cada uno de sus seguidores consiguiera 10 firmas y su movimiento llegara a un millón continuará hasta el próximo 27 de septiembre.
Pero lo más importante de la consulta no radica ahora en el número de firmas, explica Eraña, sino en la presión que se logra en el Congreso gracias a estos anuncios.
Presión al Congreso
“La introducción de una solicitud de una consulta popular no tiene ningún mecanismo para la suspensión de un procedimiento parlamentario. Ni está regulado ni ese es el objetivo de las consultas populares, a menos que lo contemple la ley reglamentaria, que no existe”, explica Eraña.
El experto se dice convencido de que la urgencia en la solicitud tiene un objetivo más político que práctico.
“La estrategia de la oposición de concentrarse en el número de electores para activar la consulta ya modifica el escenario de que el Congreso y las legislaturas hagan una reforma constitucional exprés. Es una estrategia política que le puede redituar a la oposición que se cambie el sentido y la premura con la que el Congreso podría haber tratado esta legislación si no existiera ese amago de llevar la consulta popular”.
Para el abogado la situación actual es como un retroceso a 2008, cuando se aprobaron nueve legislaciones “que son contrarias a la Constitución” y no se cambió la Carta Magna.
“Hay muchas formas de contratación que hoy están en la ley y están ofertadas a los privados, incluso para ejercer atribuciones.
“Pero ningún privado se quiere arriesgar porque, justamente, los contratos son a largo plazo y están con base en leyes totalmente inconstitucionales. Lo que se trata hoy en la reforma constitucional es darle un estatuto de constitucionalidad a las leyes que ya existen”, explica. Por eso considera que puede ser muy efectiva la estrategia política de amenazar con una consulta, que podría dar un revés a la reforma constitucional si cuenta con los votos –a favor o en contra- de 35 millones de votantes en 2015, es decir, el 40 por ciento del padrón electoral.
